El sector del transporte sigue sumido en el conflicto

El departamento de mercancías del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), organismo que reúne a empresas del sector con el Gobierno, rechazó este lunes la primera propuesta del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para la nueva ley de la Cadena del Transporte. Tras analizar el borrador, el CNTC ha transmitido una opinión "desfavorable" al considerar que supone "un paso atrás" en cuanto a los términos que ambas partes habían venido desarrollando hasta ahora durante las negociaciones.

Los representantes de CNTC piden al Gobierno una redacción alternativa en la que se insista en los principios básicos fijados por la patronal: "El CNTC no va a aceptar la redacción de una norma que permita al Gobierno justificar un cumplimiento formal de sus compromisos pero que resulte inaplicable en la práctica", ha sentenciado en un comunicado. La falta de acuerdo con la patronal y la petición de CCOO de sumarse a la negociación del marco laboral del transporte en España abre la posibilidad de conflicto en las carreteras en las próximas semanas.

El Gobierno anuncia otros 450 millones de euros en ayudas directas a los transportistas

Pese a que el Gobierno puso sobre la mesa un nuevo paquete de medidas por 450 millones de euros para replicar las ayudas directas a camiones, autobuses y taxis que ya se entregaron el pasado mes de marzo, los flecos de la negociación y la posibilidad de desmarques del acuerdo en el sector amenazan la negociación. El Gobierno se ha comprometido a otorgar 1.250 euros por camión, 950 euros por autobús, 500 euros por furgoneta y 300 euros por vehículo ligero, es decir, a taxis, VTC y ambulancias.

El conflicto del transporte se mantiene en gran medida ante la complejidad de los órganos de representación. La posición de las patronales choca con la de los trabajadores asalariados del sector. Una muestra es la posición de CCOO, que este lunes también protestó ante las negociaciones que lleva a cabo el Gobierno con los empresarios y autónomos. Según CCOO, Ministerio de Transportes, patronales y Plataforma (patronales) negocian costes salariales fraudulentos en el transporte de mercancías por carretera. Según el sindicato, el lobi empresarial encarnado en el Comité Nacional de Transporte por Carretera y otras organizaciones están negociando un real decreto sobre la cadena del transporte, "con condiciones que no respetan la legalidad vigente, mientras se niega a dar entrada a las organizaciones sindicales que como CCOO, que exige la convocatoria de una mesa social al respecto".

Según CCOO, se está planteando que un conductor/a de vehículo de más de 3.500 kg tenga que cargar y descargar si lleva carga fraccionada. "Se quiere computar el coste salarial de los conductores y conductoras a precio de fraude y no a salarios de convenio para fijar el precio justo por los servicios de transporte", denuncia CCOO.

El sindicato de trabajadores considera que los precios deben cubrir los costes de explotación en momentos en los que los combustibles han encarecido las facturas, pero que esos costes también deben contemplar el coste salarial, cotizaciones a la seguridad social, salarios y dieta.

El Observatorio del Transporte por Carretera, avalado por el Ministerio de Transportes, es el resultado de un grupo de trabajo formado únicamente por patronales como el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), Asociación de Fabricantes y Distribuidores, Asociación de Cargadores y Asociación de Empresas Cargadoras. Dicho Observatorio no recoge los costes salariales derivados de la aplicación de los convenios colectivos sino de los salarios que están pagando actualmente las empresas del sector.

Según fuentes del Ministerio de Transportes, el documento inicial de discusión establece un coste de personal distinto según el tipo de vehículo cuando los conductores cobran lo mismo con independencia del vehículo que lleven. CCOO critica el sistema de fijación de horas de trabajo, según el tipo de vehículo con jornadas anuales superiores al que fija el convenio colectivo del sector.

Otro elemento de conflicto es que se computa un plus de actividad calculado a precio por kilómetro cuando la normativa europea prohíbe la retribución por kilómetro.