Pensiones: Los economistas instan al Gobierno a subir solo según el IPC las mínimas

El Colegio General de Economistas y Fedea instan al Gobierno a que las pensiones no suban de manera generalizada según el IPC el año que viene, tal como está contemplado en la ley, y solo lo hagan así las pensiones mínimas, las más vulnerables al encarecimiento de precios. Esta ha sido una de las conclusiones compartidas en el debate organizado este jueves por ambas entidades sobre cómo debiera ser un pacto de rentas para contener la inflación. ¿Qué es un pacto de rentas? "Aceptar que somos un poco más pobres y repartir equitativamente los costes de la crisis", han resumido. Otra reflexión compartida es la urgencia de ese pacto de rentas, pues cuanto más tiempo los precios operen bajo una espiral inflacionista, mayor competitividad perderán las empresas españolas versus el resto de economías.

Educación gratuita de los cero a tres años, posponer el cierre de las centrales nucleares o nuevos impuestos transitorios sobre los beneficios de las empresas son otras de las recetas que los ponentes reunidos este jueves en la sede del Colegio General de Economistas han puestos encima de la mesa para armar esos nuevos Pactos de la Moncloa 2.0. Por un lado ha participado Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea -una fundación de estudios económicos patrocinada por las principales entidades bancarias-, y, por el otro, Jordi Alberich, vicepresidente coordinador del Instituto de Estudios Estratégicos -el 'think tank' de la patronal Foment del Treball-.

Asalariados, funcionarios y pensionistas

Según su criterio, un pacto de rentas debe incluir a los grandes grupos de rentas del país. Es decir, no puede limitarse a los trabajadores del sector privado -actualmente unos 17 millones de personas-, sino que también debe tener en cuenta a los funcionarios -sobre los 3 millones de personas- y a los pensionistas -unos 9,7 millones de personas-. Sobre los segundos, Ablerich ha considerado que su sueldo debiera subir en la misma proporción que en el sector privado, que ahora mismo, según cuantifican distintos indicadores, suben al 2,4%. Y, sobre los terceros, es por ello que han instado al Gobierno a modificar transitoriamente la reciente ley de pensiones, que establece que estas se revalorizarán cada año en función de la evolución del IPC medio.

Lo que implicará un importante desembolso para las arcas públicas. Las estimaciones más aceptadas son que por cada punto del IPC que suben las pensiones, ello se traduce en un aumento del gasto de aproximadamente 1.700 millones de euros para la Seguridad Social. Y, tomando como referencia la última proyección del IPC realizada por los economistas de Funcas -que sitúa el IPC medio del 2022 en el 8,9%-, subir las pensiones según la inflación le costará al Estado 15.500 millones de euros. Desde el Colegio General de Economistas y Fedea instan al Gobierno a redirigir parte de esos recursos a otras políticas de ayuda a los sectores y familias más damnificados por la escalada de precios.

El director de Fedea ha abogado por "modular" la subida de las pensiones por tramos de ingresos, distanciándose de una subida según el IPC según los ingresos disponibles. Es decir, a mayores ingresos, menor subida. Es por eso que sí ha apoyado subir las pensiones mínimas según la inflación. Desligar, como mínimo transitoriamente, las pensiones del IPC es posición común con otras entidades, como la gran patronal CEOE o el Banco de España y en contra, por el momento, del criterio manifestado por el artífice de su reforma, el ministro de la Seguridad Social, José Luís Escrivá.

Criticas a los 20 céntimos de gasolina

Tanto Fedea como el Consejo General de Economistas han criticado la subida de impuestos a la banca y las energéticas, bajo la premisa de que perjudican a la seguridad jurídica. También a otras medidas anteriores, como la bonificación de 20 céntimos el litro de gasolina para todos los conductores. Ahí los economistas consideran que lo que tendría que hacer el Gobierno es incentivar medios alternativos a los combustibles fósiles -como ha hecho recientemente con los abonos de Renfe- y apostar por medidas para colectivos concretos y especialmente afectados por la crisis energética, no ayudas indiscriminadas. Pues alegan que ello tiene un carácter regresivo -ayuda menos a los más empobrecidos- y malgasta recursos públicos que podrían emplearse en otras medidas más eficientes.