De pañales a coches, otros grandes cárteles destapados por la CNMC

Fabricantes de automóviles

En 2015, el regulador impuso una multa de 171 millones de euros a 21 fabricantes de automóviles y a dos consultoras por intercambiar información comercial sensible desde febrero de 2006 hasta agosto de 2013,. Esta información abarcaba casi todas las actividades realizadas por la red de distribución y postventa de las compañías: venta de vehículos nuevos y usados, prestación de servicios de taller, reparación, mantenimiento y venta de piezas de recambios oficiales e hicieron que disminuyera la competencia entre los distintos fabricantes de coches. Esto se tradujo para el consumidor final en "menores descuentos, políticas comerciales menos agresivas por parte de las marcas y un menor esfuerzo por distinguirse de las otras empresas con unos servicios de más calidad". El intercambio de información se enmarcó en tres áreas: gestión empresarial, postventa y marketing. Y para hacerse una idea del dominio, entre las marcas participantes sumaban el 91% de la distribución de automóviles en España, "incluyendo la casi totalidad de marcas denominadas generalistas y alguna de las denominadas Premium". La investigación se inició tras la solicitud de clemencia presentada por SEAT, lo que eximió a la matriz y a las empresas que forman parte del grupo (Volkswagen Audi España y Porsche Ibérica) de la multa. Las empresas multadas fueron: Citroën España, B&M, BMW, Chevrolet, Chrysler, Fiat, Ford, General Motors, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mercedes Benz, Nissan Iberia, Peugeot, Renault, Snap-on Business Solutions (consultora), Toyota España, Urban Science España (consultora) y Volvo Car España. La multa se redujo al final a 131 millones de euros.

Pañales para adultos

En 2016, la CNMC sancionó con un total de 128 millones de euros a siete empresas de pañales para adultos --Arbora & Ausonia (sucedida por Procter & Gamble España, S.A.), Laboratorios Indas, SCA Hygiene Products, Laboratorios Hartmann, Ontex ID; Barna Import Médica; Textil Planas Oliveras y Algodones del Bages-- y a la Federación Española de Fabricantes (FENIN) por fijar los precios de los absorbentes financiados por la Seguridad Social que se compran en las farmacias para pacientes no hospitalizados "desde al menos 1996 hasta enero de 2014". La incontinencia urinaria grave es por su gravedad, frecuencia y repercusión un problema que afecta a cerca de 2,5 millones de personas y tiene importantes consecuencias para la salud y la calidad de vida de personas de edad avanzada y con discapacidad. Estos pañales se podían adquirir en farmacias con receta y su pago era asumido en parte por el usuario final, dado que el resto se lo reembolsa la Administración. De nuevo, en este caso, la cuota de mercado de las infractoras era enorme, superando el 95%. Fue la primera vez desde su creación (2013) que la CNMC sancionó a directivos de las empresas fabricantes y de la asociación sectorial. Por el programa de clemencia se eximió a A&A, Procter & Gamble y su matriz P&G, así como al directivo de A&A del pago de la multa, lo que la redujo a la mitad al ser esta la compañía más afectada por la sanción (68 millones). Además, el Tribunal Supremo anuló posteriormente la multa sobre las directivas de FENIN. Al final la multa se redujo a 59 millones de euros.

Seguridad y comunicación ferroviaria

El año pasado la CNMC multó con 127 millones de euros a Alstom, Bombardier, Cafs, Cobra, Nokia, Siemens Rail, Siemens S.A. y Thales, y a diez de sus directivos por repartirse de forma fraudulenta al menos 82 licitaciones del Ministerio de Fomento, del Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF) y, posteriormente, de Adif, entre 2002 y 2017 para la construcción, ejecución de obras, suministro, instalación, puesta en servicio y mantenimiento de las instalaciones de seguridad y comunicaciones de la red ferroviaria del AVE y de la convencional. Este tipo de instalaciones son esenciales para controlar y gestionar el tráfico ferroviario, las comunicaciones y la protección en la red de AVE (alta velocidad) y de las líneas convencionales (media distancia y cercanías) de la red ferroviaria española. Las prácticas de este cártel han sido especialmente dañinas, según exponía la CNMC, ya que, en algunos casos, los efectos del fraude se prolongan hasta 2040 por el periodo de vigencia de algunas de las licitaciones repartidas y adjudicadas a las compañías cartelizadas. Por la información aportada por Siemens Rail y Siemens S.A., así como su directivo se estableció una reducción del 50% para ellos. 

Unos años antes, en 2019, la CNMC ya sancionó con 118 millones de euros a 15 empresas (Cobra, Elecnor, Siemens, Semi, Inabensa, Alstom, Cymi, Isolux, Electren, Comsa, Indra, Neopul, Telice, Eym y Citracc) que se repartieron los concursos públicos para la electrificación de la red del AVE y la red convencional española y sus equipos electromecánicos y con la información recabada entonces se inició el otro expediente. La CNMC eximió del pago de la multa a Alstom Transporte, a su matriz y directivos como solicitante de clemencia y redujo en un 45% la multa correspondiente a Siemens y a su matriz (queda en 9,24 millones de euros). Esto llevó el monto final a 102 millones de euros.

Basura

Fue uno de los primeros grandes cárteles del organismo. En 2015, la CNMC impuso una multa 98,2 millones de euros a 39 empresas y tres asociaciones de gestión de residuos y saneamiento urbano. Entre las sancionadas, se encuentran varias grandes empresas (FCC, Cespa, Ferrovial, Urbaser, ACS, Valoriza y Saica), por repartirse los clientes y las licitaciones públicas, con multas conjuntas que superan los 72 millones de euros, cerca del 75% de los 98 millones impuestos a un total de 39 empresas. Las empresas llevaron a cabo una "práctica concertada global de reparto del mercado que integraron en su política comercial". En una secuencia de sentencias producidas entre diciembre del 2017 y febrero del 2018, la Audiencia Nacional anuló las sanciones por defectos de forma en su planteamiento, sin entrar a cuestionar el fondo de las conductas denunciadas (reparto de clientes y acuerdo de precios y condiciones). El organismo volvió en 2018 a incoar un nuevo expediente en el que corrige los defectos de forma detectados, pero el Tribunal Supremo volvió a tumbar el proceso sin multas, según El Periódico de España.

Bancos

En 2018, el organismo que ahora preside Cani Fernández multó con 91 millones de euros a cuatro entidades bancarias (Caixabank, Santander, BBVA y Sabadell) por concertar la oferta de derivados en condiciones distintas a las pactadas. Estos derivados eran utilizados como instrumentos de cobertura del riesgo de tipo de interés asociado a créditos sindicados para la financiación de proyectos. Según la investigación de la CNMC, las entidades de crédito se ponían de acuerdo antes de realizar la oferta al cliente para fijar unas condiciones alejadas de las que se habían comprometido a proporcionar, dando a la vez la imagen de que cada una estaba consultando las condiciones de mercado. Los hechos se investigaron a raíz de una denuncia presentada por una empresa dedicada a la promoción, construcción y explotación de parques e infraestructuras eólicas. Además, durante la investigación se tuvo acceso a la documentación aportada por otras 22 empresas, correspondiente a 43 operaciones de derivados asociados a créditos sindicados contratados entre 2006 y 2016 para la financiación de proyectos (project finance).