Ribera dice que las eléctricas han dejado de ganar 250 millones en 15 días por la 'excepción ibérica'

El tope al precio del gas en el mercado eléctrico hace que "la única electricidad que se paga al coste del gas es la que se genera con esta materia prima". Es decir, se evita el efecto contagio al resto de tecnologías. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha cifrado en 250 millones de euros los 'beneficios caídos del cielo' la cantidad que ha dejado de percibir las empresas eléctricas en estos primeros 15 días. Esa cifra es al mismo tiempo la cantidad que se han ahorrado los consumidores con tarifa regulada (PVPC) durante este tiempo. En términos porcentuales, la rebaja es del 14% si se compara el precio actual con los registros que hubiera tenido el mercado mayorista de no haberse aplicado el mecanismo.

"Los precios del mercado mayorista y los precios finales tras el ajuste fueron inferiores a los que hubiéramos tenido sin el mecanismo e inferiores a los del resto de socios europeos", ha insistido Ribera durante un discurso para dar cuenta de las dos primeras semanas del mecanismo y que ha aprovechado para repasar todas las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo desde hace un año. En este sentido, Ribera ha asegurado que el tope al gas, junto a la reducción fiscal (del 21% al 10% y a partir de este viernes del 5%) y los cargos (un 30% inferiores) supone una rebaja de la factura de los consumidores del 30% de no haberse puesto en marcha estas medidas.

En ese repaso por el conjunto de medidas aplicadas, la vicepresidenta tercera ha recordado una de las más polémicas, el recorte a las centrales que no producen con gas por la subida de precios de esta materia prima en 340 millones de euros. Esta medida fue puesta en marcha en el mes de septiembre y unas semanas después el Gobierno tuvo que modificarla para eximir del recorte aquellos contratos bilaterales inferiores a los 67 euros por megavatio-hora. En este sentido, Ribera se dirigió a "quienes" calificaron la medida de "intervencionismo terrorífico" --en referencia directa al presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán-- al recordarle que "buena parte de los países del entorno" han replicado esta medida.

Ese recorte de 340 millones de euros es muy bajo si se tiene en cuenta que la previsión inicial --antes de que se retocase el texto-- era de 2.600 millones de euros en el plazo inicial de tres meses. Sin embargo, Ribera ha vuelto a defender que la iniciativa ha servido, a su vez, para que las compañías no actualicen los contratos de los clientes por encima de esos 67 euros por megavatio-hora.

Nada ha revelado la vicepresidenta, más allá de que un "se está trabajando en ello", sobre el impuesto anunciado por el presidente del Gobierno que quiere gravar los beneficios de las compañías energéticas, lo que incluye también a las petroleras. Desde el PNV, la diputada Idoia Sagastizabal, ha mostrado su apoyo a esta medida "en esta coyuntura" pero ha pedido al Gobierno hacerlo sobre la diferencia de los beneficios, de forma temporal y en diálogo con las empresas afectadas y hacerlo "sin vaivenes y con las máximas garantías para no tener sustos de decisiones mal tomadas y que acaben en la factura".

Peticiones de los grupos

Son varias las 'tareas' que han reclamado los representantes de los distintos grupos a la vicepresidenta, en plena crisis energética global y con una inflación desbocada en el país. La principal crítica por parte del Partido Popular y VOX se ha centrado en que "los consumidores españoles estamos subvencionando el gas a los franceses" porque la venta al país vecino se realiza sin incluir el importe de la compensación. El PP, además, ha vuelto a reclamar la rebaja del IVA también en la factura del gas y la rebaja del impuesto especial de la gasolina.

Pero también su socio de Gobierno, Unidos Podemos, ha recordado el acuerdo de Gobierno en el que "no pone 'reducir' los beneficios caídos del cielo" sino "acabar" con ellos y, por ello, ha pedido trabajar "seriamente" para poner un tope más bajo, pero también eliminar la permanencia de las facturas del mercado libre para que los usuarios se puedan cambiar "libremente" de tarifas. También Iñigo Errejón, líder de Más País, ha centrado su discurso en los beneficios de las energéticas. En su caso, ha pedido un "control de precios en sectores inflacionarios" como las "gasolinas y los alquileres", igual que ocurrió con las mascarillas o los test.

Mientras desde Junts per Catalunya, Pilar Calvo, ha optado por una retahíla de medidas como obligar a las centrales a vender su producción a precio fijo a las comercializadoras; levantar la limitación al autoconsumo (500 metros) para favorecer las comunidades energéticas --una petición histórica también de ERC que ha vuelto a repetir este jueves su diputado, Joan Capdevila--; auditar las ofertas de las centrales en el mercado cuando las "fuerzan" para que entre el gas o revisar los criterios de ayudas energéticas de los edificios, entre otras. Por su parte, Oskar Matute, de Bildu, planteó tres recetas: intervenir el mercado, nacionalizar sectores estratégicos o gravar fiscalmente "desde" ya a las empresas energéticas. "Puede seguir la estela de Francia, Reino Unido o Bélgica y lo tienen que hacer pese al boicoteo desde las grandes empresas", ha recomendado Matute.