Proyecto de ley

Los grandes contratistas deberán pagar en plazo a sus subcontratas antes de cobrar

La Plataforma contra la Morosidad celebra que se acepten sus enmiendas a la 'ley crea y crece'

Las compañías de mayor tamaño solo podrán cobrar subvenciones si cumplen el plazo legal de pago a sus proveedores

El presidente de Pimec, Antoni Cañete, (en el centro), con los portavoces los grupos políticos que han participado en la tramitación de la Ley Crea y Crece. 30 de junio 2022

El presidente de Pimec, Antoni Cañete, (en el centro), con los portavoces los grupos políticos que han participado en la tramitación de la Ley Crea y Crece. 30 de junio 2022 / Pimec

Rosa María Sánchez

Rosa María Sánchez

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Las empresas que contraten con el sector público deberán aportar a partir de ahora un certificado de estar al corriente de pago con sus subcontratistas cada vez que certifiquen obras para su cobro. En caso que se incumplan los plazos, la administración (estatal, autonómica o local) podrá retener pagos a ese contratista y hacer el abono directamente al subcontratista. Ello será así para los contratos de más cinco millones de euros que admitan más de un 30% de subcontratación, a los que en la práctica sólo aspira la gran empresa

Además, las grandes empresas de más de 250 trabajadores que opten a una subvención superior a 30.000 euros deberán acreditar el cumplimiento de los plazos legales de pago con sus proveedores mediante certificación emitida por un auditor inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas.

Otra novedad: las empresas de mayor tamaño (más de 250 trabajadores y más de 8 millones de facturación o de 4 millones en activos) deberán informar en su web y en sus cuentas anuales no solo del período medio de pago a sus proveedores, sino también del número de facturas y el volumen económico de las facturas pagadas dentro de plazo y del porcentaje que estas representan sobre el total.  Además, el Gobierno publicará una 'lista negra' de empresas morosas que se hará pública cada año con la identidad de compañías con más de 600.000 euros de deuda atrasada con sus proveedores y que abonen menos del 10% del total de sus facturas dentro del plazo legal.

'Ley crea y crece'

Estos son algunos de los principales cambios que el proyecto de ley de creación y crecimiento de empresas -conocida como 'ley crea y crece'- ha incorporado en la recta final de su tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados, antes de su remisión al Senado. El texto ha sido validado este jueves por el Congreso de los Diputados con los votos de PSOE, UP, PP, PNV, ERC, PdCat, la abstención de Cs y Vox y solo dos votos en contra.

Este proyecto de ley -que forma parte de los compromisos del Gobierno de España con la Unión Europea para el cobro de los fondos europeos- tiene como propósito principal facilitar la creación de empresas e impulsar su crecimiento reduciendo los obstáculos burocráticos y financieros. Además, uno de sus capítulos esenciales tiene que ver con la incorporación de medidas para luchar contra la morosidad comercial y contra el incumplimiento del plazo legal de pago entre particulares (60 días, con carácter general). Para la introducción de medidas en este capítulo ha sido esencial la colaboración de los diputados con la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMCM), cuyo presidente, Antoni Cañete, que también lo es de la patronal catalana Pimec, estuvo presente este jueves en la tribuna de invitados del pleno del Congreso de los Diputados. Desde allí, Cañete recibió el agradecimiento de los portavoces parlamentarios de PDcat, ERC, Unidas Podemos y PSOE.

Protección a las pymes

"Se le ha dado la vuelta a la ley como a un calcetín", declaró Cañete a EL PERIÓDICO, al ponderar la importancia de los últimos cambios introducidos en el proyecto de ley en materia de morosidad, que ponen el foco en las malas prácticas de grandes empresas que asfixian a pequeñas y medianas. "El proyecto de ley abre un camino en el que seguir trabajando", añadió, en relación, sobre todo, a dos cuestiones importantes que se han quedado en el tintero: la aprobación de un régimen sancionador contra la morosidad y la derogación del apartado de la ley de comercio minorista que permite pactar plazos de pago superiores a 90 días para productos que no sean frescos o perecederos ni de alimentación y gran consumo. "No cejaremos en nuestro empeño de lograr un régimen sancionador", dijo el diputado Joan Capdevila (ERC), en una afirmación compartida por los parlamentarios Txema Guijarro (UP) y Ferrán Bel (PdCat). Al menos, de momento, el proyecto de ley sí tipifica la morosidad como un elemento de competencia desleal. 

Con todo, Cañete consideró "históricos" los avances logrados: “En un momento clave como el actual, con la inflación disparada y el encarecimiento de la financiación, que ahoga aún más a nuestras pymes y autónomos, que hayamos llegado a este consenso y aprobado medidas que reducirán esos plazos de pagos es un hito para nuestra economía". Según datos de la CNMV, las empresas de mayor tamaño cobran en un plazo medio de 68 días y pagan a 193. El 61% de las morosas son grandes empresas, recordó el diputado Txema Guijarro (UP) quien destacó la oportunidad de estas medidas de protección de las pymes en un contexto de empeoramiento de la economía, inflación y subida de tipos de interés. En declaraciones a este diario Ferrán Bel subrayó, sobre todo, la importancia del nuevo sistema de certificaciones para garantizar el cobro en plazo de los subcontratistas: "Ahora tienen que hacer un esfuerzo las administraciones. Les damos las herramientas para que el control de los pagos a los subcontratistas sea efectivo. Ahora, hace falta un compromiso real por parte de las administraciones del estado, de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales para su vigilancia".