El Congreso envía al Senado la reforma de la ley concursal para su aprobación definitiva

El pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la reforma de la Ley Concursal sin ningún voto en contra y con las abstenciones de PP, Vox, Ciudadanos y Junts, según recoge Europa Press. El texto se dirige ahora al Senado, después de que la Comisión de Justicia de la Cámara Baja diera el beneplácito al dictamen la semana pasada tras un complejo proceso de negociación que incluyó 607 enmiendas. Sin presencia de ningún ministro para defender el proyecto de ley --ni la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ni la ministra de Justicia, Pilar Llopis, estaban han estado en el hemiciclo-- la mayoría de los grupos, a excepción del Partido Popular, Vox y Ciudadanos, han celebrado que durante la tramitación se hayan introducido grandes mejoras en el texto, aunque también apuntaron que “se podía haber hecho más”.

Según han explicado los diputados durante su turno de intervención, entre los principales cambios respecto al proyecto editado por el Gobierno destaca que el importe de la deuda pública de la que se podrán exonerar las empresas en caso de quiebra asciende a un total de 20.000 euros (10.000 euros con la Seguridad Social y otros 10.000 euros con Hacienda), en vez de los actuales 1.000 euros para cada uno de los organismos. También se ha reducido el ámbito de aplicación del procedimiento especial para las pymes según su facturación y trabajadores y ha especificado que los asistentes de administradores concursales, que los acompañan en el proceso, sean especialistas, según ha defendido Genís Boadella Esteve, del PDeCat.

“La Ley Concursal llegó a las cortes verde, pero creemos que se ha mejorado en la tramitación parlamentaria”, ha celebrado el diputado de JxC, Josep Pagès i Massó. “No solo por cumplir el trámite de transposición (de la directiva del ramo) sino también por priorizar la continuidad de la actividad económica y dar continuidad al empleo. Para esto se han establecido procedimientos que agilizan los concursos y el refuerzo de la llamada segunda oportunidad”, ha añadido.

Desde ESC han lamentado que se hayan quedado por el camino algunas de las enmiendas que habían propuesto, como que la declaración de concursos pueda ser causa de erte, para proteger los puestos de los trabajadores, o la transitoriedad de la Ley “para evitar el perjuicio a un deudor que ha iniciado el procedimiento del concurso antes de la entrada en vigor de esta ley”. También, que no se recogiera la mediación por parte de las asociaciones empresariales, que ya la ejercen de facto. “Se ha hecho una referencia sucinta pero no ha quedado como nos hubiera gustado”, ha añadido la diputada Carolina Telechea.

Por su parte, desde Unidas Podemos han aplaudido la introducción de dos enmiendas que permiten que las personas trabajadoras puedan capitalizar el tiempo que acumulaban de cotización al desempleo y que puedan llevar a cabo una propuesta de adquisición de una empresa mediante la constitución de una cooperativa y que a esta propuesta se le de una "atención preferente" frente a otras alternativas. "Así vamos a conseguir salvar miles de empresas en este país", se ha aventurado a apuntar su diputado, Roberto Uriarte.

“Después de escuchar algunas de las valoraciones, tanto yo como mi grupo no compartimos el optimismo. Creemos que nos hemos quedado a medio camino y las medidas hoy aprobadas no van a ser todo lo útiles que algunos anuncian. El texto de hoy, lejos de definir un sistema eficaz de alerta temprana, lejos de mejorar los mecanismos de reestructuración y lejos de garantizar el derecho a la segunda oportunidad, lo que implica supone abocar a un buen número de personas al desempleo”, ha lamentado el representante del Partido Popular, Luis Santamaría.

Por su parte, Edmundo Bal, de Ciudadanos, partido que se abstuvo, afeó que no se hubiera avanzado “nada” en el sistema de alerta temprana y que el Gobierno “hasta el último día” haya mantenido una enmienda número 603 que blindaba la vuelta de Dolores Delgado a la Fiscalía General del Estado cuando cesara de su cargo actual. “Teníamos la oportunidad de hacer un buen texto y el Gobierno ha sido muy cobarde. Tenía que haber aceptado más enmiendas”, ha dicho Bal.