Energía

El Gobierno retrasa la aprobación del nuevo impuesto a las energéticas

El Gobierno mantiene sobre la mesa la ayuda al abono transporte, pero no prevé aprobar este sábado el gravamen sobre los actuales beneficios extraordinarios de eléctricas y petroleraslas energéticas

Gasolinera del centro de Barcelona

Gasolinera del centro de Barcelona / MANU MITRU

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Sara Ledo
Sara Ledo

Periodista

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La subida de los precios de los carburantes se ha 'comido' por completo el descuento de 20 céntimos que entró en vigor el 1 de abril con dos nuevos récords históricos. Esta semana el precio de la gasolina asciende a 2,141 euros (1,13% más que siete días antes) y el del diésel a 2,076 euros (3,64%), según el Boletín Petrolero de la Unión Europea publicado este jueves. Con la bonificación, el precio final para los consumidores fue de 1,941 y 1,876 euros, respectivamente, superior a los 1,818 euros y 1,837 euros de finales de marzo. Esta consolidación del coste por encima de los dos euros se produce en vísperas de que el Gobierno prorrogue el descuento en un decreto anticrisis que prevé aprobarse en un Consejo de Ministros extraordinario que se celebrará este sábado.

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, confirmó el miércoles que entre las medidas de ese real decreto ley se incluirá la extensión de esta rebaja hasta el 30 de septiembre de manera "generalizada" a toda la población. Descartó, por tanto, la posibilidad de realizar una bonificación según la renta, como defendía Podemos y algunos ministros del ala socialista del Gobierno. "Al aplicarse a toda la población, inmediatamente baja el IPC. Es una de las medidas más eficaces que hemos puesto en marcha y vamos a seguir en esa dirección", afirmó Calviño.

El descuento, creado a finales de marzo, obligaba a las petroleras a contribuir con 5 céntimos a esta ayuda o hacer una rebaja superior a sus clientes. Las grandes compañías elevaron entonces la bonificación a un total de entre 25 y 30 céntimos con una mayor aportación. Esta vez, a falta de conocer la letra pequeña del nuevo real decreto ley, el sector transmite incertidumbre y cierto hartazgo ante un talante por parte del Gobierno que perciben muy diferente al del mes de marzo. Influye también la aprobación en el Congreso de los Diputados el próximo martes del Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), que carga a las petroleras con una parte de los costes incluidos en la factura de la luz, así como el anuncio de la creación de un nuevo gravamen sobre los beneficios extraordinarios que puedan estar recibiendo actualmente.

Este gravamen, dirigido a todo el sector energético, no se incluirá en el real decreto ley del sábado por una cuestión de seguridad jurídica, para evitar la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional, según fuentes del Gobierno. La creación de un nuevo impuesto tiene que realizarse a través de una nueva ley, mientras que si el Gobierno opta por un recargo sobre un impuesto ya existente (por ejemplo, Sociedades) podría aprovechar algún proyecto de ley en tramitación parlamentaria para incorporar la medida a través de una enmienda. En cualquier caso, es posible que el Gobierno aproveche la comparecencia de este sábado para anunciar cuál será la fórmula para incrementar la presión fiscal sobre estas compañías.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, reconocía este jueves durante un desayuno organizado por Nueva Economía Forum la necesidad de ser "muy cuidadosos" a la hora de redactar esta norma para evitar que un diseño "mal planteado" de este mecanismo "pueda trasladarse a los consumidores" y también para "no entorpecer" la inversión de estas empresas. La confirmación de un nuevo gravamen el pasado martes provocó la caída en bolsa de las cuatro grandes compañías del sector (Iberdrola, Endesa, Naturgy y Repsol) que se dejaron 6.100 millones de euros de capitalización en dos jornadas. Este jueves volvieron a los números verdes, a excepción de la petrolera, que cerró con una caída del 0,59%.

Abono transporte

En el debate entre los miembros del Gobierno de coalición también se mantiene viva la bonificación sobre el transporte público con el objetivo de mitigar el impacto del precio de los carburantes en los bolsillos de las familias. Mientras, se da como una vía cerrada por completo una posible rebaja de los impuestos sobre los carburantes (IVA e impuesto especial sobre los hidrocarburos), como ha planteado el Partido Popular, porque no lo permite la normativa comunitaria.

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Lo que es seguro es que el decreto incorporará la rebaja del IVA hasta el 5% y es previsible que se mantenga la rebaja del impuesto especial sobre la electricidad y la suspensión del 7% sobre la producción. Además, se extenderá el refuerzo sobre el bono social (rebaja de entre el 25% y el 40% en la factura de la luz que se elevó a entre el 60% y el 70%), según sugirió ayer la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

También se mantendrá el recorte a las eléctricas sobre sus ‘beneficios caídos del cielo’, que se amplía durante tres meses más. La vicepresidenta Ribera insistió este jueves en que este mecanismo ha jugado "un papel importante en la contención de la revisión de las tarifas" de los consumidores porque exime del recorte a todos aquellos contratos a precio fijo por debajo de los 67 euros por megavatio-hora, muy lejos de los más de 200 euros MWh.

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