La presidenta de la CNMC se libra de la incompatibilidad con grandes empresas dos años después de su nombramiento

“Nunca habrá conflicto de interés. Ante cualquier duda, me abstendré de conocer sobre el asunto. Me abstendré voluntariamente incluso cuando la ley no lo requiera, yendo un paso más allá”. Lo dijo Cani Fernández cuando buscaba el aval del Congreso de los Diputados para su nombramiento como nueva presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). Era junio de 2020, de eso hace ahora justo dos años.

La nueva jefa del superregulador llegaba al puesto con polémica: su larguísima experiencia de tres décadas como abogada en temas de competencia y como asesora legal de decenas de grandes compañías le iba a obligar a inhibirse cualquier decisión o deliberación sobre esas compañías durante los dos años posteriores a haberlas representado. Además, en los partidos de la oposición, escamaba que en los meses previos a su designación había ejercido como asesora en el Gabinete de Presidencia del Gobierno.

Este viernes se cumplen dos años exactos desde que el nombramiento de Fernández fuera publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Transcurrido el plazo obligatorio, la presidenta de la CNMC se libra de todas las incompatibilidades que le exigían ausentarse de debates clave en las salas o el pleno del organismo para evitar el conflicto de interés con las compañías a las que había asesorado en su última etapa como abogada de élite en el despacho Cuatrecasas.

A su llegada al organismo, Cani Fernández tuvo que elaborar un amplio listado con todas las empresas para las que había trabajado como abogada durante los dos años previos. Una lista que sólo han conocido el secretario del Consejo de la Comisión y su jefa de Gabinete y cuyo contenido exacto se ha mantenido en secreto durante este tiempo.

Cuando una de las compañías de aquella relación de nombres aparecía en un expediente de la CNMC, el organismo activaba un cortafuegos inmediato que impedía que Cani Fernández siquiera pudiera acceder a la documentación sobre el caso y la presidenta de ausentaba físicamente de las salas en que el resto de consejeros deliberaban sobre el expediente.

Durante este tiempo, el organismo se ha negado a facilitar el listado de empresas afectadas y a desvelar con qué compañías exactamente ha tenido conflicto de interés la presidente, alegando como excusa el secreto profesional abogado-cliente. Forzada por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, tras un recurso formal presentado por elDiario.es, la CNMC tuvo que hacer público el mes pasado que Fernández se ha visto obligada a inhibirse en quince expedientes por estar incluidas ocho empresas las que había asesorado, como FCC, Acciona, Cepsa, Mediaset, Áreas, Rentrak y el grupo Toro y Betolaza.

Aquella relación de empresas ha ido acortándose y desapareciendo nombres según transcurrían los dos años preceptivos desde que terminó el asesoramiento legal ejercido por Fernández. Alcanzado el bienio desde la designación como presidenta, la prohibición legal de participar en expedientes concretos por eventuales conflictos de interés desaparece. Y Fernández, que durante todo este tiempo ha mostrado su enojo cuando se ponía en duda su imparcialidad y se le reclamaba información al respecto, queda ya eximida de incompatibilidades.