Estalla la guerra entre Celsa y los fondos acreedores

Guerra total. La relación entre los Rubiralta, propietarios de la siderúrgica Celsa; y los fondos acreedores, se encuentra en su peor momento. Tras el parón de las fábricas el viernes pasado para reclamar un cambio de postura de los acreedores y la oleada de apoyos desde los gobiernos de Catalunya, Cantabria, Euskadi y Galicia, UGT, CCOO y la patronal catalana Foment del Treball, Deutsche Bank, Goldman Sachs, SVP y Cross Ocean, afirman que "los intereses económicos de la familia Rubiralta son el único impedimento a un rescate de la SEPI", cifrado en 550 millones y que requiere el aval de todos os acreedores antes del 30 de junio. En juego están unos 30.000 empleos directos e indirectos.

La reacción de la compañía no se ha hecho esperar y ha recordado que los fondos acreedores adquirieron a la banca la deuda de la compañía con hasta un 80% de quita en el caso del instrumento convertible y de un 20% en la deuda sénior y que "nunca han financiado a la compañía ni se han interesado por su plan estratégico". Justo lo contrario de lo que afirman estos fondos que, en un comunicado, "reiteran su compromiso actual y futuro con la viabilidad de Celsa y de su proyecto industrial". Y también niegan "cualquier voluntad de deslocalización industrial o de traslado al extranjero del centro de decisiones de la compañía".

A juicio de la siderúrgica, la propuesta de los fondos "pretende la extracción y expropiación del valor de la compañía a través de una rentabilidad del 80% anual, que obtendrían soportada sobre la ayuda pública y a costa de todos los grupos de interés de la compañía (trabajadores, proveedores, clientes, comunidades…) de su actividad industrial, y de las inversiones necesarias para la transición energética". La reducción del nominal de la deuda que piden los fondos, agregan, "pasa por la firma de un nuevo instrumento financiero que comporte la constitución de una empresa hólding propietaria de las acciones de Celsa con sede fiscal y mercantil en Luxemburgo; y formalizado con una segunda sociedad propiedad de los fondos y con sede fiscal y mercantil también en Luxemburgo".

Estos fondos, que poseen el 90% de la deuda jumbo y Convertible de la compañía, "reconocen plenamente el papel de Celsa como empleador y contribuyente a las economías regionales y quiere que esta labor continúe". Es por ello, añaden, que buscan "activamente, de forma conjunta, un acuerdo justo que reduzca la deuda de Celsa". El único punto de desacuerdo, aseguran los acreedores, es en cuánto se beneficia la familia Rubiralta de este acuerdo a costa de los acreedores de la compañía. La empresa propuso inicialmente que, después de que los prestamistas condonen 1.200 millones de euros de deuda (que se utilizaron para ayudar a crear y hacer crecer el negocio), la familia Rubiralta mantenga el 100% del control de la empresa y capte el 100% del valor por encima de la deuda reestructurada.

Los acreedores aseguran que para facilitar un acuerdo con la SEPI, están dispuestos a acceder a la petición de la familia Rubiralta de retener el control. Por tanto, concluyen, "la única diferencia entre las posiciones de la compañía y los acreedores es el reparto de cualquier valor existente una vez que la financiación de la SEPI y la deuda reestructurada sean reembolsadas. Esto no afecta ni a la financiación SEPI ni a la compañía".  

Tanto la compañía como sus acreedores han propuesto un reparto de ese valor, y se han movido de sus propuestas iniciales. Sin embargo, los acreedores continúan considerando que la propuesta de reparto de dicho valor de la empresa es "injusta, desproporcionada y totalmente incoherente con todos los principios generalmente establecidos en las finanzas corporativas, dado que se pide a los acreedores que renuncien a más de 1.000 millones de euros que les debe Celsa, sin que haya un esfuerzo significativo y real por parte de la familia Rubiralta (que sólo tiene previsto aportar 50 millones de euros a la empresa)".

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