Energía

El Congreso resucita dos proyectos de ley para bajar la luz tras meses en el cajón

Una iniciativa legislativa que recorta los ingresos de las eléctricas por el alza del CO2 y otra que pasa los costes de la factura eléctrica al gas y los carburantes se enviarán al Senado antes de final de mes

El Congreso resucita dos proyectos de ley para bajar la luz tras meses en el cajón
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Sara Ledo
Sara Ledo

Periodista

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Después de más de medio año en el cajón, la Comisión para la Transición Ecológica del Congreso de los Diputados ha decidido resucitar ‘in extremis’, antes de las vacaciones de verano, dos proyectos de ley aprobados hace más de un año por el Gobierno para reformar la estructura del recibo a través de dos vías, por un lado, recortando los ingresos extraordinarios de las eléctricas por el alza de los precios de los derechos de emisión de CO2 y, por otro, trasladando parte de los costes fijos de la factura eléctrica al gas y los carburantes. 

"Entran ya en la fase final de discusión de enmiendas en ponencia con la idea de que queden aprobadas en junio", relata el presidente de esa comisión, el diputado de Unidas Podemos, Juan López de Uralde. La ponencia se celebrará el 21 de junio y una vez aprobada en comisión (la semana siguiente) irá al Senado, como pronto en otoño, lo cual dilatará su entrada en funcionamiento. Ambas medidas aspiraban a reducir la factura doméstica un 15% y la de grandes consumidores un 5%, pero la crisis actual deja sin efecto cualquier cálculo previo. 

El primero de los proyectos es una norma que comparte filosofía con el real decreto ley que está en vigor hasta finales de año y que recorta los beneficios extraordinarios de las eléctricas por la subida de precios del gas natural; pero en este caso reduce los ingresos extra de las centrales no emisoras (hidráulicas, renovables o nucleares) por el alza de los precios de los derechos de emisión de CO2. Si la media de las emisiones de carbono era de 5,83 euros por tonelada en 2018, en 2021 llegó a los 53,55 euros y en 2022 se sitúa en los 83,20 euros, pero a diferencia del gas, el alza del CO2 se prevé que permanezca al formar parte del objetivo de descarbonización europeo a 2050. 

De las 43 enmiendas al articulado de esta norma, hay una decena de ellas que abogan por las dos mismas cuestiones. Una [Partido Popular, PNV, Ciudadanos, Bloque y PDeCat] es que estén exentos del recorte las centrales eléctricas que cuenten con contratos bilaterales a precio fijo, algo en lo que confiaba hace meses el presidente Endesa, José Bogas, después de lo que había ocurrido con la norma análoga que recorta ingresos por el alza del gas. En ese caso, el Gobierno tuvo que modificar el real decreto ley semanas después de aprobarlo tras el revuelo generado en el sector, encabezado por el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán.

Con el recorte a las eléctricas por el alza del CO2 el Gobierno preveía recaudar 1.000 millones de euros en un inicio, que después se redujeron a 625 millones y que sin los contratos fijos se reducirán más. En el caso de la norma análoga sobre el gas, tras ocho meses en aplicación, ni Gobierno ni CNMC han revelado cuántos ingresos ha generado y las compañías presumen de que no ha afectado a sus cuentas.

La otra enmienda [Partido Popular, Ciudadanos y PDeCat] es que el recorte se realice a las centrales renovables instaladas antes del año 2000, y no antes de 2003, que es la fecha que aparece en el texto actual. "La ley fija 2003 porque es cuando entró en vigor el comercio de derechos de emisión en Europa, pero tres años antes fue cuando se conoció a través del Libro Verde que se iba a instaurar dicho comercio, por tanto, entre 2000 y 2003 lo inversores ya sabían que se iba a aplicar», defiende el diputado del PP, Diego Gago. 

Pese a todo, el segundo proyecto de ley es quizás más polémico porque enfrenta a eléctricas con gasistas y petroleras al repartir los cerca de 7.000 millones que pagan los clientes de luz de las primas a las renovables (a través de los cargos del recibo) entre todo el sector energético de forma gradual en un plazo de cinco años, a razón de un 20% anual. Se trata de crear lo que se denomina Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que se nutrirá principalmente con aportaciones de las empresas suministradoras de energía. Las más perjudicadas son las petroleras que asumirían el 43,7%, según la memoria económica del anteproyecto de ley, mientras a las eléctricas les corresponde el 31,50%, y a las gasistas el 24,80%. 

Las compañías repercutirán el coste a sus clientes. Así, el sector petrolero estimaba hace un año que el carburante se elevaría en 7 céntimos al final de los cinco años, que en la situación actual de precios cercanos a los 2 euros, casi parece una anécdota, y aunque hay quien se echa las manos a la cabeza si entrase en vigor la medida en plena crisis, otros apuntan que el primer año la subida de los combustibles casi no se notaría y la bajada de la luz sí. 

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El FNSSE tiene 70 enmiendas. Entre ellas, algunas [Partido Popular, JxCat y PDeCat] abogan por trasladar este coste a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), algo que el Gobierno descartó, según indica la memoria del anteproyecto de ley, porque "no era asumible" "desde el punto de vista de ingresos y gastos". Además, elimina uno de los objetivos del texto que es "dar señales visibles, constantes y predecibles" para impulsar la electricidad en detrimento de los combustibles fósiles de cara a la transición energética, según el diputado de ERC, Joan Capdevila. 

El ámbito industrial se muestra sorprendido con la reactivación de una iniciativa que daban por muerta, pero confían en que al menos se deje exento al gas industrial, en vez de establecer compensaciones como aparece en el texto actual [PP, PDeCat, PNV y Ciudadanos lo incluyen en enmiendas]. Mientras, las comercializadoras independientes de electricidad, integradas en ACIE, piden aclarar si tendrán que hacer frente a una cantidad fija cada trimestre, aunque no se recaude, porque consideran que trasladaría un "riesgo" al sector que "debería asumir el sistema".