Celsa para parte de sus plantas y sus trabajadores salen a protestar contra los fondos acreedores

Los trabajadores de Celsa se movilizan ante el peligro que se cierne sobre el futuro de las plantas industriales. El veto de los fondos acreedores al plan de rescate público de 550 millones de euros de la SEPI alarma a las centrales y estas han convocado manifestaciones este viernes frente a las sedes del Deutsche Bank -uno de los principales propietarios de deuda- en Barcelona, Bilbao, Santander, y A Coruña. La Generalitat, Foment del Treball y CCOO y UGT ya durante estos días han manifestado su apoyo a la dirección de Celsa. 30.000 empleos, directos e indirectos, penden de la viabilidad de las plantas, que han parado este viernes por decisión de la empresa para facilitar la asistencia de trabajadores a las manifestaciones.

Los acreedores, por su parte, se han mostrado dispuestos a seguir negociando, pero advierten que no habrá acuerdo si la familia Rubiralta, propietaria del grupo, a la que acusa de haber hecho una "desastrosa gestión", pretende retener el 100% del valor por encima de la deuda reestructurada.

Las negociaciones entre la compañía siderúrgica y sus acreedores se rompieron en la madrugada del jueves, según fuentes sindicales. Deutsche Bank y Goldman Sachs y los fondos oportunistas SVP y Cross Ocean son propietarios de 2.400 millones de euros de la deuda de la siderúrgica. Y desde la dirección les han ofrecido un bonus de 400 millones de euros -que se sumarían a la entrada de capital de la SEPI- si aceptan una quita de la mitad de los préstamos que controlan. El rescate público de la SEPI y su inyección de 550 millones está condicionado a que estos fondos acepten las condiciones del mismo. El acceso al rescate público tiene como fecha límite el 30 de junio.

"La prioridad de los acreedores sigue siendo lograr un acuerdo que permita a Celsa recibir ayudas de la SEPI. [...] Para facilitar un acuerdo con la SEPI, los acreedores están dispuestos a acceder a la petición de la familia Rubiralta de retener el 100% del control, pero no aceptan que sigan reteniendo el 100% de todo el valor una vez que la financiación de la SEPI y la deuda reestructurada sean reembolsadas", afirman en un comunicado.

Los sindicatos ven en el rescate una inyección clave para la viabilidad de las fábricas. Por ello han convocado manifestaciones este viernes para presionar a los fondos acreedores, que han tildado de "buitres".

En un comunicado, los fondos acreedores aseguran que su objetivo es buscar un acuerdo "justo" que reduzca la deuda de Celsa y sitúe a la empresa en una posición financiera firme "para que pueda prosperar y crecer en los próximos años". Subrayan además su compromiso con la viabilidad del grupo.

Los fondos niegan "categóricamente" haber presentado una propuesta para "apropiarse de las ayudas públicas" y aseguran que su prioridad es lograr un acuerdo que permita a Celsa recibir las ayudas de la SEPI. Afirman que aceptan todas las condiciones fijadas por la SEPI y el único punto de desacuerdo es "en cuánto se beneficia la familia Rubiralta de este acuerdo a costa de los acreedores".

"La empresa propone que, después de que los prestamistas condonen 1.200 millones de euros de deuda (que se utilizaron para ayudar a crear y hacer crecer el negocio), la familia Rubiralta mantenga el 100% del control de la empresa y capte el 100% del valor por encima de la deuda reestructurada", explican en la nota.

Sostienen que la propuesta de la empresa es "injusta, desproporcionada y totalmente incoherente con todos los principios establecidos de las finanzas corporativas", puesto que pide a los acreedores que renuncien a 1.200 millones de euros que les debe Celsa, mientras que "la familia Rubiralta solo tiene previsto aportar 50 millones a la empresa".