Fraude al consumidor

Sancionadas 14 entidades financieras por abusos con las tarjetas 'revolving'

Los tipos de interés máximos se acercan al 30%

Una mujer paga con una tarjeta de crédito en un establecimiento de Barcelona

Una mujer paga con una tarjeta de crédito en un establecimiento de Barcelona / FERRAN NADEU

Eduardo López Alonso

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El total de las 14 entidades financieras inspeccionadas el año pasado por el servicio de tarjetas 'revolving' o cuenta de crédito renovable han sido sancionadas con un monto conjunto de 1,12 millones de euros por infringir la ley de consumo, introducir cláusulas ilegales en los contratos o aplicar tipos de interés abusivos, superiores al 20%. El Govern ha alertado a los consumidores ante un producto financiero que aparentemente es una ayuda para flexibilizar los pagos cotidianos pero que supone una seria amenaza para la economía familiar.

Según la campaña de inspección abordada por Consum, las 14 entidades inspeccionadas infringieron la normativa, por lo que el Govern anuncia una nueva inspección este año que abarcará más entidades y no solo las que tienen oficinas físicas, que fueron las elegidas el año pasado. Un total de 978.813 euros fueron impuestos por cláusulas ilegales en los contratos o intereses abusivos, por encima del 20%( seis entidades). Nueve entidades fueron sancionadas por carencias en la información al cliente. El interés medio aplicado el año pasado se situó en torno a l 18%, muy por encima del euríbor y del coste de los préstamos a empresas o hipotecas. La entidad que cobró un tipo de interés más alto por sus tarjetas 'revolving' fue Unicaja, con un tipo de interés del 29,73%. Le siguieron el Sabadell, con el 25,86% y CaixaBank, con el 23%.

Una tarjeta 'revolving' es un tipo de tarjeta de crédito en la que todas las compras o disposiciones de efectivo que se realizan con ella quedan aplazadas automáticamente. A cambio se cobra un tipo de interés. En consecuencia, se pueden realizar pagos independientemente de que se tenga o no dinero en la cuenta asociada, ya que las compras que se realizan no se cargan en la cuenta inmediatamente, sino que se aplazan para pagarlas posteriormente.

El secretario de Empresa i Competitivitat, Albert Castellanos Maduell, y el director de la Agència Catalana del Consum, Francesc Sutrias i Grau, han anunciado que el Govern emprenderá en las próximas semanas una campaña de concienciación para que los consumidores estén alerta ante un producto financiero que con apariencia de atractivo es un "producto altamente especializado" que "anima a las compras compulsivas y favorece el sobrendeudamiento de las familias". La campaña de inspección del año pasado debe servir para reforzar así los derechos de los consumidores y la transparencia en la comercialización de las tarjetas 'revolving', ha dicho Castellanos. El número de reclamaciones contra bancos supera el millar cada año, aunque se desconoce exactamente el número de operaciones asociadas específicamente a las tarjetas de crédito abierto. En opinión de Sutrias, "el código de consumo debería ser más disuasorio", ya que las multas impuestas son relativamente bajas para el beneficio que generan a los bancos. El actual marco legal hace que exista una evidente inseguridad jurídica, ya que no existe un baremo claro de cuándo un tipo de interés aplicado es abusivo. Al realizarse un contrato entre partes, al final es la justicia ordinaria la que tiene la última palabra en caso de conflicto. En cualquier caso, las autoridades de Consum reconocen que no pueden hacer más que aplicar las sanciones previstas en una ley que requeriría una actualización, incluso este mismo año.

En concreto, Consum ha resuelto sancionar a todas las entidades inspeccionadas por prácticas y cláusulas contractuales abusivas, con un importe global de 350.000 euros; además, seis de estas entidades son sancionadas con un total de 627.813 euros por aplicar intereses abusivos. Nueve de las entidades inspeccionadas también incumplían los requisitos generales aplicables a las relaciones de consumo, tanto en las oficinas abiertas al público como en los cajeros automáticos, y han sido sancionadas con 148.000 euros en total. Las entidades objeto de inspección fueron Abanca, Banco Sabadell, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco Santander, Bankinter, CaixaBank, Cofidis, Deutsche Bank, Ibercaja, ING Direct, Kutxabank, Oney, Unicaja Banco y WiZink.