El Gobierno salva por la mínima la ley de fondos de pensiones públicos de Escrivá

El Gobierno ha conseguido salvar por la mínima la votación sobre la ley de fondos públicos de pensiones. El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la nueva normativa que permitirá a empresas y trabajadores crear huchas colectivas para acumular capital y luego con él complementar las prestaciones públicas. El ministro José Luís Escrivá ha conseguido sacar adelante la norma que comprometió a Bruselas en el marco de recepción de los fondos europeos a cambio de acelerar la siguiente reforma pendiente en materia de pensiones y que también está comprometida con la UE: el destope de las bases máximas. Así lo ha anunciado antes de la votación su socio de coalición, Unidas Podemos.

El dictamen sobre el plan de pensiones ha sido aprobado por una ajustada mayoría. El Gobierno de coalición ha logrado 172 votos favorables -PSOE, Unidas Podemos, Cs, PNV, PDECat, PRC, TE y NC- frente a 164 'noes'. Tan solo se han producido 6 abstenciones, entre ellas los 5 diputados de EH Bildu. Esta norma pretende "ofrecer a millones de personas, asalariados y autónomos, una nueva forma de ahorro mucho más atractiva", ha declarado el ministro Escrivá.

La previsión del Gobierno es poder poner en marcha los primeros fondos públicos durante el año que viene. Ya hay un primer sector, el de la construcción, donde patronales y sindicatos han alcanzado un principio de acuerdo para, vía negociación colectiva, crear esa primera ‘hucha colectiva’. La idea es que mensualmente empresa y trabajador hagan una aportación monetaria para acumular, entre todo el sector y en un plazo de 10 años, un total de 3.500 millones de euros. Hasta ahora únicamente existían los fondos privados de capitalización individual, en los que el trabajador hace una aportación mensual a una hucha gestionada por una entidad financiera. Los intereses ofrecidos hasta ahora han sido bajos con este formato y los costes de mantenimiento y gestión cobrados por las entidades podrían rondar entre el 0,8 y el 1,5%, depende del producto. Escrivá pretende que la comisión de gestión en los públicos no supere el 0,40%.

La idea bajo la que concibió Escrivá la norma –y luego negoció con agentes sociales y partidos políticos- fue ir replicando dicho ejemplo por todos los sectores, así como entre funcionarios y autónomos. La normativa prevé que a nivel sectorial patronales y sindicatos pacten fondos de promoción pública, de los que luego se descolgarán planes de empleo simplificados (de los que habrá tantos como empresas). Si un trabajador pasa de una empresa a otra se podrá llevar su plan de pensiones consigo. 

Escrivá ha tenido que mover varias fichas y componer una aritmética parlamentaria compleja para sacar adelante la norma. Hace una semana consiga superar el penúltimo trámite con una votación caótica –en la que el PSOE equivocó su voto en las enmiendas- y una cesión a EH Bildu para conseguir su abstención. Los vascos le exigieron que las pensiones no contributivas de orfandad, viudedad y discapacidad suban el 15% para la segunda mitad de 2022, desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre.  

Acelerar lo prometido a Europa

Y para atar el apoyo de Unidas Podemos el ministro ha tenido que comprometer acelerar un elemento clave de la negociación del próximo bloque de pensiones: el destope de las bases máximas. El destope de las bases figura de manera menos explícita en el bloque de reformas comprometidas con Europa. “Incremento gradual de la base máxima acompasada de una adaptación de la pensión máxima”, reza el documento enviado a la UE. "Hemos conseguido su compromiso explícito. [...] Hay compromisos, que aunque estén firmados, no se cumplen", ha afirmado el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, tras la votación del Congreso, aunque el ministros no ha sido tan claro. Se ha limitado a afirmar que debatirán esta cuestión en el seno del Ejecutivo y después la negociarán con los agentes sociales.

Actualmente las empresas tienen limitada su capacidad para cotizar por el salario de sus trabajadores. A partir de los 4.139,40 euros al mes las empresas ya no tienen que aportar más para su jubilación, independientemente de si el trabajador gana 6.000 euros al mes o 60.000 euros. Ahora se destopará dicha base máxima y las compañías tributarán por el salario íntegro. 

Lo que no implica que la cuantía de las pensiones máximas se destope. La prestación máxima está actualmente en 2.819,19 euros al mes (independientemente de que el sueldo fuere de 6.000 euros o 60.000 euros. Es decir, con este movimiento las empresas deberán contribuir más al erario público en el caso de sus trabajadores más bien pagados y la Seguridad Social ingresará más dinero. Para los trabajadores se espera que, durante la negociación con los agentes sociales, el Gobierno se abra a un incremento de la cuantía máxima, pero no un destope total. Esta cuestión empezará a ser abordada en la mesa de diálogo social con patronal y sindicatos una vez el Gobierno cierre la negociación para la reforma del sistema de cotización de los trabajadores autónomos. Algo que, según lo prometido a Bruselas, debe estar antes del 30 de junio.