Celsa ofrece una contrapropuesta a los fondos acreedores

El comité ejecutivo y el consejo de administración de Celsa ha avalado una contrapropuesta remitida a los fondos acreedores de la compañía para desencallar el rescate de 450 millones acordado con la SEPI, gestora del fondo público para ayudar a empresas estratégicas. Para obtener este apoyo es imprescindible el aval de todos los acreedores y el plazo finaliza el próximo 30 de junio.

Este movimiento de produce "ante la inmovilidad de los fondos buitre en su posición negociadora". La compañía propone 400 millones adicionales al plan de la SEPI (que ya incluye otros 450 millones de repago inmediato y 662 millones a 7 años), divididos en una cantidad fija y una variable determinada en función del resultado de explotación que se alcance entre los años 2023 y 2030. En definitiva, los vincula al desarrollo del plan estratégico y al éxito de la compañía.

Foment sale en defensa del rescate de Celsa

Estas cantidades, aportadas por Celsa, se satisfarían, en todo caso, tras el repago íntegro de la ayuda SEPI. Es por ello que "no supondrían un detrimento de la recuperabilidad de la ayuda pública, aunque sí implican un esfuerzo y sacrificio adicionales de todos los demás grupos de interés del Grupo Celsa dentro de su estrategia de circularidad y sostenibilidad", destaca la siderúrgica propiedad de la familia Rubiralta. 

La postura de Deutsche Bank, Goldman Sachs, SVP y Cross Ocean, ha desatado una ola de solidaridad y apoyo a Celsa por parte de los sindicatos UGT y CCOO, la patronal catalana Foment del Treball y la Conselleria de Empresa de la Generalitat, así como los gobiernos autonónicos de Cantabria, Euskadi y Galicia en defensa del "futuro de 30.000 puestos de trabajo", que quedan a expensas de estos "fondos buitre que no financiaron al Grupo Celsa, sino que compraron su deuda en el mercado secundario con enormes descuentos de hasta el 90%, y que pretendían con la oferta planteada obtener rentabilidades medias anuales usurarias, próximas al 80%", denuncia la compañía.

La respuesta de Celsa cuenta con el respaldo unánime del comité ejecutivo y el consejo de administración, que han aceptado este incremento adicional como "último esfuerzo para salvar el boicot a la ayuda pública por parte de los fondos". Desde la empresa, sostienen que las pretensiones de los fondos "rompen los límites del correcto uso de la financiación pública que no puede utilizarse como base de una estrategia especulativa propia de los fondos 'distress', a costa de un daño irreparable para todos los grupos de interés y 'stakeholders' de la compañía". 

Los fondos han propuesto reducir en 165 Millones de euros el importe de la deuda a pagar en 2030 con un interés del 10%, e incrementar en 100 Millones de Euros el pago de los 450 millones de euros permitido por la SEPI. Esta nueva exigencia de los fondos requería que, para realizarse dicho pago adicional, la SEPI consintiera en la reducción en 100 Millones del importe de la ayuda destinado a la financiación del circulante del Grupo Celsa, dejándolo reducido a solo 50 millones, según la compañía. Esta última propuesta de los fondos "pretendía, por tanto, apropiarse de parte de la ayuda pública destinada a la financiación del circulante del Grupo Celsa", destaca la compañía.

El Grupo Celsa ha rechazado esta propuesta, que "contraviene frontalmente los términos de la ayuda concedida, y que reduce en dos tercios el importe destinado a la financiación de las necesidades de la operativa del Grupo, y sigue a la espera de la respuesta de los fondos" a su propuesta.