Industria en crisis

Foment sale en defensa del rescate de Celsa

La patronal catalana exige a los fondos acreedores que ayuden a "salvar un modelo industrial de gran valor que genera 30.000 empleos"

Foment sale en defensa del rescate de Celsa
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Agustí Sala
Agustí Sala

Redactor jefe de Economía

Especialista en Además de El Periódico, trabajé de 1989 a 1990 en La Economía 16, como responsable de Economía en el Diari de Barcelona, de 1989 a 1990; en la sección de Economía de TVE Catalunya de 1987 a 1989, en Antena 3 de Radio, de 1985 a 1987 y en el Diari Menorca, de 1983 a 1985 y Radio 80-Menorca. Además la licenciatura en Ciencias de la Información por la Universitat Autònoma de Barcelona (1992-1986), tengo un posgrado en dirección general (PDG) 2011-2012y un curso de Márketing Digital y Redes Sociales por la EAE Business School

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La situación que atraviesa Celsa, que ha rechazado la propuesta de los fondos acreedores que impide acceder al fondo de rescate del Estado para empresas estratégicas, ha desatado una corriente de solidaridad. Foment del Treball ha salido en defensa del apoyo público a esta siderúrgica de la familia Rubiralta ha salido en defensa del quiere del apoyo público a esta compañía "un modelo industrial de gran valor, que genera más de 30.000 puestos de trabajo directos e indirectos y que impulsa un modelo de producción circular esencial para la economía catalana, española y europea".

Con esta manifestación, la patronal catalana se suma a la postura manifestada por los sindicatos UGT y CCOO y del 'conseller' de Empresa, Roger Torrent que, tal como explicó ayer EL PERIÓDICO, también se ha apuntado a la presión a los fondos acreedores. Torrent ha añadido hoy a través de un comunicado que "el mantemiento del modelo industrial y de los puestos de trabajo ha de prevalecer por encima de otros intereses financieros.

Tanto Foment como los sindicatos o Torrent piden a los fondos que se adhieran al principio de acuerdo alcanzado por la dirección de la compañía y la SEPI para la concesión de esta cuantiosa ayuda pública, que se canalizaría a través de la concesión de un préstamo participativo por importe de 280,5 millones de euros y otro ordinario de 269,5 millones. El 30 de junio vence el plazo para una solución y se requiere el aval de todos los acreedores.

Celsa rechazó el lunes la última propuesta del Deutsche Bank y Goldman Sachs y los fondos oportunistas SVP y Cross Ocean sobre su deuda. A juicio de la empresa, en vez de reducirla la aumentaría y además exigen cuestiones que la SEPI no aceptaría como el traslado a otro país del centro de decisión de la compañía.

A juicio de Foment, "el trabajo del gobierno de España no se puede detener ahora, ya que las consecuencias son inasumibles desde el punto de vista social, empresarial y económico". La patronal presidida por Josep Sánchez Llibre pide a todas las partes implicadas que "den prioridad absoluta a los criterios de gestión industrial a largo plazo, sociales y sostenibles sobre cualquier otro criterio cortoplacista, y a realizar todas las acciones necesarias para aprovechar la financiación pública permitida por Europa a empresas estratégicas y, por lo tanto, que se pueda cumplir el cometido para el que fue creada y llegue directamente a la compañía.

Los fondos cambiaron su propuesta anterior en la que exigían el 49% del capital. Ahora, además de la aplicación de 450 millones de euros procedentes de la ayuda pública y aportación privada al repago de deuda y el mantenimiento de una deuda de 662 millones, la propuesta de los fondos exige la creación de un nuevo instrumento convertible por importe de 900 millones con un tipo de interés anual del 10% y emitido fuera de España, según explica la compañía. La empresa ve esa proposición inasumible.

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De esta manera, la concesión de la ayuda pública "no serviría para reducir el endeudamiento de la compañía, toda vez que al término del plazo de la ayuda volvería a tener una deuda convertible incluso superior a la actual, en torno a 1.700 millones de euros". A juicio de Celsa, de aceptarse los términos de la propuesta realizada, "los fondos que no financiaron al Grupo Celsa, sino que compraron su deuda en el mercado secundario con descuentos de hasta el 90%, obtendrían, gracias a la concesión de una ayuda pública, rentabilidades del 80% anual multiplicando por más de cinco la inversión realizada".

Además, la propuesta de los fondos, que exige el desplazamiento del centro de decisiones y de su órgano de administración fuera de España, "es incompatible con la ayuda pública estatal y la vocación estratégica, industrial e inversora del Grupo Celsa que ha constituido uno de los pilares esenciales para la concesión de la ayuda pública, comprometiendo el cumplimento de su plan estratégico".

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