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Delivery Hero acepta cumplir con la 'ley Rider' para evitar que el Gobierno le vete la compra de Glovo

  • El Ministerio de Trabajo bloqueó la operación, aprovechando una normativa aprobada durante el covid, para forzar a los alemanes a finiquitar su modelo de falsos autónomos

Un repartidor de Glovo pedaleando en Barcelona.

Un repartidor de Glovo pedaleando en Barcelona. / Ferran Nadeu (El Periódico)

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Gabriel Ubieto
Gabriel Ubieto

Redactor

Especialista en Mercado laboral, empresas, pensiones y las diferentes derivadas del mundo del trabajo

Escribe desde Barcelona

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"Aquellas empresas, se llamen Glovo o como se llamen, que incumplan la legislación va a caerles el peso de la ley y de la Inspección de Trabajo, como venimos haciendo". Así respondía la semana pasada la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, a la pregunta que le hizo en el Congreso un diputado. El pulso entre la ministra de Trabajo y la empresa de reparto a domicilio fundada en Barcelona y recién comprada por el gigante alemán Delivery Hero se alarga desde hace más de 10 meses, cuando entró en vigor la ‘ley Rider’ y Glovo decidió, a diferencia del resto de compañías del sector, seguir repartiendo a través de autónomos. Pero pese a la vehemencia que públicamente manifestó la semana pasada en el Congreso, Díaz ya sabía en ese momento que contaba con una garantía de que Glovo acabaría cumpliendo con la ‘ley Rider’.

El pasado 19 de mayo se reunió la Junta de Inversiones Exteriores, un órgano formado por 16 representantes de distintos ministerios, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio y encargado, entre otros, de realizar informes perceptivos sobre ventas de compañías españolas a compradores extranjeros. Y este pasado 19 de mayo dicha Junta se reunió para hablar de Glovo y la operación que esta compañía con los cuarteles generales en el Poblenou de Barcelona había oficializado pocos minutos antes de la Nochevieja del 2021: su venta a Delivery Hero, con sede en Berlín (Alemania). Lo que elevó, a ojos de los germanos, la valoración de la firma a 2.300 millones de euros.

“La transacción se espera poder cerrar en el segundo semestre del 2022, sujeta a obtener la aprobación de las autoridades reguladoras”, rezaba el comunicado mediante el que los alemanes anunciaron la compra. Y en esas llegó Yolanda Díaz. La Junta de Inversiones tiene capacidad para vetar operaciones de este tipo, en aras de una ley de 1999 y reformulada transitoriamente durante la pandemia para evitar que capitales extranjeros compraran empresas estratégicas aprovechando que su cotización u activos se habían desplomado.

El Ministerio de Trabajo cursó una petición formal a la Junta de Inversiones Exteriores con el fin de paralizar la venta de Glovo hasta que no obtuviera garantías de los alemanes de que acatarían la ‘ley Rider’, para así poner fin a lo que el resto de actores del ‘delivery’ han visto como un desafío directo a una de las leyes estrella de Díaz. "Delivery Hero ha formalizado por escrito una declaración responsable que defenderá el cumplimiento de la Ley Rider desde su puesto como accionista de Glovo", explican fuentes gubernamentales. Esas mismas fuentes añaden que la operación fue aprobada en el Consejo de Ministros del 31 de mayo

Glovo, a preguntas de EL PERIÓDICO, ha declinado realizar declaraciones al respecto. "Como compañía global, Delivery Hero siempre prioriza el total cumplimiento de las leyes y regulaciones locales en todos los mercados en los que opera. Los repartidores son un pilar clave en nuestro negocio. Su realidad y preocupaciones son importantes para nosotros y nos las tomamos en serio", afirman desde Delivery Hero.

Todo el sector a la expectativa

A Trabajo le urge poner punto y final a su pulso con Glovo casi tanto como caro le puede acabar saliendo el mismo a la compañía. Ahora ya controlada en casi el 80% de su accionariado por Delivery Hero. Pues los rivales de Glovo -principalmente JustEat y Uber Eats-, que sí modificaron sus modelos laborales para adaptarse a la normativa, llevan presionando a Díaz durante los últimos meses para ello. Ya que dados los menores costes laborales que implica operar con autónomos y la mayor capacidad de atraer a más ‘riders’, la firma de las mochilas amarillas ha ido ganando cuota de mercado estos meses a costa de sus competidores. "¿Debemos seguir el ejemplo de Glovo y trabajar con autónomos para poder competir en igualdad de condiciones?", le preguntó la directora general de Uber Eats en España, Courtney Tims, a la vicepresidenta segunda hace dos meses.

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El compromiso por escrito de Delivery Hero que obra en poder de Trabajo no exime a los nuevos gestores alemanes de las multas millonarias que pueden recaer sobre la compañía en los próximos meses. Pues la Inspección de Trabajo tiene en marcha una macrooperación en varias ciudades de España donde está recabando información sobre las actuales prácticas laborales de Glovo. Con el objetivo de poder acreditar si sus repartidores siguen operando como falsos autónomos, tal como ya sentenció el Tribunal Supremo en 2020. Y tal como han dictaminado todas y cada una de las inspecciones que se han resuelto a lo ancho y largo del estado desde que Glovo lleva operando en España. 

El importe final que la Seguridad Social le puede acabar reclamando a la empresa de reparto en concepto de cotizaciones no pagadas durante los últimos años puede ser de decenas de millones, teniendo en cuenta el tamaño de su actual flota de repartidores es muy superior a la de que tenía durante sus primeros años. Desde que comenzó sus operaciones y hasta diciembre del 2021, Glovo ha sido obligado a dar de alta como asalariados a 11.358 repartidores que habían operado como falsos autónomos. Lo que le valió acumular una deuda de 16,2 millones de euros, que ahora podría verse multiplicada tras los nuevos fallos de Inspección.