La hacienda catalana aflora 338,5 millones por fraude fiscal, una cifra récord

La hacienda catalana alcanzó el año pasado un máximo de fraude fiscal aflorado, con 338,5 millones de euros, casi el 55% más que en el ejercicio precedente a través de 52.913 actuaciones. El impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados es el que que registró más actuaciones con 33.975 pero por importe los mayores fueron sucesiones y donaciones, con 146 millones, el 43% del total y patrimoni, con 100,8 millones, el 30% del total.

A su vez se practicaron 45 liquidaciones por cambios de residencia ficticios, lo que supone el 15% más que el ejercicio anterior, que permitieron aflorar 28,7 millones, un 97% más que un año antes, en su mayor por los impuestos de patrimonio y sucesiones y donaciones. Destacan 25 liquidaciones por deslocalizaciones ficticias al extranjero por 27,5 millones y 20 actuaciones por cambios de residencia ficticios a otras comunidades autónomas proporcionaron 1,2 millones. Además, también se han practicado en 2021 un total de 14 liquidaciones por un importe 22,1 millones de euros por bienes situados en el extranjero.

Inspección es en el ámbito en el que más recursos se afloraron, con el 65% del total. Estos datos los han presentado el 'conseller' de Economia, Jaume Giró, acompañado por la secretaria de Hacienda, Marta Espasa; y el director general de la Agència Tributària de Catalunya (ATC), Eduard Vilà, en el marco del 'Plan de prevención y reducción del fraude fiscal y de fomento de las buenas prácticas tributarias 2019-2022' correspondiente al ejercicio 2021.

Giró ha vuelto a rechazar que Catalunya sea un infierno fiscal y ha considerado el fraude como la conducta que merece el mayor menosprecio porque afecta a toda la sociedad, y, particularmente contra las personas más frágiles y vulnerables. El 'conseller' ha afirmado que su objetivo es "hacer de Catalunya un infierno para los defraudadores fiscales". En este sentido han destacado la próxima incorporación 20 personas al cuerpo de inspectores y 120 al de gestores tributarios. La ATC tienen actualmente una plantilla de 799 personas.

Espasa ha destacado que a pesar de la pandemia, se han asumido el 75% de las medidas previstas en el plan y el 17% lo han sido parcialmente. La secretaria de Hacienda ha resaltado que las actuaciones llevadas a cabo permitieron alcanzar un máximo histórico en el importe de fraude descubierto. El ejercicio anterior se alcanzaron los 218,9 millones.

Actuaciones

El año pasado, las actuaciones de la ATC en materia de recaudación, gestión e inspección, al alcanzaron un importe medio por actuación de 6.396 euros, un 39% más que el año 2020 y el más elevado también desde 2015, cuando empezó el plan de prevención.

La secretaria de Hacienda ha explicado que la mayor parte de deslocalizaciones de contribuyentes están relacionadas con el Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, y que la principal deslocalización fiscal es en el extranjero.

"No tienen tanto que ver con los tributos cedidos, sino con otros motivos, que hacen que determinados contribuyentes declaren una residencia ficticia", ha explicado.

Espasa ha sostenido que la existencia de fraude fiscal erosiona la igualdad y la equidad, así como la suficiencia financiera porque supone disponer de menos recursos para financiar el gasto público, y la ATC tiene el objetivo de minimizar este fraude con políticas de prevención y actuaciones de control y regulación.

Ha detallado que el plan tiene como objetivos incrementar la conciencia fiscal de la ciudadanía, minimizar el riesgo de incumplimiento, mejorar los servicios al contribuyente, detectar el fraude y conseguir la implicación de todos los agentes del ecosistema fiscal.

Giró ha asegurado que ha pedido por carta a la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, que Catalunya pueda gestionar el impuesto de residuos, como prevé una disposición adicional a la ley. El 'conseller' ha recordado que se trata de un impuesto propio con el que contaba Catalunya desde hace muchos años y que la Generalitat lo perdió dentro del "proceso de recentralización" que están sufriendo.