LEY DEL FONDO PÚBLICO DE PENSIONES

La falta de apoyos trunca en sólo unas horas un trámite exprés del Gobierno sobre pensiones

La Comisión de Trabajo, Inclusión y Seguridad Social convoca por sorpresa una sesión de la ponencia sobre la ley del fondo público de pensiones con el fin de aprobarla en una semana; la desconvocó horas después

La falta de apoyos trunca en sólo unas horas un trámite exprés del Gobierno sobre pensiones
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Ángel Alonso Giménez
Ángel Alonso Giménez

Periodista

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Poco antes de las 13.30 horas del martes, los integrantes de la ponencia que en el Congreso está estudiando la nueva ley sobre los planes públicos de pensiones recibían un mensaje que informaba de la convocatoria de una nueva sesión para este miércoles. Prácticamente todos, menos los del PSOE, reaccionaron enfadados porque dicha sesión no estaba prevista. Aunque el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social comunicó hace una semana su intención de que la hubiera, llegó el viernes pasado y no hubo noticias. Los diputados de la oposición dieron por hecho que no habría reunión y se centraron en otro trámite, éste agendado, sobre la futura ley que creará un fondo para las víctimas del amianto.

Sin embargo, el martes, a la hora comentada, cambiaron las tornas y la Mesa de la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, presidida por Anton Gómez-Reino, de Unidas Podemos, envió la notificación con el nuevo horario, lo que trastocaba sobremanera el trabajo de los diputados afectados y así lo expresaron en los canales de mensajería que comparten.

Según han informado cuatro fuentes parlamentarias presentes en dicha Comisión, el objetivo de tan repentino cambio era acelerar los trabajo de la ponencia de tal modo que durante esta semana el informe y el dictamen fueran aprobados. Para la próxima semana, quedaría el último paso: la remisión al pleno del visto bueno definitivo. El objetivo, por tanto, consistía en imponer un trámite exprés que facilitara la negociación. El tiempo como arma de presión.

Pero, según la versión de las fuentes, la urgencia que impuso el Gobierno se le volvió en contra pasadas sólo unas horas, lo que tardó en desconvocarse la sesión de la ponencia de este miércoles. El Ministerio de Inclusión, por un lado, y el grupo socialista, por otro, constataron que a pesar de las prisas y las urgencias no iban a concitar los apoyos necesarios para sacar adelante la ley. ERC y EH Bildu no están de acuerdo con el planteamiento; mientras que PP y Cs no se decantan todavía, y eso que el ministro ha dialogado con los populares al respecto. Visto el malestar e intuido el negro futuro que le aguardaba al proyecto de mantener los nuevos plazos, el Gobierno comunicó a la Presidencia de la Comisión que mejor esperar una semana. Resultado: la ponencia se aplazará al lunes próximo.

Cargos de Inclusión se pusieron en contacto entonces con los grupos para negociar al margen de cualquier comisión parlamentaria. Durante la semana pasada, el intercambio de pareceres sobre algunas de las enmiendas presentadas se produjo, pero no se acercaron las posiciones. Toca ahora redoblar los esfuerzos y acumular reuniones para que, al menos, la ponencia y la Comisión de Trabajo acometan sus tareas a lo largo de la semana próxima. Esta ley debería salir del Congreso antes del periodo de sesiones, se han propuesto en el Ministerio que dirige José Luis Escrivá. "Pero usar las prisas como herramienta de presión no funciona; así no", asevera una de las tres fuentes.

A la izquierda no le gusta

A finales de febrero el Consejo de Ministros aprobó un texto destinado a la creación del fondo público de pensiones, una propuesta que estaba incluida en el Pacto de Toledo. La clave se encuentra en los incentivos fiscales para impulsar dicho fondo. Ya entonces el Gobierno se propuso tener en vigor la iniciativa durante la segunda mitad del presente año. Los plazos no son baladí porque de su aplicación y vigencia depende la llegada de una porción considerable de las inversiones europeas derivadas de la pandemia, los "Next Generation".

El tiempo apremia porque al periodo de sesiones actual le resta un mes y medio. Pueden habilitarse comisiones y plenos extraordinarios en julio, pero no es lo habitual. Además, tras el trámite del Congreso quedaría el del Senado. Comprimir los tiempos permitiría la publicación de la ley en el BOE antes del verano. Si no, la alternativa es aprovechar otoño, pero ya con mucha prisa y probablemente sin el dinero europeo.

Cuentan las fuentes que la viabilidad parlamentaria de la ley está ahora mismo en entredicho. No la apoyan ERC ni EH Bildu, ni, a decir verdad, los aliados de la izquierda. Revisar lo que votaron cuando el Congreso debatió la enmienda a la totalidad resulta revelador. A favor de la devolución del proyecto, pedida por el BNG, se pronunciaron las dos formaciones independentistas catalana y vasca, pero además Más País, Compromís y obviamente los soberanistas gallegos. El diputado de esta última organización, Néstor Rego, criticó el planteamiento de Escrivá porque "abre el camino a un horizonte de sustitución del sistema público de reparto solidario —por mucho que se niegue— por un modelo de capitalización de gestión privada". En similares términos se pronunciaron, en ese debate del 24 de marzo, los portavoces de EH Bildy y ERC.

El Gobierno superó la enmienda a la totalidad gracias al PSOE, al PP, Cs y PNV, básicamente a estas cuatro formaciones, y por ello, creen que la idea de Escrivá y de su equipo para salvar el proyecto se dirige justo a ellas. Las fuentes apuntan que se han concertado ya reuniones presenciales, orquestadas por el secretario de Estado.

Otra vez, un trámite exprés con pensiones

Unidas Podemos, ese día de marzo, votó en contra de la enmienda a la totalidad, pero con la intención de que durante el trámite parlamentario se subsanaran algunas diferencias. Las fuentes consultadas indican que las diferencias persisten, aunque prefieren no precisar cuáles son. Ahora mismo, en consecuencia, no pinta bien este proyecto de Escrivá.

Se repite la historia, al menos en parte. El gran proyecto legislativo anterior del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, el que permitió un aumento de las cotizaciones de un 0,6 por ciento, previo pacto con sindicatos, creó también un profundo malestar en la Comisión y en los grupos aliados. Tras un parón en el trámite de meses, el Gobierno propuso aprobar la norma en cinco días; cinco días para resolver los procedimientos de ponencia y comisión.

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El papel secundario al que quedaron relegados los grupos levantó polvareda y ERC amenazó incluso con no acudir a la sesión de constitución de dicha ponencia. La intensidad con la que el Gobierno negoció con la formación republicana dio sus frutos posteriormente y Esquerra, tras la interlocución de Jordi Salvador, terminó apoyando la norma. Fue la primera parte de la reforma de las pensiones, la inclusión del mecanismo de equidad intergeneracional que exige la UE. Faltan el fondo público y falta el incremento del periodo de cotización.

Aquel trámite exprés cuajó, sí, pero a costa de un despliegue negociador frenético. No será tan angustioso el proceso que se abre ahora en la Comisión de Trabajo, pero el reloj ha iniciado la cuenta atrás para aprobar un proyecto legislativo que, tal y como señala su exposición de motivos, promueve dos medidas principales: la "creación de un fondo de pensiones de empleo de promoción pública, gestionado por el sector privado, al que puedan adscribirse planes de pensiones del sistema de empleo de aportación definida para la jubilación" y la extensión de la población cubierta por planes de pensiones con "financiación mixta de empresa y trabajadores, a través de la negociación colectiva" y por medio de "mecanismos e incentivos".

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