Clausuras entre 2027 y 2035

Las nucleares rehúyen el choque con el Gobierno sobre aplazar su cierre y dejan presionar a PP, Vox y Cs

Las dueñas de las centrales nucleares no azuzan públicamente la necesidad de revisar el calendario de clausuras y se centran en confrontar los recortes promovidos desde el Gobierno

Las nucleares rehúyen el choque con el Gobierno sobre aplazar su cierre y dejan presionar a PP, Vox y Cs
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David Page
David Page

Periodista

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“No me voy a salir del guion”, decía entre risas el presidente de Foro Nuclear, Ignacio Araluce. Guardaba silencio, o casi, y no daba respuesta clara en una rueda de prensa hace un par de semanas en la que se repetían las preguntas sobre el calendario de cierre de todas las centrales nucleares en España y si había ganas en el sector de reabrir el debate sobre la ampliación de su vida útil. “Tenemos un plan de cierres pactado con el Gobierno y sobre esa base trabajamos”.

El Gobierno pactó en 2019 con las grandes eléctricas un calendario para el cierre progresivo de todas las centrales españolas que conducirá al apagón nuclear total en el país. El acuerdo con Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP contempla la clausura escalonada de las plantas entre 2027 y 2035. “Tenemos un acuerdo y nosotros lo cumplimos de momento”, concedió el presidente de Foro Nuclear, la patronal del sector que agrupa a las grandes eléctricas propietarias de las centrales nucleares y a decenas de empresas ligadas a la industria atómica.

Las nucleares rehúyen hasta el momento el cuerpo a cuerpo con el Gobierno, aunque recuerdan que técnicamente es posible la prolongación a largo plazo del funcionamiento de las centrales como ya se está permitiendo en otros países. El Ejecutivo se mantiene firme en su posición de que se cumplirá el calendario de cierres acordado y que el debate en plena crisis de precios energéticos sobre apostar más por la nuclear en España es artificial porque ninguna compañía muestra interés cierto en realizar nuevas inversiones en este tipo de energía.

El Gobierno acaba de poner en marcha el proceso para actualizar el Plan General de Residuos Radiactivos, la hoja de ruta a largo plazo sobre cómo gestionar los desechos, cómo desmantelar las centrales nucleares y cuánto va a costar hacerlo todo. Y el nuevo plan está planteado sobre la base de que todas las plantas irán cerrando de manera escalonada entre 2027 y 2035, para cuando se espera el apagón nuclear definitivo en el país.

Desde el Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por la vicepresidenta Teresa Ribera, se ve un escenario de cierres progresivos “claramente definido” y sin “ninguna expectativa de cambio”, y se insiste en que ninguna compañía ha manifestado interés alguno en realizar nuevas grandes inversiones para prolongar la vida de las centrales existentes y ni mucho menos por nuevas instalaciones.

Durante el encuentro con analistas con motivo de la presentación de los resultados trimestrales, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, subrayó que prescindir o no de sus nucleares es una decisión política de cada país y no confrontó la estrategia española de empezar a clausurar sus reactores esta misma década. Apuntó, eso sí, que las nucleares españolas “están preparadas para funcionar durante el tiempo que sea necesario”. Pero advirtió de que eso “requerirá más inversiones y costes que habría que retribuir".

Desde el sector eléctrico se justifica que las compañías no estén ahora dando abiertamente la batalla sobre el apagón nuclear porque las circunstancias actuales les obligan a priorizar la presión contra el tope al precio del gas para bajar la luz por la distorsión que generará en el mercado eléctrico y contra el impacto de otras medidas aplicadas ya o que prepara el Ejecutivo (la subasta forzosa de electricidad, el tope de 67 euros por MWh de los contratos eléctricos, el futuro Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, la minoración de los ingresos de las eléctricos por el CO2 no emitido…).

Ofensiva desde la política

Pero en plena crisis energética, con los precios de luz y gas marcando máximos, y con la independencia energética de los países en la picota por la invasión militar de Rusia sobre Ucrania y su incidencia en la seguridad de suministro, de los partidos políticos de la oposición y desde la gran industria sí ha empezado a meterse presión sobre la necesidad de reabrir el debate sobre el calendario de cierres fijado en España.

El Congreso de los Diputados ha rechazado en las últimas semanas hasta tres mociones (de PP, Vox y Ciudadanos) en las que se reclamaba al Gobierno un alargamiento de los plazos de los cierres de las centrales como vía para reforzar la soberanía energética del país. El objetivo del trío de mociones de los tres partidos era prolongar la vida de las plantas por encima de lo ahora previsto y retrasar el apagón nuclear más allá de 2035 para reforzar la autonomía energética, frente a la dependencia del gas. La moción del partido de ultraderecha iba más allá y proponía incluso derogar los objetivos de recorte de emisiones y la legislación contra el cambio climático.

La nueva dirección del Partido Popular de Antonio Núñez Feijóo también ha abierto la espita y ha mostrado su apuesta por resucitar el debate sobre el apagón nuclear. El plan económico diseñado por el PP y remitido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, incluye como propuesta “alargar la vida útil de los reactores, como están haciendo nuestros vecinos europeos”.

La patronal quiere reabrir el debate

La presión para retomar el debate sobre el cierre nuclear en España también se ha ejercido desde las patronales empresariales. El propio presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha criticado abiertamente los problemas de planificación energética en España, en referencia a los cierres de las plantas nucleares y de carbón, mientras que en otros países europeos se está revisando los planes al respecto.

La gran industria española también ha reclamado replantear el apagón nuclear, como parte de las medidas para combatir los altos precios de la electricidad y el gas. En un comunicado conjunto, las patronales Anfac (automoción), AOP (petroleras y refino), Aspapel (papel), Feique (química y farmacia), Fiab (alimentación y bebidas), Oficemen (cemento) y Unesid (siderurgia) se lanzaron a pedir una revisión del calendario de cierre de las centrales nucleares en España.

“Es preciso reabrir el debate en torno al futuro de la generación eléctrica a partir de energía nuclear”, indicaron las patronales de la gran industria, que defienden el papel que pueden jugar las centrales eléctricas para contener los precios energéticos. “La experiencia de los últimos meses ha demostrado la relevancia de su aportación al mix en cuanto a energía de base, fiable, descarbonizada e independiente de las fluctuaciones en los mercados energéticos internacionales”.

Plazo límite

Desde Foro Nuclear se advierte que los plazos no son ilimitados y que la posibilidad de replantear el calendario de cierre de los reactores no puede esperar demasiado, especialmente por la planificación de las inversiones que deben acometer las compañías en el mantenimiento de las centrales en función del tiempo previsto de funcionamiento. “Si se quiere reabrir el debate, no se puede esperar mucho; habrá que hacerlo en uno o dos años como máximo”, advierte Ignacio Araluce, presidente de la patronal nuclear.

Desde el sector nuclear sí se lanza una queja expresa sobre la enorme carga fiscal que soporta su actividad y las dificultades para seguir funcionando de manera rentable, insistiendo en que las eléctricas tienen vendida toda su producción a precios muy inferiores a los que marca el mercado mayorista (de entre 60 y 67 euros por MWh). Por ello, aunque se subraya que técnicamente las centrales pueden seguir funcionando más allá de la fecha de cierre prevista, las nucleares avisan de que “no pueden seguir en marcha si se funciona a pérdidas”.

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Los planes del Gobierno son mantener el cierre gradual y escalonado de los siete reactores españoles ahora operativos acordado en 2019 con las grandes eléctricas, y que contempla que Almaraz I cerrará en 2027, Almaraz II en 2028, Ascó I en 2030, Cofrentes en 2030, Ascó II en 2032, Vandellós II en 2035 y Trillo también en 2035.

El Gobierno ha lanzado el proceso para actualizar la hoja de ruta a muy largo plazo sobre qué hacer con los residuos radiactivos, cómo hacer los desmantelamientos de las centrales y cuánto va a costar gestionar ambas tareas. Y en esa hoja de ruta se deja abierto qué hacer con los residuos y se plantea tener un solo cementerio nuclear o siete repartidos por España (uno en cada central nuclear), pero el Gobierno deja el calendario de cierres fuera de toda discusión.