El Govern rescinde la concesión del Eix Transversal para ahorrar 70 millones al año

La infraestructura, rescatada en 2010 mediante un crédito de la Generalitat de 50 millones, se realizó mediante el método del peaje en la sombra, que consiste en el pago al concesionario en función de los vehículos que la transitan por la vía y las tarifas establecidas. El saldo vivo de ese préstamo es de 32 millones de euros.

El Ejecutivo catalán sustenta su decisión en la "ventana de oportunidad" que ofrece el contrato de concesión en su cláusula número 16. En ese apartado se prevé la posibilidad de rescindir unilateralmente el contrato por parte de la Administración a cambio de un precio de reversión. Desde la administración catalana consideran "la de mayor envergadura en unos 10 o 12 años", tras el fiasco de la privatización de Aigües Ter Llobregat (ATLL), actualmente de nuevo en manos públicas bajo la marca ATL.

Precio de reversión

El Gobierno central ha autorizado realizarlo mediante financiación bancaria. Economia abrió una convocatoria y se han presentado al menos dos entidades. De todas formas también se ha pedido autorización para hacerlo con cargo al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) de 2021 no dispuesto y que este año hay que devolver o compensar, para lo que se cuenta con el visto bueno verbal, pero no aún por escrito. La ventaja es que este instrumento para las autonomías tiene un interés del 0,109%. El precio máximo de reversión (a pagar al concesionario) actualizado es de 482,6 millones. En todo caso, la operación se realizará inicialmente con tesorería propia.

Al aplicar esta ruptura contractual, el Govern estima que se ahorrará más de 800 millones hasta el vencimiento previsto en el contrato, el 23 de junio de 2040. Entre 2008 y 2021, la administración catalana ha pagado 819,5 millones de euros por esta concesión, lo que incluye tanto los peajes en la sombra como las subvenciones previstas que se pagaron los primeros años. El contrato de la concesión, que comenzó en 2007 cuando la concesionaria estaba formada por FCC, Copisa, Copcisa y Comsa, se reelaboró tras el rescate en 2010, preveía tres fechas de posible resolución anticipada: 2017, 2022 y 2027, los ejercicios 10, 15 y 20 de la concesión.

Esta infraestructura se incorporó al balance la Generalitat por mandato de la Intervención General del Estado (IGAE) en 2015 al considerar que no se cumplían los requisitos de riesgos de 2007 a 2015 como colaboración público-privada. Se integró como activo no financiero y en el pasivo consta como un préstamo con un interés del 5%. A 31 de diciembre de este año, Economia estima que el valor del activo y del préstamo imputados a la Generalitat ascenderá 354,2 millones.

Reglas fiscales suspendidas

El precio de reversión es el que corresponde con tasa del 5% en el contrato del 16 de julio de 2010: 221,94 millones con un valor activo neto a 1 de enero de 2007 hasta el final de resolución de 482,6 millones. La operación tendría un impacto en el déficit de la Generalitat de este año de 128 millones, fruto de la diferencia entre el valor de 482 millones respecto a los 354 millones. En Economia se relativiza este impacto dado que las reglas fiscales están suspendidas en 2022, con autorización de Bruselas, lo que facilita llevar a cabo la operación. En tesorería, a los 482 millones habrá que restarle los 32 millones de saldo neto del crédito pendiente de Cedinsa, por lo que el impacto neto no será superior a 450 millones.

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La diferencia en términos de déficit entre esperar hasta el final de la concesión dentro de 18 años o este ejercicio varía entre 825 millones y 347 millones, con lo que la mejora es de casi 481 millones. En términos de tesorería, el ahorro estimado es de 430,2 millones y en términos corrientes, de 810,4 millones.

Cedinsa ya ha comunicado que se oponía a la operación, pero aunque la impugne no se paraliza, según fuentes del Ejecutivo. El Govern dispone de dictámenes de los despachos Garrigues y Roca Junyent que avalan la operación.