La aviación presiona contra el plan verde de la UE: hará del turismo un bien de lujo

El plan de la Unión Europea (UE) para la descarbonización de la economía continental ha despertado tanta preocupación en la aviación y la navegación comercial como en el Gobierno de Canarias. O casi. Si Bruselas impone el estricto cumplimiento de su hoja de ruta en el ámbito de los transportes, el encarecimiento de los billetes de avión será inevitable, hasta el punto de que se volverá a los tiempos en que quienes viajaban eran una minoría. Así lo explican desde la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), donde comparten y comprenden la preocupación del Ejecutivo regional ante la estrategia comunitaria, o más bien ante el Objetivo 55 de esa estrategia, que es el que recoge las medidas para lograr que las emisiones contaminantes estén en 2030 un 55% por debajo de las registradas en 1990. Una inquietud que no es más soportable en las navieras, cuyos buques mercantes abastecen al Archipiélago de la grandísima mayoría de los productos y mercancías que consumen sus habitantes. Ambos sectores, el del transporte aéreo y el del transporte marítimo, se enfrentarán a sobrecostes extraordinarios si la UE no flexibiliza sus planes, sobrecostes que en última instancia sufrirán las familias y empresas canarias.

Son tres las grandes medidas que tienen en vilo a las compañías aéreas: los nuevos impuestos o tasas a los combustibles fósiles, la restricción de los derechos de emisión y la imposición del uso de biocombustibles en porcentajes crecientes a partir de 2025. En cuanto a los nuevos impuestos y la limitación de los derechos de emisión –las aerolíneas pagan en función de cuántos gases de efecto invernadero lanzan a la atmósfera–, fuentes de la ALA expusieron este miércoles que el sector está en contra. Pero no porque se opongan a la descarbonización, sino porque se trata de dos medidas que no precisamente contribuyen a ese objetivo. Es más, incluso pueden resultar contraproducentes. Según la ALA, la consecuencia directa será el encarecimiento del servicio, es decir, mayores costes, lo que en última instancia restará margen para invertir, entre otras cosas para invertir en una flota más eficiente desde el punto de vista medioambiental.

Los buques que abastecen al Archipiélago, por su menor porte, sufrirán un mayor sobrecoste

En lo relacionado con el uso de biocombustibles, las compañías aéreas están de acuerdo en que deben sustituir poco a poco a los combustibles fósiles. Pero aquí el problema es doble: por un lado, los biocombustibles son entre tres y cuatro veces más caros que los de origen fósil, y, por otro, no se producen en cantidad suficiente –ni de lejos– para poder ser una alternativa a corto y medio plazo. Así que las aerolíneas entienden que para imponer cuotas primero es necesario garantizar el suministro, esto es, estimular la producción de combustibles ecológicos.

En definitiva, todo ello "va a ejercer presión sobre los precios", apuntan desde la ALA, toda vez que las empresas tendrán que elevar los ingresos para poder hacer frente a los mayores gastos que exige el plan de la UE. No extraña así que en las Islas, donde miles de empresas y decenas de miles de personas viven del turismo, la preocupación sea casi obligatoria.

En el Gobierno autonómico ya se han puesto manos a la obra para lograr que Bruselas exceptúe a la región de las medidas del Objetivo 55 en materia de transportes, una meta para la que de algún modo cuentan con el apoyo de las compañías aéreas. "Entendemos la petición de Canarias; las exigencias en términos de sostenibilidad no pueden lastrar la economía y el medio de vida de un territorio", ahondaron desde la ALA.

Cada barco tendrá que soportar un gasto extra de 800.000 euros para cumplir con Bruselas

Tres cuartos de lo mismo ocurre en el transporte marítimo. La Asociación de Navieros Españoles (Anave) argumenta en un informe publicado en su revista mensual la necesidad de que el Consejo y el Parlamento europeos tengan en cuenta las "características y exigencias especiales" de Ceuta, Melilla, Baleares y Canarias. Anave recuerda que la pandemia y la erupción en La Palma han puesto de manifiesto "el carácter estratégico del transporte marítimo para los territorios españoles no peninsulares", de ahí que las navieras pidan "un estudio de impacto específico" sobre los efectos del Objetivo 55 en estos territorios.

Hasta ahora, el transporte marítimo permanece fuera del Régimen europeo de comercio de emisiones, esa especie de mercado en el que las empresas compran y venden derechos para lanzar más o menos dióxido de carbono en función de sus necesidades. La Comisión Europea quiere que las navieras entren en este sistema y, además, limitar las emisiones, lo que elevará los precios y llevará a las empresas, al menos en teoría, a acelerar hacia la descarbonización. Un coste extra que se uniría al del encarecimiento de los combustibles fósiles, ya que "a día de hoy no existen sistemas de propulsión y combustibles sin emisiones disponibles a escala mundial".

Anave calcula que el sobrecoste ascendería a 800.000 euros por buque, y eso con un cálculo conservador. Por si fuera poco, los barcos que abastecen a las Islas suelen ser de menor porte, "que no se benefician de las economías de escala de los grandes mercantes y como consecuencia generan mayores emisiones", con lo que serían castigados en mayor medida.

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