La pugna en el metal por equiparar salarios al IPC acaba en el TSJC

Los trabajadores del metal de Barcelona han vuelto a salir a la calle para protestar contra el bloqueo de su convenio colectivo y la negativa de UPM, la patronal del sector, a abonar la subida salarial pendiente para equiparar las nóminas al IPC de diciembre. Esta cláusula de revisión salarial heredada del último convenio ha provocado un conflicto laboral en el sector que ha acabado en los tribunales. Este martes el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha visto para sentencia el caso y en las próximas semanas o meses emitirá su veredicto y se pronunciará sobre si las empresas del sector tienen o no la obligación de cumplir con la cláusula firmada en el último pliego y cuándo y cómo deben hacerlo.

La tensión entre salarios e IPC ya se está traduciendo en conflictos laborales y previsiones de huelgas. Si entre las cúpulas de patronal y sindicatos no lograron pactar una fórmula para repartirse los costes de la escalada inflacionista, sector por sector tampoco están sabiendo resolver esta pugna. Uno de estos casos es el metal de Barcelona, uno de los convenios más importantes de toda España -en calidad de referente para otros muchos pliegos- y que directamente cubre a más de 160.000 trabajadores, según cálculos sindicales. "Que nadie se preocupe que vamos a pagar la subida", afirma el abogado de la UPM José Luís Salido.

El último convenio firmado entre las partes, actualmente en ultraactividad, incorporaba una cláusula de revisión salarial, según la cual los empresarios estaban obligados a incrementar los salarios de sus trabajadores de un año para otro en función del IPC de diciembre del curso anterior. Un 'seguro' para los empleados que blinda su poder adquisitivo y que solo cubre al 16% de los trabajadores de toda España. El problema es que los empresarios del metal no podían prever la escalada del IPC que arrastra la economía española en los últimos meses y que les obliga a incrementar el salario de los obreros del metal el 6,2%.

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El conflicto no surge tanto por el 'qué' (la subida del 6,2%), sino por el 'cómo' y el 'cuándo'. Y es que la UPM quiere trasladar el incremento a las nuevas tablas salariales y sobre esas negociar un nuevo convenio. Algo de lo que no quieren ni oír hablar los sindicatos, que consideran las empresas deben abonar primero los incrementos pendientes y luego ya se sentarán a negociar las nuevas tablas, ya que temen que aceptar el orden que les propone la patronal les dificultará arrancar mejores incrementos en el año 2022 y consiguientes. Ya que temen que las empresas vendan que ya han subido ese 6% y no pueden asumir muchos más incrementos.

Las partes no han conseguido ponerse de acuerdo hasta la fecha y las centrales, en paralelo a la futura sentencia, están estudiando nuevas protestas para tensar la negociación y obligar a la patronal a asumir los incrementos pactados. "Lo que tenemos claro es que si la cosa no se soluciona habrá movilizaciones", advierten desde la UGT.