Empleo público

Hacienda baraja una oferta pública de 23.000 plazas para la Administración central

Los sindicatos califican de "insuficiente" la oferta pública de empleo y alertan de que el 60% de la plantilla de la AGE se jubilará en la próxima década

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, el pasado 26 de junio

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, el pasado 26 de junio / periodico

Gabriel Ubieto

Gabriel Ubieto

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El Ministerio de Hacienda y Función Pública y los sindicatos encaran la negociación para definir la oferta pública de empleo (OPE) del 2022. La propuesta que el departamento liderado por María Jesús Montero les ha puesto encima de la mesa a las centrales rondaría las 23.000 plazas para la administración general del estado (AGE), entre 14.000 de nuevo ingreso y 9.000 de promoción interna, según confirman varias fuentes sindicales consultadas. A lo que se sumaría otra oferta de estabilización para interinos, de entre 4.500 y 5.000 plazas, además de los efectivos para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, cuyo importe no ha trascendido.

Dicha cuantía sería "insuficiente" a ojos de los representantes de los trabajadores, ya que pese a superar las cifras de la del año anterior no habilita incorporaciones suficientes para compensar la pérdida de efectivos acumulada de la última década de recortes. Desde Función Pública ni confirman ni desmienten dichas cifras y alegan que todavía no han convocado formalmente la mesa general donde se acabarán de decidir la OPE de este año.

Las negociaciones están en fase final, pues la nueva ley para reducir la temporalidad en la función pública obliga a las distintas administraciones a concretar sus ofertas de estabilización antes de finalizar el mes de mayo y la intención traslada a las centrales es sacar el plan de empleo ordinario y el extraordinario de estabilización a la par. En lo relativo a los procesos de estabilización de interinos, el margen por corregir de la AGE es sustancialmente inferior al de las administraciones autonómicas. Como muestra las magnitudes de las convocatorias. Mientras la estatal no supera por ahora los 5.000 efectivos, solo la de Catalunya -publicada este mismo lunes- es de 46.828 plazas. Si bien en la administración del Estado hay instancias, como el CSIC o la Agencia Estatal del Medicamento, que sí superan el umbral del 8% de eventualidad que se ha marcado el Gobierno.

Las centrales confían en poder ampliar la cuantía de plazas que desde Hacienda se les ha remitido por el momento. Consideran que presupuestariamente hay margen y que la administración central precisa de refuerzos. Según cálculos sindicales, en la última década se han perdido entre 54.000 y 60.000 trabajadores por jubilación y no reposición. "La viabilidad de la administración general del estado está muy comprometida a medio plazo. En 10 año se jubilará el 60% de la plantilla", alertan desde Csif.

Desde CCOO calculan que una oferta adecuada sería subir las plazas de nuevo ingreso hasta las 15.000 y las de promoción interna hasta 10.500, dejando una oferta pública de 25.500 plazas. "Es clave acelerar los tiempos para la cobertura de plazas, no puede ser que esperamos hasta tres años", alertan desde la central. Desde CCOO explican que han planteado a Hacienda contratar como interinos a una parte de aquellos que pasen la oposición para que se incorporen inmediatamente y luego se estabilicen cuando ya les designen formalmente la plaza. Pero que dicha opción ha sido descartada desde el Ejecutivo.

"No entendemos como el Gobierno no asume un plan de empleo plurianual", se quejan desde UGT. Esta es una reivindicación compartida y reiterada entre las centrales para poder trazar a largo plazo un plan de relevo dentro de la envejecida AGE, pero cuyo guante no recogen desde el Ministerio liderado por María Jesús Montero.

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