Retirada de las mascarillas: las empresas exigen criterios claros

Al otro lado de la calle, en una ferretería de barrio, tampoco tienen claro cuál va a ser la normativa a partir del día siguiente y están a expensas de lo que les digan desde la gestoría. Que, a su vez, está a expensas del redactado final que publique el Boletín Oficial del Estado (BOE). "Trabajamos de cara al público y de momento vamos a seguir como hasta ahora", explica Joan, el encargado. En marzo del 2020 pusieron una barra en la puerta de la tienda y una mampara entre el dependiente y el cliente, al que le toca esperar y hacer cola en el exterior. Y ante la duda, seguirán igual. ¿Hasta cuándo? Ahí Joan se encoge de hombros.

La falta de información no es exclusiva del pequeño comercio e incluso las grandes empresas, están a la expectativa de la letra pequeña del BOE. “[En el ámbito laboral] con carácter general no serán obligatorias las mascarillas”, ha afirmado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en rueda de prensa este martes. No obstante, deberán ser los servicios de prevención de riesgos laborales de cada compañía quienes deberán decidir –en caso de que la ley no lo especifique claramente- cuándo es obligatoria en un centro de trabajo y cuándo no, ha añadido Darias. Si bien la ministra ha prometido en rueda de prensa que a lo largo de este martes se publicaría una guía con recomendaciones prácticas para guiar a las empresas, finalmente desde su departamento se han emplazado a hacerla pública "en los próximos días".

Cautela en espacios cerrados

En firmas como Seat impera la cautela y han acordado con los representantes de sus 15.000 trabajadores mantener el tapabocas obligatorio en los puestos de trabajo y los lugares cerrados. No así en los espacios abiertos, aunque siempre que entre una persona y otra haya mínimo dos metros de distancia, sino seguirá siendo obligatoria. “Esta decisión se revisará en las próximas semanas, según la evolución de la covid-19”, afirman fuentes de la empresa. En el centro de Amazon en El Prat, con 3.000 empleados, seguirán con los mismos protocolos de seguridad laboral –mascarilla obligatoria y mamparas de metacrilato en posiciones muy juntas entre empleado y empleado. Al menos hasta el 25 de abril, cuando vuelva a reunirse el comité de salud con la dirección del centro. 

Otra decisión han tomado desde Mercadona, donde los tapabocas desaparecerán en muchos casos. En sus supermercados -con 93.300 empleados en toda España- él uso de mascarilla pasará a ser voluntario, es decir, a menos que el cajero o la cajera así lo decida no deberá utilizar tapabocas. Su uso únicamente será perceptivo si el empleado presenta una patología previa o médicamente sea altamente recomendable que se proteja por esta vía, según explican fuentes de la empresa. En otras firmas del sector, como Lidl, todavía están estudiando legalmente la norma y, de momento, el miércoles sus empleados deberán seguir llevando mascarilla, según explican fuentes de la empresa.

En ese ‘impasse’ se encuentra también la dirección de Glovo. Desde sus oficinas en el Poblenou de Barcelona, donde operan 1.800 empleados, explican que tampoco tienen claro qué va a pasar con los tapabocas en sus zonas interiores y están estudiando la reacción de empresas y sectores similares para acompasar su respuesta. Esas mismas fuentes remarcan que mantienen el formato de teletrabajo híbrido (3 días en casa y dos en la oficina) para minimizar el contacto entre empleados.

Patronales y sindicatos piden criterios comunes

Las patronales y los sindicatos, por su parte, han sido hasta ahora cautos con las directrices a sus asociados y afiliados, al no poder sustentar los consejos con documentación jurídica. “Vamos a pedir un criterio técnico común. Nos parece irresponsable trasladar esa responsabilidad a las empresas. Los servicios de prevención están para aquellos riesgos laborales, no para controlar la gripalización del covid. La gripe no la controlaban”, afirma el director de la oficina de riesgos laborales de Foment del Treball, César Sánchez. "Exigimos al Gobierno que corrija el real decreto y sea más específico sobre cuándo llevarse mascarilla y cuándo no en las empresas. Y exigiremos esa misma claridad a la Generalitat, que va a tener que actualizar su propia normativa", asevera el secretario general de Pimec, Josep Ginesta.

“Exigimos directrices concretas al Gobierno, porque allí donde tengamos delegados podremos aplicar en la mejor fórmula, pero en las pequeñas empresas donde no la tengamos existe el riesgo de que el empresario decida unilateralmente. Y no puede ser que aquellos que se quieran ahorrar el coste de repartir mascarillas apliquen ese criterio y no el sanitario”, declara la secretaria de política sindical de UGT de Catalunya, Núria Gilgado. “Si desde la Administración no se concreta más vamos a entrar en un periodo de incertidumbre, aunque no de conflicto. Al menos no generalizado. Las empresas van a tener que saber gestionar muy bien la información, las instrucciones y ser muy transparentes”, añade la responsable de salud laboral de CCOO de Catalunya, Mònica Pérez.

Los funcionarios también están a la expectativa

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No solo en el sector privado hay incertidumbre sobre el uso de la mascarilla a partir de mañana, sino también en las administraciones públicas. Fuentes del CSIF explican que aún no han recibido directrices sobre la retirada de las mascarillas en los espacios internos y que seguirán atentos “por que se cumplan las medidas de seguridad, ventilación y separación de los puestos de trabajo a metro y medio”. Es por ello que la central con representación mayoritaria en la administración del Estado ha reclamado la convocatoria extraordinaria de los comités de seguridad y salud laboral en los diferentes ámbitos de las administraciones para evaluar el riesgo y adaptar la regulación interna sobre el uso o no de las mascarillas.

Desde la Generalitat tampoco han tomado todavía una decisión al respecto. "Esta semana se publicará una instrucción, que será la concreción de lo que prevea el Real Decreto [del Gobierno] y que todavía no está publicado en el BOE", afirman fuentes de la 'conselleria' de Presidència. Esas mismas fuentes también explican que una vez estudien la letra pequeña del real decreto citarán a los sindicatos más representativos en la función pública catalana para pactar un proceder sobre si retiran o no el tapabocas.