Cese improcedente

El despido justificado por el alza de precios queda prohibido hasta el 30 de junio

  • Las empresas que reciban ayudas públicas verán endurecidas las condiciones para cesar trabajadores

Cola delante de una Oficina de Treball de la Generalitat en Barcelona para tramitar el paro.

Cola delante de una Oficina de Treball de la Generalitat en Barcelona para tramitar el paro. / FERRAN NADEU

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Gabriel Ubieto
Gabriel Ubieto

Redactor

Especialista en Mercado laboral, empresas, pensiones y las diferentes derivadas del mundo del trabajo

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El despido justificado por causas derivadas de la guerra de Ucrania y la actual crisis energética quedará prohibido a partir de mañana y hasta el 30 de junio. El redactado exacto de la medida todavía no está solventado y la vía que prioriza el Gobierno es la de vetar a las compañías que sean receptoras de ayudas públicas el cese durante dicho periodo. Lo que, dada la amplitud de la intervención pública, endurecerá los ceses a una parte importante del tejido empresairal. Así lo ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este lunes en en una conferencia en El Beatriz Auditórium de Madrid como parte del plan de acción del Ejecutivo contra las secuelas de la invasión rusa. Otra medida que aprobará el Consejo de Ministros será el acceso a los ertes sectoriales para las agencias de viajes.

Desde el Ministerio de Trabajo recuperan la doctrina del "prohibido despedir" que aplicó durante los primeros compases de la pandemia y endurecen las condiciones del cese de trabajadores. Ya no podrán las empresas alegar como despido objetivo los efectos de la escalada de precios para finiquitar a parte de su plantilla. Lo que puede variar según el resultado final del redactado que apruebe el Consejo de Ministros. Puede ir por la vía de obligar a las firmas que despidan a devolver todas las ayudas recibidas o conferir la categoría de improcedente el despido en caso de impugnación, lo que implicaría subir la indemnización de 20 días por año trabajado a 33 días. Así lo interpretaron mayoritariamente los tribunales superiores de justicia cuando tuvieron que pronunciarse sobre ceses impugnados durante la primera etapa del "prohibido despedir".

La medida la avanzó la semana pasada la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en un bloque laboral en el que se añaden nuevas ayudas para que las empresas recurran a los ertes y que no ha sido negociado con patronal y sindicatos. Según coinciden diferentes fuentes del diálogo social, las materias que serán aprobadas en el Consejo de Ministros del 29 de abril no han sido discutidas con ellos. "La música suena bien, pero como todo hay que ver la letra. [...] No nos gusta que vayan en contra de la libertad de empresa", ha declarado el vicepresidente de CEOE y presidente de ATA, Lorenzo Amor.

En las últimas semanas el plan de acción contra las secuelas de la guerra ha sido discutido en el seno del Gobierno y sobre el mismo ha habido divergencias. Díaz avanzó -sin concretar- la semana pasada la intención de incluir un límite temporal a la capacidad de las compañías de modificar unilateralmente las condiciones de trabajo de sus empleados, con el fin de evitar que puedan bajarles el sueldo alegando también problemas financieros derivadas del conflicto bélico. No obstante, dicha medida no está ahora mismo sobre la mesa en aras de no interferir en la negociación bilateral entre patronal y sindicatos para consensuar (o no) un acuerdo de incrementos salariales para los próximos tres años.

Las conversaciones entre los agentes sociales están a expensas de la concreción del paquete de medidas que aprobará el martes el Gobierno y recogerá el BOE el miércoles. Y desde el Ministerio de Trabajo no han querido abordar ninguna materia que incida directamente en asuntos salariales, para no condicionar las mismas, si bien en un primer momento se estudió llevar al Consejo de Ministros. A falta de ver el detalle de los redactados, desde la bancada sindical han echado en falta más recursos para los trabajadores. "Las medidas ligadas al ingreso mínimo vital (IMV) me temo que se van a quedar cortas. España necesita una política de rentas más ambiciosa que mejorar los perceptores del IMV", ha afirmado el secretario general de CCOO, Unai Sordo

La vía ertes

"No tenemos que despedir a nadie, hay que ir al mecanismo erte", ha declarado la vicepresidenta segunda tras la intervención de Sánchez este lunes en Madrid. El Gobierno ya creó semanas atrás el fondo para costear los ertes del Mecanismo RED, pactados con patronal y sindicatos en la reciente reforma laboral. Dicho fondo costeará los ertes de la guerra y venideros, una vez las ayudas a los ertes covid finalizan este 31 de marzo.

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Para el Consejo de Ministros de este martes no está previsto la activación de ayudas extraordinarias para costear ertes, más allá de las agencias de viajes, para las que ya se había anunciado. Estas podrán acceder a un erte sectorial, que concede el 40% de exenciones de las cuotas a la Seguridad Social para las empresas, mientras el Gobierno lo disponga y siempre bajo la obligación de impartir formación a los trabajadores afectados. No está previsto que, de momento, más sectores puedan acceder a este mecanismo especial, ya que desde el Gobierno no han detectado afectaciones generalizadas en otros sectores, tal como ya apuntó el ministro de Inclusión, José Luís Escrivá, en el avance de los datos de empleo de este marzo. Lo que no descarta que en un futuro pueda el Gobierno extender este recurso a más sectores.

Si bien los datos no reflejan todavía dicha afectación, hay compañías de sectores como la industria electrointensiva que ya están estudiando paradas de producción. "El impacto de esta guerra en la economía española no es comparable al impacto de la pandemia. Estamos hablando de un alza de los precios, de la energía y de las materias primas y disrupciones en las cadenas de suministros, no de un parón de buena parte de los sectores productivos", ha declarado este mismo lunes la vicepresidenta primera, Nadia Calviño; en un acto con los autónomos de ATA.