El Gobierno recula y adelanta la reunión con los transportistas para frenar los paros

El Gobierno asume que el paro de los transportistas se le está yendo de las manos y que el miedo al desabastecimiento empieza a agravarse entre las empresas y los ciudadanos. Con el conflicto enquistado, el Ejecutivo ha decidido no esperar al viernes para reunirse con el sector del transporte de mercancías y adelantar a este jueves el encuentro en el que concretará las medidas que pretende ejecutar para bajar el precio del combustible profesional.

El Ejecutivo mantendrá este jueves una nueva reunión con el departamento de mercancías del Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), la plataforma que agrupa a las grandes patronales del sector, pero en la que no están representados los convocantes de los paros. El pasado lunes, Gobierno prometió al sector del transporte un plan de bonificaciones por cerca de 500 millones de euros para mitigar el impacto del alza del precio del combustible -en máximo históricos desde hace varios meses-, pero sin concretar cómo se aplicaría.

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La falta de detalles, más allá de una cifra genérica, llevó a grandes asociaciones empresariales del sector -entre ellas, uno de las más representativas, Fenadismer- a cargar contra el Gobierno y avalar de manera más o menos implícita los paros. Desde el Gobierno se trata de corregir esta situación y se adelanta que la reunión de mañana servirá para “abordar de forma concreta y definida medidas eficaces”.

Fuentes del Gobierno insisten en que se “mantendrá el diálogo con los legítimos representantes del sector el tiempo que sea necesario”, en referencia a que sólo negocia con la CNTC, pero se niega a reunirse con la plataforma minoritaria convocante de los paros, a la que tacha de “ultra” y denuncia el uso de la violencia que han ejercido para amedrentar a camioneros que sí seguían trabajando.

El objetivo del Gobierno con esa bonificación de 500 millones de euros es realizar una rebaja efectiva del precio que pagan los transportistas por el gasóleo profesional, que se financiaría con aportaciones tanto de los presupuestos generales del estado como de las petroleras, tanto las que están en el negocio de la distribución del carburante como las comercializadoras de combustibles (esto es, las gasolineras).

El Gobierno no pretendía concretar su plan para paliar los estragos de la subida del diésel en los transportistas hasta el próximo viernes, cuando estaba prevista la reunión con el Comité Nacional de Transporte por Carretera. “La cuantía específica de la bonificación únicamente podrá concretarse tras la reunión del Consejo Europeo de los próximos 24 y 25 de marzo, para asegurar que el conjunto de medidas del Plan [del Gobierno por la crisis energética] responda de manera coherente a los objetivos planteados”, apuntaba a principios de semana el Ministerio de Transportes.

Cumbre con las petroleras

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se reunieron anoche con máximos ejecutivos de las grandes petroleras y de las asociaciones del sector de los combustibles. El Gobierno les informó de manera genérica a los directivos de la evolución de las negociaciones que se mantienen en el plano europeo y transmitió su preocupación por la evolución del precio los productos petrolíferos y su impacto sobre los consumidores, en particular sobre el sector del transporte profesional. Pero el Ejecutivo no concretó las medidas que prepara para contener el precio de los combustibles y, en todo caso, pidió a las compañías propuestas para conseguirlo.

Ribera y Montero convocaron al consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz; el consejero delegado de Cepsa, Maarten Wetselaar; el presidente de BP España, Andrés Guevara; el presidente de la patronal de las petroleras AOP, Juan Antonio Carrillo de Albornoz; y el presidente de la asociación de operadores independientes UPI, José María Gordo.

El Gobierno ha venido descartando aplicar rebajas fiscales a los combustibles para bajar el precio, alegando que el transporte profesional cuenta con la fiscalidad mínima que permite la normativa europea y que los transportistas ya se pueden deducir el importe del IVA del carburante. El Gobierno se ha comprometido también a adelantar la aprobación de otra reclamación histórica del sector, como es la devolución mensual del combustible profesional, en lugar de trimestral como se produce actualmente.