¿Quién convoca el paro de transportistas? ¿Es una huelga o un paro?

La organización convocante es la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera, una organización compuesta sobre todo por autónomos. No está reconocida por el ministerio como un interlocutor del diálogo social, ni está integrada en ninguna de las grandes patronales (CETM, Fenadismer, Fetransa, Feinsa, Astic). Estas últimas sí que participan en las reuniones con el Gobierno y los sindicatos como parte del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), el órgano en el que se integran las organizaciones más representativas del sector. Aunque la plataforma convocante era considerada hasta ahora minoritaria, ha conseguido en apenas unos días causar graves disrupciones en la cadena de suministros de la industria (sobre todo alimentaria) por la combinación del paro de sus asociados y las acciones de presión a los conductores no alineados con ellos.

No, porque la plataforma no es una organización sindical, que son las que tienen el derecho legal reconocido a convocar ese tipo de protestas. Por lo tanto, ninguna de las acciones que están protagonizando los transportistas que secundan la protesta está cubierta por la regulación de la huelga (el derecho de los trabajadores a acogerse a ella sin que la empresa pueda tomar represalia alguna más que descontarles del salario los días que no trabajen, la organización de piquetes informativos…). De hecho, los sindicatos se quejan de que los concentrados están obligando a parar a camioneros asalariados a los que sus empresas pueden despedir o sancionar por no cumplir con sus obligaciones, al no haber convocada una huelga formal bajo la que ampararse.

Cuando ya van cinco días desde el inicio de los paros, ya son muchos los sectores que han visto alterada o interrumpida su producción, y se están generando algunos casos de desabastecimiento en puntos de venta al consumidor final. Sectores como el lácteo, el de la aceituna de mesa o el de la cerveza han anunciado problemas de suministro que les están obligando a detener su actividad. Las grandes patronales de la distribución cifran las pérdidas ocasionadas hasta el viernes en 600 millones de euros, y avanzan que hasta 100.000 puestos de trabajo pueden estar en peligro si las protestas se prolongan.

La lista de reivindicaciones de la plataforma es amplia y alcanza a varias facetas del mundo del transporte, pero la queja principal viene motivada por el alza de los precios del combustible. Sindicatos y patronales han pedido al Gobierno que tome medidas ya en ese ámbito para contribuir a desactivar los paros, y sobre todo los bloqueos a los centros de producción y distribución, donde se han registrado en los últimos días incidentes violentos. Por otro lado, los agentes sociales piden también “contundencia” contra los que agreden a los transportistas que quieren trabajar. Después de unos días de inacción, el Gobierno ha movilizado a más de 23.000 agentes de las fuerzas de seguridad para tratar de evitar los episodios de coacción, pero no parece por el momento dispuesto a adelantar las medidas anticrisis, que quiere presentar en el Consejo de Ministros del próximo día 29.