Los asesores fiscales defienden suprimir el impuesto del patrimonio

Nuevo rechazo al impuesto del patrimonio. El Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) aboga por suprimir este gravamen que casi es una singularidad del sistema tributario español en Europa. Tras una serie de sesiones para analizar la reforma fiscal necesaria en España, en el mismo día en que la comisión de expertos constituida por el ministerio de Hacienda para elaborar su catálogo de propuestas al Gobierno, este colectivo, uno de los que agrupa a más profesionales del sector, defiende entre sus conclusiones eliminar este tributo, según ha explicado el presidente del Consejo General de Economistas, Valentí Pich

"Convendría plantearse seriamente la eliminación del impuesto sobre el patrimonio porque en la actualidad ha perdido potencia recaudatoria, al no aplicarse en todas las comunidades autónomas, y porque en Europa solo está vigente, además de en España, en Suiza y en Noruega, si bien podría transformarse en una declaración informativa, solo para patrimonios que superen un determinado umbral, con lo que se suprimiría la declaración de bienes y derechos en el extranjero, y la información que esta contiene se incorporaría a la nueva".

Impuesto dual

Esta es una de las conclusiones de los asesores fiscales. Mientras, los expertos agrupados hace un año por Hacienda evalúan otras posibilidades como un mínimo exento más elevado y común en todos los territorios. Otra opción sería un tributo dual, es decir, un modelo como en EEUU en el que además de la cuota autonómica se crearía la cuota estatal, de acuerdo a un mínimo exento y una escala de gravamen aplicable a todo el Estado. Pero solo se ingresaría al Estado la diferencia entre la cuota estatal y la cuota autonómica, con el límite de la primera de ellas.

Así, por ejemplo, si la cuota estatal diera como resultado 100 euros y la autonómica, cero, el total de los 100 euros pagados por los contribuyentes de esa comunidad irían a las arcas de Hacienda. En cambio, si la cuota autonómica fuera de 100 euros, el Estado ingresaría cero euros. Si la cuota autonómica fuera de 120 euros, la totalidad de ellos serían para las arcas de la autonomía en cuestión. Este modelo dual, en definitiva, garantiza, una imposición mínima sin que las autonomías pierdan la capacidad normativa sobre el tributo y evitaría deslocalizaciones de contribuyentes por motivos fiscales, como sucede actualmente con la Comunidad de Madrid, convertida en un imán debido a que no exige el pago de este impuesto.

También la patronal catalana Foment del Treball, que promovió un recurso de inconstitucionalidad contra el gravamen ante el Defensor del Pueblo, aboga por la supresión del tributo. Fue el PP, que no lo suprimió durante la última legislatura en la que gobernó (se reinstauró en 2011 y se ha ido prorrogando su vigencia través de los presupuestos generales del estado, hasta convertirlo en permanente en los de 2020), el que recogió el guante y lo llevó ante el Constitucional por la subida aprobada por el Ejecutivo actual.

Doble y triple tributación

Los asesores del REAF defienden la necesidad de que la riqueza tribute porque es necesario para que haya más recaudación y redsitribución. Pero abogan por "eliminar la doble o triple tributación que se produce en algunos casos, como en determinados inmuebles, que se gravan por el IBI, por el Impuesto sobre el Patrimonio y por el IRPF –imputación de rentas inmobiliarias–".

A su vez apuestan por armonizar el impuesto de sucesiones y donaciones, con el que existe mucha disparidad territorial, desde no pagar hasta una carga muy elevada. El REAF pide armonizar su regulación hasta llegar a la base liquidable, y dejando capacidad normativa a las comunidades autónomas para establecer los tipos impositivos, "pero solo dentro de un rango, pudiéndose regular deducciones en cuota, de forma limitada, para los parientes más cercanos". También defienden suprimir las deducciones y bonificaciones y establecer tipos impositivos diferentes en función del parentesco, entre otras medidas.

Los economistas consideran que España parte de un sistema tributario moderno y adecuado a nuestro tiempo, con unos impuestos troncales perfectamente homologables en el entorno europeo o de la OCDE, pero que convendría retocar para adaptarlos a las nuevas realidades económicas y sociales, y para mejorar determinados aspectos técnicos.