Seguridad Social

Así son los fondos de pensiones públicos a los que dará luz verde el Gobierno

Buscan fomentar el ahorro para la jubilación entre funcionarios, autónomos y trabajadores de pymes

La Administración los pilotará, pero no los garantizará

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, presenta en rueda de prensa los datos del avance quincenal de afiliación a la Seguridad Social en el mes de febrero. EFE/Miguel Oses

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, presenta en rueda de prensa los datos del avance quincenal de afiliación a la Seguridad Social en el mes de febrero. EFE/Miguel Oses

4
Se lee en minutos
Rafa Bernardo

El ministro de Inclusión ha confirmado este viernes que el anteproyecto de ley que pondrá en marcha los fondos de pensiones impulsados por el sector público recibirá la luz verde del Consejo de Ministros el martes que viene. A la espera de los últimos detalles -el departamento de José Luis Escrivá confirma que sigue retocando el texto- estos van a ser los principales ejes de una iniciativa que todavía tendrá que pasar por las Cortes antes de adoptar su forma definitiva.

La Administración dispone, pero no garantiza

El anteproyecto establece que será el Gobierno el que promueva la creación de los nuevos fondos de pensiones de empleo, que están pensados para fomentar el ahorro de los ciudadanos de cara a su jubilación, de forma que puedan disponer de rentas adicionales a las que les proporcionan las pensiones públicas. Para ello, el Ejecutivo se garantiza un papel preeminente en las dos instituciones fundamentales que creará la nueva ley: la Comisión Promotora y de Seguimiento (CPS), que diseñará y tendrá la última palabra sobre los fondos, y la Comisión de Control Especial (CCE), que se ocupará de su supervisión. 

Eso sí, este papel de la Administración no implica que el sector público tenga que responder ante posibles pérdidas de estos vehículos de ahorro: la norma deja claro que la presencia del Estado “no supondrá en ningún caso garantía de la preservación del valor de las aportaciones o contribuciones efectuadas al plan de pensiones ni de la rentabilidad asignada a dichas aportaciones o contribuciones”. En otras palabras, si las cosas van mal, no cabe esperar un rescate con dinero público.

La gestión será privada

Aunque el Gobierno se adjudique la iniciativa en el lanzamiento de los fondos, el manejo del dinero de los partícipes lo hará el sector privado, pero con reglas, límites y controles establecidos desde el Estado. Cada fondo será administrado por una entidad gestora, con el concurso de una entidad depositaria, que dispondrán de los activos de los partícipes “tomando en cuenta la rentabilidad, el riesgo y el impacto social de las inversiones” a partir de una serie de criterios comunes y en el marco de una estrategia que fijará la CPS. Las entidades serán seleccionadas también por la CPS mediante un “procedimiento abierto” en el que se les exigirán requisitos de solvencia y capacidad “para que se garantice una alta calidad en la gestión”.

Las cantidades que estas entidades podrán cobrar por su gestión a los partícipes estarán limitadas reglamentariamente, puesto que uno de los propósitos de esta norma, según ha repetido Escrivá en distintas ocasiones, es lograr que las comisiones sean mucho más bajas que las de los planes de pensiones individuales.

Objetivo: funcionarios, autónomos y empleados de pymes

Otra de las metas de esta norma es lograr que colectivos que se han servido poco hasta ahora de los mecanismos colectivos de ahorro para la jubilación tengan la posibilidad de acceder a ellos. Singularmente, se trata de fomentar la participación de los empleados públicos (sobre todo los de “las entidades locales pequeñas y medianas”), la de los autónomos y la de los trabajadores “de pequeñas y medianas empresas”. Así, los planes de pensiones de empleo promovidos por administraciones, empresas incluidas en acuerdos sectoriales vinculados a la negociación colectiva y asociaciones de autónomos o colegios profesionales y mutualidades podrán integrarse en los fondos de pensiones de promoción pública. La ventaja para ellos sería -según el Gobierno- beneficiarse de las comisiones más bajas y de las garantías de control y transparencia que ofrecen estos nuevos vehículos frente a otras alternativas disponibles en el mercado.

El Ejecutivo espera conseguir con estas medidas que el porcentaje de ocupados con acceso a un plan de empleo, que ahora es un poco superior al 10%, se sitúe en niveles europeos (entre un 25% y un 90%).

Ventajas fiscales para los partícipes

Otra de las fórmulas con las que el Gobierno espera seducir a los ciudadanos para que se apunten a planes de pensiones de empleo (en este caso, tanto si se integran en los fondos públicos como si no) es la de ofrecerles la posibilidad de aplicarse beneficios fiscales mayores a los que reciben de optar por un plan individual. En los últimos borradores de la norma, la posibilidad de reducción de la base imponible por aportaciones a estos vehículos de ahorro quedaba limitada a 1.500 euros anuales en el caso de los individuales, pero sube hasta 8.500 para los de empleo.

Noticias relacionadas

También a las empresas se les ofrecerán incentivos para aportar a los planes de pensiones de sus empleados, en forma de exenciones en las cotizaciones a la Seguridad Social.

Los agentes sociales participan

Aunque la Administración -y sobre todo el ministerio de Inclusión- se otorgue la voz cantante en el pilotaje de todo el sistema de fondos de pensiones públicos, la norma prevé un papel para los representantes de las empresas y de los trabajadores, que son al final los que ponen el dinero en los planes. Así, se dispone que en la CCE haya varios miembros procedentes de las organizaciones sindicales y patronales más representativas, siempre que posean "experiencia, conocimiento, capacidad de supervisión y gestión". En el último borrador que Inclusión hizo llegar a los agentes sociales, se establecía que en ese organismo habría 13 miembros, cinco del ministerio, cuatro de los sindicatos y cuatro de la patronal, pero esas cifras han variado a lo largo de las negociaciones y no se descarta que vuelvan a cambiar en el redactado final.