Soc Mobilitat: una concesión rescatada por falta de actividad

CaixaBank, que es a la vez accionista y financiador de la Societat Catalana per a la Mobilitat (Soc Mobilitat), mantiene congelado el crédito a la compañía encargada de implantar la T-Mobilitat, el sistema para sustituir las tarjetas de viaje de cartón, a la espera de la reformulación del contrato de concesión y la incorporación de un nuevo plan financiero, según fuentes próximas a la sociedad. La activación de los recursos estaba ligada a la consecución de una serie de hitos que, sistemáticamente, se han incumplido en los últimos años en un proyecto que lleva seis años de retraso. Además de la entidad financiera, la sociedad tiene como principales accionistas a Indra, Fujitsu y Marfina (del grupo familiar Moventia), cada uno con el 23,50% del capital. Con participaciones menores, del 2% cada una, figuran también las sociedades públicas Ferrocarrils de la Generalitat y TMB (bus y metro).

Pese a la tensión vivida hace unos meses por los incumplimientos, desde la entidad financiera afirman que, tanto desde su vertiente de socio de la empresa adjudicataria como desde la financiera, siempre han ofrecido "el apoyo que ha sido necesario para sacar adelante un proyecto que es complejo, pero también necesario". Y añaden que seguirán "prestando ese apoyo, especialmente ahora que se encara ya la fase final de despliegue y puesta en marcha".

Retrasos y despropósitos

En todo caso, los retrasos y despropósitos en la implantación de esta modalidad que persigue sustituir las tarjetas de cartón que emplean los usuarios, que se utilizan en numerosas ciudades del mundo, han disparado los costes de proyecto, que inicialmente eran de 58 millones, hasta el entorno de los 100 millones de euros.

La Autoritat del Transport Metropolità (ATM), de la que la Generalitat controla el 51%, ha decidido adelantar hasta 14 millones de euros a Soc Mobilitat para evitar la quiebra, ya que la compañía, constituida el 10 de octubre de 2014, carece de financiación suficiente y de actividad que le proporcione ingresos. Si incumple los compromisos renovados, la concesionaria tendrá que devolver el dinero. Esta operación, de la que ya se han adelantado 10,6 millones, según el diario 'Ara', equivale a un rescate que se llevó a cabo para evitar que el proyecto naufragara, según un informe de la ATM.

Deuda de largo a corto

Las auditorías de la sociedad realizadas por KPMG llevan tiempo lanzando alertas. En las de las cuentas de 2020 se afirmaba: "Con motivo del retraso en la implementación del proyecto T-Mobilitat, la sociedad ha recibido en el mes de abril de 2020 un escrito de la entidad financiera otorgante del contrato de financiación en referencia al incumplimiento de determinadas obligaciones derivadas del citado contrato, manifestando la existencia de causa de vencimiento anticipado del crédito y del contrato de permuta financiera, lo que afecta adicionalmente a la disponibilidad de dicho contrato de financiación, para la cual se requieren aprobaciones adicionales por parte del banco".

Todo ello apuntaba a "la existencia de una incertidumbre material que puede generar dudas significativas sobre la capacidad de la sociedad para continuar como empresa en funcionamiento". En sus informes el auditor, además de explicar que la compañía no le facilitaba toda la información, lo que le impedía determinar el impacto financiero de las demoras en el proyecto, resaltaba malas praxis, como la contabilización de más de 96 millones como deuda a largo plazo, que, en realidad, debería incorporarse en las cuentas de 2019 y 2020 como deuda a corto. Eso supondría una exigencia de devolución inmediata por parte del banco.

Peligro de descarrilamiento

El anticipo de la ATM, que ha paralizado el naufragio del proyecto, se tendrá que descontar de los ingresos mensuales por tarifa de gestión de Soc Mobilitat de los dos últimos años de concesión, 2032 y 2033. ATM y la concesionaria han acordado ya cuatro modificaciones contractuales, en 2017, en 2020 y otras dos en 2021. El objetivo inicial era que el sistema se empezara a implantar en 2016 y que en 2018 funcionara ya en todo el territorio, unos planes que con los distintos cambios se han ido retrasando.

En la actualidad, aún no está en marcha e, incluso, ha corrido el riesgo de descarrilar. Los socios de la compañía evitan dar explicaciones sobre este fiasco, que empezó por cuestiones tecnológicas y en el que se cruzó también la pandemia, y remiten a ATM. Uno de ellos, que a la vez es financiador, CaixaBank, agotó su paciencia y restringió el crédito concedido por incumplimiento, lo que ha desembocado en el rescate de la ATM.

En una comparecencia en el Parlament en 2019, el entonces 'conseller' de Territori, Damià Calvet (hoy presidente del Port de Barcelona), afirmó que se habían abierto hasta siete expedientes a la sociedad concesionaria por los retrasos. También afirmó que se habían remitido hasta 36 avisos oficiales alertando de los retrasos detectados a la sociedad concesionaria.

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