Morosidad

La Plataforma contra la Morosidad advierte de una explosión de impagos a partir de mayo

El plazo medio de pago de las facturas bajó a 72 días en el sector privado y a 61 días en el público en 2021

Antoni Cañete, nuevo presidente de Pimec

Antoni Cañete, nuevo presidente de Pimec / Ricard Cugat

Rosa María Sánchez

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El plazo medio de pago de las facturas en España sigue por encima del límite legal (60 días en el sector privado y 30 días en el público), pero en 2021 se produjo "un significativo descenso", según la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM). En su informe sobre el ejercicio pasado, la Plataforma rebaja a 72 días el plazo medio de pago de las facturas en el sector privado, frente a los 77 de 2020. En el caso del sector público, el plazo medio bajó de 77 a 61 días. Sin embargo, el informe advierte del riesgo de una cadena de impagos a partir de mayo, cuando finalice el periodo de carencia de los créditos ICO otorgados a en torno a un millón de empresas.

Desde el punto de vista de Antoni Cañete, presidente de la PMcM, la mejora en los plazos de pago lograda en 2021 "tiene mucho que ver con las medidas de liquidez tomadas por el Gobierno frente a la crisis del covid", algunas de ellas condicionadas al cumplimiento de los plazos de pago. Así, tanto los créditos ICO para empresas como la inyección de fondos covid a comunidades autónomas y ayuntamientos han contribuido -según la Plataforma- a agilizar el pago de facturas. "Esto demuestra que las ayudas condicionadas a pagar las facturas pendientes mejoran los plazos de pago, aunque siguen lejos del máximo legal", explicó Cañete este miércoles durante la presentación de los resultados del informe elaborado a partir de una encuesta a 800 pequeñas y medianas empresas representantivas del conjunto del país.

Tras saludar la mejora de los plazos de pago en 2021, el presidente de la patronal advirtió de que la tendencia se puede torcer gravemente a partir del mes de mayo, cuando caduque el periodo de carencia de los créditos ICO y las pymes tengan que empezar a hacer frente a su devolución. “Cuando esto ocurra vamos a asistir a una rotura de la cadena de pagos importante; no olvidemos que medio millón de empresas están en riesgo de quiebra principalmente por el retraso en los pagos”, alertó Cañete. 

De momento, la ratio de morosidad de los encuestados (% de impagos respecto al total de facturación), se cifró en 2021 en el 4,8%, ligeramente inferior respecto al 5,4% del 2020. 

"Si no tomamos medidas que garanticen la obligatoriedad en el cumplimiento de los plazos de pago vamos a tener en la morosidad la principal causa del cierre de empresas", añadió Cañete. Desde este punto de vista, la PMcM considera urgente que el Gobierno permita avanzar en la tramitación del régimen sancionador que permanece atascado en el Congreso de los Diputados desde mayo de 2020.

Las grandes, peor pagadoras

Para el 61% de los encuestados, el tipo de cliente por tamaño de empresa que más tarda en pagarles son las grandes compañías (las que tienen una facturación superior a 50 millones de euros). Según los encuestados, el 80% de las grandes empresas superan el plazo legal de pago de 60 días: el 38% paga entre 60 y 90 días, mientras que el 42% de las grandes empresas abonan sus facturas en plazos superiores a los 90 días. Solo el 20% de ellas pagan dentro del plazo legal.

En el caso de las pymes, el informe muestra que el 49% de ellas abona los pagos en plazo; hay un 45% que liquida sus facturas en un plazo entre 60 y 90 días, mientras que otro 5% rebasa ese límite.

Además el informe constata que en 2021 el 66% de los proveedores tuvo que aceptar contratos o acuerdos comerciales con clientes (de los sectores público y privado) que les imponían plazos de pago superiores a los permitidos por la ley (30 ó 60 días respectivamente).

A esto también se suma que, en caso de sufrir impagos, el 83% de los proveedores nunca o casi nunca exigieron a sus clientes morosos los intereses de demora; y el 92% de los proveedores no exigieron la indemnización legal de 40 euros por costes de recobro en caso de retraso o impago.