Prestaciones sociales

Las políticas de apoyo ligadas al Ingreso Mínimo alcanzarán a más de 70.000 personas

El ministerio de Inclusión ha acordado con nueve autonomías, dos ayuntamientos y cinco ong la puesta en marcha de proyectos piloto para ayudar a los perceptores de la prestación a salir de la pobreza

Las políticas de apoyo ligadas al Ingreso Mínimo alcanzarán a más de 70.000 personas
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Rafa Bernardo

El Ingreso Mínimo Vital (IMV), que desde que se aprobó en mayo de 2020 ha ido entrando en funcionamiento por entregas, comienza en 2022 uno de sus capítulos más importantes: la puesta en marcha de los itinerarios de inclusión, los programas que harán que el IMV deje de ser una ayuda solamente económica y se convierta en un plan completo para ayudar a los perceptores a salir de la situación de pobreza y exclusión. El ministerio de Inclusión ha pactado ya con 16 instituciones -autonomías, ayuntamientos y ong- la puesta en marcha de distintos proyectos piloto de apoyo a los beneficiarios de esta prestación, que se desarrollarán a lo largo de año y medio y que está previsto que alcancen, según datos del departamento que dirige José Luis Escrivá, a 77.061 personas.

Cada una de las entidades participantes ha diseñado su plan con su propio enfoque en función de sus necesidades, intereses o fortalezas; así, por ejemplo, el convenio con Asturias persigue la inclusión social digital, con medidas como bonos para la compra de tablets y para conectar la casa a internet durante un año o itinerarios formativos en grupos de seis participantes que se impartirán por todo el territorio del Principado; la ong Save the Children se centrará en la transición de familias con niños de la exclusión social a la plena integración social y laboral con medidas que actúen “sobre el conjunto de la unidad familiar”; y el Ayuntamiento de Madrid ha planteado intervenciones que, además de la atención sociolaboral característica de estos programas, incluya también medidas de “descargo familiar” (apoyo para la conciliación, como la supervisión de los menores o su acompañamiento en sus trayectos a los centros educativos), y “estrategias de parentalidad positiva” (que reduzcan el “estrés familiar” y permitan a los adultos centrarse en su integración laboral).

Además de las instituciones ya mencionadas, participan también en los proyectos piloto los gobiernos autonómicos de Aragón, Castilla-La Mancha, Ceuta, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Navarra y País Vasco, el Ayuntamiento de Barcelona y las ong Plena Inclusión, Hogar Sí, Fundación Secretariado Gitano y Cáritas.

Ensayo controlado aleatorizado

Estos convenios se firmaron en los últimos compases de 2021, se están haciendo públicos a lo largo de las últimas semanas (este mismo lunes se presentaba en Toledo el convenio entre Inclusión y Castilla-La Mancha) y este martes han empezado a publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Se financiarán con los fondos europeos Next Generation UE (109 millones de euros entre los 16 convenios), y además de los controles y condiciones habituales presentan una exigencia extra para las instituciones que los ejecutan: que se evalúe su eficacia mediante la metodología del ensayo controlado aleatorizado (RCT, por sus siglas en inglés), esto es, que entre los beneficiarios se seleccione un grupo al que se le aplican los nuevos programas y otro al que no (el grupo de control), de forma que se pueda comprobar el impacto de las medidas con rigor empírico. La misma técnica que se emplea, en definitiva, en las investigaciones clínicas para probar los nuevos medicamentos.

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Además de este procedimiento de evaluación, Inclusión ha pactado con el Banco de España una capa extra de análisis: el Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI), dependiente de la institución supervisora, realizará investigaciones a partir de los resultados obtenidos en los proyectos piloto. Los datos, convenientemente anonimizados, los facilitará el ministerio, y CEMFI aportará a partir de ellos estimaciones del impacto de las medidas en la inclusión sociolaboral. El propio Escrivá destacaba, durante la firma del acuerdo con el Banco a mediados del mes pasado, que este tipo de fórmulas permite hacer "políticas públicas con un enfoque distinto, basado en los datos, la evidencia y la evaluación", y que "la evaluación independiente permite diseñar políticas robustas que perduran en el tiempo".

Los itinerarios de inclusión no sólo están previstos como posibilidad en la norma del IMV desde su diseño; también están comprometidos con Bruselas, y la puesta en marcha de los proyectos piloto es una de las condiciones para recibir a cambio los fondos europeos. El documento que regula exactamente los hitos que hay que cumplir para activar los desembolsos, el llamado Operational Agreement, consigna que en el primer trimestre de 2022 el Gobierno ha de publicar en el BOE ocho convenios con "administraciones públicas subnacionales, agentes sociales y entidades del Tercer Sector" que recojan itinerarios pensados para aumentar el número de beneficiarios y la efectividad del IMV; ese paso se ha cumplido esta semana. Para el primer trimestre de 2023, el acuerdo con la Comisión Europea especifica que tendrán que estar firmados otros 10 convenios, y en el primer trimestre de 2024 la evaluación de los 18 ha de estar completada y publicada.