¿Qué implicaciones tiene el varapalo europeo a la declaración de bienes en el extranjero?

Aquellos contribuyentes que regularizaron a través de una declaración complementaria en su día voluntariamente los bienes opacos al fisco que tenían en otros países pero a la vez lo impugnaron podrían beneficiarse de la devolución de lo liquidado, explica Luis del Amo, secretario general técnico del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), siempre en el supuesto que no hubieran transcurrido más de cuatro años. De hecho hace tiempo que se conoce que España tenía abierto un proceso por esta cuestión.

En los casos en los que se hubiera liquidado o regularizado, las posibilidades de ganar en los tribunales son elevadas, explica Del Amo. El fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) es bastante contundente, en especial en el aspecto de las sanciones, que son más elevadas que con los bienes no declarados en España. "Si en su día impugnaron la declaración les darán la razón", afirma Joan Pons Gomar, socio de Audiconsultores ETL Global. Si no han transcurrido cuatro años desde que regularizó o liquidó puede impugnar sino lo hizo en su día, afirma.

Otra vía, aunque más compleja, es recurrir a la responsabilidad patrimonial del Estado, que se puede invocar "por toda lesión que los particulares sufran en sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos y que el daño sea efectivo, evaluable económicamente e individualizado en relación con una persona o grupo de personas y que no tengan el deber jurídico de soportarlo".

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Uno de los aspectos destacados del fallo es que cuestiona que los bienes en el extranjeros no declarados a través del impreso 720 pasaban automáticamente a considerarse ganancias no justificadas y sumarse al resto de rentas del contribuyente, sin posibilidad de prescripción. Además preveía sanciones que podían suponer hasta el 150% del valor no declarado y sanciones de 5.000 euros por cada dato incompleto facilitado a Hacienda; 10.000 por cada dato falso con posibilidad de sumar 100 euros por cada uno por los retrasos.

Este varapalo judicial no es el único recibido por el Gobierno del PP. El Tribunal Constitucional ya anuló la amnistía fiscal aprobada por ese Ejecutivo en 2012.