Sindicatos y patronal se resisten a las prisas del Gobierno con el fondo público de pensiones

Después de que toda la atención negociadora de sindicatos, empresarios y Gobierno se centrase en los últimos meses en la reforma laboral, aprobada a final de año por el Consejo de Ministros, en este comienzo de 2022 se están reabriendo las mesas de diálogo pendientes, como la de la reforma del régimen de autónomos y la de los fondos públicos de pensiones.

El Ejecutivo tiene prisa por encarrilar ambos asuntos, porque se ha comprometido con la Unión Europea a tenerlos listos antes de mediados de año, y así como en la mesa de autónomos se ha encontrado con división de opiniones en las asociaciones del colectivo (algunas están más a favor, otras en contra), en la del fondo de pensiones público se ha encontrado con unanimidad: en la última reunión, este pasado miércoles, se constató que ni patronal ni sindicatos quieren dar su aval a un proyecto que ven "poco maduro", en palabra de uno de los interlocutores sociales.

La última versión del texto que el ministerio de Inclusión ha puesto sobre la mesa, después de meses de borradores y negociaciones, contiene pocos cambios sobre los redactados anteriores, dicen fuentes sindicales y empresariales, y los que hay son de dos tipos: los de carácter menor, y los que no propician el acuerdo, aseguran.

Entre los primeros se cuenta, por ejemplo, la nueva composición de la Comisión de Control Especial de los fondos de pensiones de promoción pública, el organismo que supervisará el funcionamiento de los fondos, que será más equilibrada: según el borrador actual, estará constituida por once miembros, de los que tres serán propuestos por los sindicatos, tres por la patronal y cinco por el ministerio de Inclusión; en la versión anterior, eran 17 integrantes y el departamento de Escrivá tenía una mayoría absoluta (9) frente a los representantes sociales (4 cada uno).

Otro de los cambios menores tiene que ver con los criterios con los que se efectuarán las inversiones de los recursos depositados en los fondos: a las versiones anteriores que ya señalaban que esas estrategias tendrían que ser socialmente responsables, se añade ahora que tendrán que alinearse con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y los principios medioambientales y sociales europeos, así como "estar en consonancia con la transición justa hacia una economía verde y digital propiciada por la Unión Europea", según el texto, al que ha tenido acceso El Periódico de España.

Enfado de la patronal

Frente a esos cambios, que son en definitiva ajustes y precisiones poco controvertidas sobre versiones anteriores, hay una modificación que sí ha provocado malestar entre los empresarios: que se incluya, entre los criterios de selección de las entidades gestoras de los fondos, que "deberá otorgarse una puntuación superior a las entidades gestoras que tengan la condición de entidades sin ánimo de lucro". Este aspecto, que se debatió en el Comité Ejecutivo de la CEOE del pasado miércoles, provoca el rechazo de las patronales del sector financiero y asegurador, que consideran que es una desventaja para las empresas a las que representan.

Por lo demás, el proyecto mantiene la filosofía que lo inspira desde que comenzó la negociación con los agentes sociales, el pasado octubre: la idea es que la Administración impulse fondos de pensiones de empleo para fomentar que los asalariados, autónomos y empleados públicos recurran a esta forma de ahorro colectiva, poco utilizada en España en comparación con los países del entorno europeo.

La idea es que la negociación colectiva sectorial y organizaciones como las asociaciones de trabajadores por cuenta propia puedan promover planes que se integren en estos fondos, auspiciados desde el sector público bajo la forma de una Comisión Promotora y de Seguimiento, compuesta por nueve altos funcionarios de los ministerios de Inclusión (cinco), Economía, Trabajo, Transición Ecológica y Hacienda (uno cada uno).

Sin incentivos

El principal reproche que los agentes sociales hacen a la propuesta del ministerio de Inclusión es la falta de incentivos para participar en este esquema, en vez de utilizar los mecanismos actuales para promover planes de pensiones colectivos: "El Estado no pone dinero, no garantiza rentabilidades, no plantea muchas ventajas para sumarse -salvo para los autónomos, a los que les permitiría deducirse hasta 4.250 euros anuales por sus aportaciones a estos planes-, no da incentivos al desarrollo de la negociación colectiva... ¿Por qué es mejor este sistema que uno propio?", dice uno de los consultados. "Además, en los dos órganos de Gobierno de estos planes (la Comisión Promotora y de Seguimiento y la Comisión de Control Especial) la Administración tiene la mayoría, lo que quiere decir que son altos funcionarios los que tienen la última palabra sobre recursos que no aportan ellos, sino las empresas y los trabajadores", apunta otra fuente.

Los agentes sociales no descartan que Inclusión envíe nuevos borradores y sean convocados de nuevo para negociar, aunque ven al Gobierno decidido a aprobar el proyecto cuanto antes. A finales del año pasado, este plan ya fue sometido a una primera lectura en el Consejo de Ministros, y el siguiente paso pendiente es su aprobación en segunda lectura y su remisión a las Cortes para que se tramite como Proyecto de Ley. "Sin el apoyo de sindicatos y empresarios, el Gobierno tendrá que ingeniárselas para conseguir la mayoría en una propuesta que, en principio, no cuenta con el apoyo ni de la derecha ni de los socios de la investidura", apunta uno de los consultados. En el Ejecutivo admiten que el plan es aprobar el proyecto "próximamente", aunque no se comprometen con ninguna fecha.