Reforma laboral

La apuesta de los rectores por la temporalidad en la investigación indigna a los sindicatos

UGT y CCOO exigen que se aproveche la reforma laboral para extender los contratos indefinidos en una actividad precarizada

La apuesta de los rectores por la temporalidad en la investigación indigna a los sindicatos
3
Se lee en minutos
Rafa Bernardo

La reforma laboral no sólo se pelea en las mesas de diálogo social y en los despachos del Congreso de los Diputados: también es polémica en las universidades. Los sindicatos rechazan frontalmente la petición de la Conferencia de Rectores de que se cree una figura similar al contrato de obra y servicio, muy utilizado hasta ahora en el ámbito de la investigación y que quedará eliminado a finales de marzo por la nueva norma, y exigen a los líderes de la Universidad que aprovechen la oportunidad para fomentar los contratos estables en una actividad a menudo temporal y mal pagada.

Ante la nota emitida esta semana por la Conferencia de Rectores (CRUE) en la que alerta de "impactos negativos [...] en el ámbito de la investigación" por la supresión de esta fórmula de contratación temporal, el Vicesecretario General de Política Sindical de UGT, Mariano Hoya, responde que "lo que hay que hacer es contratos indefinidos o fijos-discontinuos, con salarios dignos para que los investigadores no se vayan a otros países; resulta lamentable que los rectores reclamen el contrato por obra o servicio, que tanto daño ha hecho a la estabilidad del empleo en este país".

Raúl Olmos, Adjunto a la Secretaría de Acción Sindical de CCOO, añade: "Si hemos hecho una reforma laboral para acabar con la precariedad, y todo el mundo está de acuerdo en que la temporalidad afecta negativamente a la calidad de la investigación, no se entiende que los propios rectores aboguen por esas fórmulas".

Sin problema para contratar

Ante la advertencia del presidente de la CRUE, José Carlos Gómez Villamandos, de que si no se articula una alternativa al contrato por obra o servicio "a partir de abril vamos a tener un gran problema que puede hacer que se pare el sistema de ciencia y tecnología", los sindicatos reponen que los periodos transitorios previstos en la reforma laboral permiten a las Universidades adaptarse a las nuevas fórmulas de contratación.

Los contratos por obra o servicio en vigor antes de fin de año podrán continuar hasta que expiren, con un máximo de tres años; los que se hagan en los meses de enero, febrero y marzo tendrán una validez de seis meses, y además la propia reforma laboral contempla que se puedan seguir haciendo contratos que duren lo mismo que un proyecto de investigación si éste está financiado con fondos europeos, explican en CCOO.

Noticias relacionadas

Además, está previsto que en los próximos meses entre en vigor la nueva ley de Ciencia, actualmente en trámite de audiencia pública, y que contempla fórmulas de contratación mejoradas para los investigadores. A diferencia de la ley de Ciencia en vigor, que avala la contratación temporal, el anteproyecto que irá al Consejo de Ministros en las próximas semanas incluye -en su diseño actual- un nuevo tipo de contrato indefinido, denominado "contrato de actividades científico-técnicas", que podrá estar vinculado a la existencia de financiación para proyectos concretos (en cuyo caso no requerirá pasar por trámite de autorización previa) y que incluye una indemnización por despido asimilable a la de los contratos indefinidos estándar en caso de extinción. También se contempla una indemnización por finalización a las modalidades de contratación predoctoral y posdoctoral, en este caso de 12 días por año trabajado.

Los sindicatos están examinando aún esa normativa, que se ha publicitado esta misma semana, para recabar las aportaciones del sector. En todo caso, la línea de sus reivindicaciones en materia de investigadores será la de que se acabe con las malas prácticas que han propiciado hasta ahora los contratos de obra o servicio: "concatenar contratos a medida que van surgiendo proyectos, contratar a un investigador para un proyecto y que acabe trabajando en tres diferentes, saltos de un proyecto a otro... esas irregularidades han hecho de España el país del mundo desarrollado con mayor nivel de precariedad entre sus investigadores", apunta Olmos.