Negociaciones en el Congreso

El apoyo de ERC a la reforma laboral pasa por los geriátricos catalanes

Los republicanos y el PNV coinciden en reclamar al Gobierno la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales para votar 'sí' en el Congreso a la norma laboral

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Gabriel Ubieto

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Cuando las patronales y los sindicatos más representativos de Catalunya firmaron el pasado 7 de febrero del 2021 el primer convenio colectivo catalán del sector de la geriatría no sabían que este podría acabar siendo una de las claves para el éxito o fracaso parlamentario de la nueva reforma laboral. Y es que introducir la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales es una de las exigencias compartidas de ERC y PNV para prestar sus votos al Gobierno de coalición y asegurar así que una de las normas estrella de la legislatura sea convalidada en el Congreso

El pasado 7 de febrero UGT, CCOO y las patronales ACRA, UCH y CAPSS firmaban el primer convenio autonómico que en Catalunya regulaba el sector de las residencias concertadas, pactando, entre otros, un incremento del 6% de los salarios, habilitado este por los recursos extras dotados desde la Generalitat. El problema vino meses después, cuando desde las cúpulas estatales de las patronales se impugnó y judicializó el acuerdo. Actualmente la ley establece que los agentes sociales a nivel autonómico solo pueden negociar un convenio propio si así se lo autorizan desde el ámbito estatal. Algo que ERC y PNV quieren cambiar para reforzar la autonomía de la negociación colectiva desde sus respectivos territorios y reforzar la singularidad de sus relaciones laborales. 

Según los registros oficiales del Ministerio de Trabajo, en Catalunya rigen un total de 24 convenios de corte autonómico -como el de geriatría- que dan cobertura a 338.474 trabajadores, sobre una población asalariada de 2,9 millones de trabajadores, es decir, cubren al 11,7% de los asalariados catalanes. La negociación colectiva se estructura habitualmente por el ámbito provincial o estatal, siendo la autonómica una esfera residual en la mayoría de territorios. En España, sobre una población asalariada de 15,3 millones de trabajadores, solo 877.858 empleados (el 5,7%) están referenciados a un convenio colectivo autonómico de ámbito pluriprovincial. No así Euskadi, donde la concertación ha empujado la negociación colectiva hacia esa esfera y tanto patronales como sindicatos tienen firmado desde el 2017 que los convenios autonómicos prevalecen sobre los estatales. Acuerdo que lleva la firma del actual secretario general de CCOO, Unai Sordo, entonces líder de la federación vasca. 

"Consideramos imprescindible dar preponderancia a los convenios catalanes y reforzar y dotar de más herramientas a la Inspección de Trabajo de Catalunya", fijaban posición el presidente de ERC, Oriol Junqueras, y el portavoz en cuestiones laborales en el Congreso, Jordi Salvador, en un reciente artículo en 'Público.es'

Equilibrios entre el Congreso y la CEOE

La pieza de los convenios autonómicos es la menos lesiva para las empresas de la larga lista de modificaciones que plantean los republicanos en relación a la reforma laboral. Pues en las múltiples reivindicaciones de ERC figura encarecer el despido, recuperar la autorización administrativa de los eres o los salarios de tramitación, entre otros. Elementos que generan el rechazo frontal de la CEOE y que, de introducirse, provocarían su descuelgue de un acuerdo al que ya entraron por la mínima, tal como ya alertó el líder de los empresarios, Antonio Garamendi.

La prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales no gusta en CEOE, así como tampoco en UGT. Sí en CCOO -tal como dejó por escrito en su reciente congreso confederal-, al igual que en patronales regionales como Pimec. En esa red de equilibrios entran otros potenciales aliados del Gobierno de coalición en el Congreso, como el PNV o EH Bildu, que necesitan vender a sus electorados alguna mejora respecto a la reforma pactada con los agentes sociales para apoyarla. Y es que con la pieza de los convenios autonómicos el PSOE y Unidas Podemos podría reeditar parte de la mayoría de la investidura, no generar un incendio incontrolable en el diálogo social y evitar depender de las abstenciones de PP y/o C’s para convalidar la reforma. 

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