Los concursos de acreedores subieron en 2021 el 30% sobre el nivel prepandemia

El segundo año de pandemia ha puesto contra las cuerdas a miles de empresas. Según los datos del Registro Mercantil que ha recabado la firma analítica Informa, 5.862 compañías se declararon en concurso de acreedores en 2021, un 34% más que en 2020 y un 30% por encima de los niveles previos al coronavirus. Iberinform, otra compañía del sector, ha recopilado los datos del Boletín Oficial del Estado (BOE) y son algo diferentes, pero la conclusión es casi idéntica: 6.051 empresas se declararon insolventes en 2021, un 37% más que el año anterior.

Dicho incremento del número de empresas que no puede hacer frente a sus deudas se ha producido pese a que el Gobierno aprobó a comienzos de la pandemia una moratoria en los concursos que hace que estos dependan desde entonces de la voluntad de las propias empresas principalmente. Normalmente las compañías están obligadas a instar su concurso de acreedores 'voluntario' en los dos meses posteriores a caer en insolvencia, es decir, de llevar tres meses sin pagar impuestos, contribuciones a la Seguridad Social o salarios. También lo pueden reclamar los acreedores (concurso 'necesario'). El Ejecutivo suspendió dicho deber de solicitar la declaración de concurso, así como la obligación del juez de admitir a trámite las solicitudes de los acreedores.

Esta moratoria estará vigente hasta el 30 de junio de este año, para dar tiempo a culminar la tramitación parlamentaria de la reciente reforma de la ley concursal, y es entonces cuando se teme que los procedimiento de insolvencia se amontonen. Sobre todo porque, de momento, la subida está siendo menos drástica de lo que se preveía. "La percepción del sector es que podría ser mucho peor: en una situación de crisis, por mucho que apliques atenuantes como la moratoria, los (créditos con aval público del) ICOs o las ayudas directas, la magnitud de la afectación de la economía es superior (a esos escudos)", afirma el abogado miembro del ICAB Martí Batllori. Este experto en derecho concursal advierte, no obstante, de que para hacer un análisis más profundo de la situación es importante saber qué tipo de concursos se han firmado, puesto que este es un procedimiento que también denota cierta voluntad y posibilidad de reflote.

La cuestión es que los datos que atesoran las dos empresas de análisis del mercado muestran que los sectores con volúmenes más altos o con incrementos más pronunciados son precisamente los más dañados por la pandemia. Por ejemplo, la hostelería, que con 922 de estos procedimientos el año pasado, según Informa, duplica los concursos de acreedores de 2020 y está a medio camino de triplicar (150%) los de 2019.

En la misma línea, el comercio se consolida como el sector con más insolvencias (1.247), una posición que ya era suya antes del covid, pero que se ha consolidado a raíz de la crisis sanitaria. En total, según Iberinform, el sector servicios concentra más de la mitad de los concursos. El otro gran damnificado es el de la construcción y de las actividades inmobiliarias, segunda rama de actividad con más procedimientos (1.100), y otra de las que más crece: un tercio según informa y casi un 50% de acuerdo con Iberinform.

Catalunya, al frente

Como ya es habitual en este tipo de estadísticas, Catalunya es la comunidad que más concursos de acreedores registra, una posición que Batllori relaciona con su mayor cultura concursal. Las más de 1.600 insolvencias formales que le atribuye Informa suponen que la región concentra aproximadamente tres de cada diez casos y que la cifra se dispara un 43% en relación al año pasado y a la situación previa a la pandemia.

Pese a ello, Catalunya tiene por delante otras cinco autonomías donde ha crecido todavía más el número de empresas insolventes, con Castilla-La Mancha y Extremadura en cabeza (alzas superiores al 50%). Ninguna de las dos figura sin embargo entre los territorios con más concursos, un 'ranking' que encabezan Catalunya, Madrid y la Comunidad Valenciana.

El único matiz favorable al territorio catalán es que ese liderazgo no se replica en el estudio de las empresas que se disolvieron el año pasado. Según Iberinform, fueron 26.000 en todo el Estado (un 14% más que en 2020) y es Madrid la que concentra más cierres (aunque también la que aglutina más aperturas), con Andalucía y la Comunidad Valenciana por detrás. En este caso, Catalunya concentra solo un 7% de las disoluciones.

Reforma concursal

El Gobierno envió a finales del año pasado al Parlamento para su tramitación la reforma de la ley concursal, que entre otras aspectos pretende evitar precisamente que las insolvencias se traduzcan en cierres. El proyecto de ley contempla que las empresas viables que se encuentren ante dificultades financieras ocasionales puedan acceder a un procedimiento de reestructuración preventiva de su deuda. También que en determinados casos se puedan perdonar las deudas de los empresarios que se acojan al mecanismo de la segunda oportunidad o que las microempresas dispongan de soluciones específicas para ellas.   

Además, la Seguridad Social y la Agencia Tributaria podrán participar por primera vez en la reestructuración de la deuda de particulares y autónomos en situación de insolvencia, pero de forma limitada. Las quitas que podrán aceptar, así, se limitarán a un máximo de 1.000 euros por cada uno de los dos organismos. El cambio, con todo, no satisface las demandas de las instituciones de todo tipo que llevan años reclamando al Estado que contribuya mediante quitas a reflotar empresas viables en problemas.