El Govern conjura a patronal y sindicatos para desplegar el salario mínimo catalán durante 2022

El ‘conseller’ de Empresa i Treball, Roger Torrent, pretende hacer del salario mínimo de referencia catalán uno de sus “proyectos estratégicos” para el 2022. El republicano hace suya la tarea de desplegar este SMI orientativo en Catalunya, sacarlo del plano teórico en el que lo instaló el hoy ‘president’ Pere Aragonès cuando era ‘conseller’ de Economia durante el anterior mandato y plasmarlo en las nóminas de parte de la población trabajadora catalana. Para ello invoca la complicidad de las patronales y los sindicatos más representativos. Aunque la que le será imprescindible es la del actual titular de Economia, Jaume Giró, pues los agentes sociales coinciden en que el recorrido de ese salario mínimo de referencia pasa por la contratación pública con cláusulas sociales. 

En la última reunión del Consell de Relacions Laborals de Catalunya, el órgano compartido entre el Departament de Treball y los agentes sociales, el despliegue del SMI de referencia catalán se señaló como principal asignatura para el año próximo. En diciembre de 2019, Aragonès presentó un informe en el que cifraba ese suelo mínimo en 1.239 euros brutos (en 14 pagas) para Catalunya, cuando en todo el Estado imperaba un SMI de 900 euros. La Generalitat carece por completo de competencias vinculantes para fijar un salario mínimo propio, pero el entonces ‘vicepresident’ pretendía reforzar la singularidad catalana introduciendo esta cuestión en la negociación colectiva entre patronal y sindicatos. 

Los agentes sociales por aquel entonces no le recogieron el guante, celosos de que desde la Administración les marcaran las pautas de la negociación bipartita. Ahora Torrent vuelve a resucitar el tema y quiere empezar con la elaboración de un análisis cualitativo y de expertos sobre el tema para, posteriormente, presentar un nuevo estudio con esa cifra de 1.239 euros actualizada. Después se abriría un proceso de concertación con Foment del Treball, Pimec, CCOO y UGT sobre cómo implementarla, según explican fuentes de la ‘conselleria’ de Empresa i Treball.

Revulsivo donde la negociación colectiva no llega

Desde la bancada patronal no le cierran la puerta a la medida, pero ponen condicionantes. “Desde Pimec estamos a favor de sentarnos a hablar de salarios, especialmente de aquellos más bajos y en una coyuntura como la actual. Pero siempre que ello esté vinculado a mejoras de la productividad, eficacia o eficiencia”, declara el secretario general de Pimec, Josep Ginesta. Desde Foment del Treball, a preguntas de EL PERIÓDICO, han declinado pronunciarse sobre esta cuestión hasta tener más trabajada y debatida la medida.

Los sindicatos ven en esta medida una herramienta para provocar subidas salariales en sectores donde les cuesta negociarlas con las empresas. “Puede suponer un revulsivo para implementar la subida de los salarios más bajos de los convenios colectivos. Hay miles de trabajadores en Catalunya que están bajo un convenio con las tablas desactualizadas respecto al SMI desde hace años”, afirma la secretaria de acción sindical de CCOO de Catalunya, Cristina Torre. “Convenios vinculados con el servicio de atención a las personas donde no han podido pactarse incrementos salariales porque lo que paga la Administración está tan ajustado que si las empresas suben sueldos se comen el margen”, apunta el secretario de políticas sectoriales de UGT de Catalunya, José Antonio Pasadas.

Giró tiene la llave

“La Generalitat tiene margen para blindar mediante cláusulas sociales que en sus contratas se aplique ese salario mínimo de referencia. Pero para ello hace falta que ponga los recursos”, afirma el secretario general de Pimec. “Si se ajustan bien las fórmulas puede hacerse. La Administración no puede pedirle al contratista unas condiciones económicas que no cubre con el contrato”, coincide Pasadas, de UGT. 

“Si la Generalitat no pone más recursos la medida está condenada al fracaso”, concluye el dirigente de UGT. Y es que este salario mínimo de referencia será una de las muchas pruebas de la salud de la coalición independentista que gobierna la Generalitat. Si bien será Torrent (ERC) quien negocie la implementación de estas medidas junto a los agentes sociales, la mayor dotación de recursos para la contratación pública que demandan tanto patronales como sindicatos depende del custodio de las arcas públicas: el ‘conseller’ de Economia, Jaume Giró. Si el dirigente aupado por Junts tiende la mano y acompaña presupuestariamente la medida, esta tiene visos de prosperar. Y si, al contrario, alega falta de liquidez y no dota de financiación extra a la contratación pública que adopte estas clausulas sociales, el SMI catalán se quedará, como hasta ahora, en un cajón. 

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