Infraestructuras

La Cambra insta al traspaso de Rodalies con inversiones suficientes

Según cálculos de la Generalitat, solo se ejecutó un 14% de los 4.000 millones de euros prometidos en el periodo 2008-2015

Un tren de Rodalies estacionado.

Un tren de Rodalies estacionado. / Ayuntamiento de Mollet

Eduardo López Alonso

Eduardo López Alonso

Por qué confiar en El PeriódicoPor qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Cambra de Comerç de Barcelona ha instado este martes a la Generalitat y al al Estado al "traspaso íntegro" de Rodalies a Catalunya, ampliando el plan inversor para mejorar la calidad del servicio. Rodalies está en el centro de los objetivos del Govern y ha protagonizado buena parte de los debates entre las administraciones, mientras Renfe siempre defiende que es la compañía que está en las mejores condiciones para mantener los contratos con la Generalitat, pero siempre con un plan inversor adecuado. La Comisión Bilateral de Infraestructuras debe evaluar la cuantía de los traspasos de los recursos económicos necesarios para la explotación de los servicios. Entre las obras pendientes resalta el intercambiador de La Torrassa (una vez esté en marcha La Sagrera), una de las piezas clave para la reorganización de los servicios de Rodalies e incremento de la eficiencia del sistema; o el desdoblamiento de la línea R3 en los tramos que seguirán en el tramo Parets-La Garriga (actualmente en ejecución), y que permitirán seguir progresando en el incremento de servicios en esta línea, con desdoblamiento planificado desde hace 20 años. Para el 2030 está prevista la bautizada como línea orbital, o la nueva línea Castelldefels-Cornellà-Barcelona con el tercer túnel ferroviario de Rodalies de Barcelona. 

"Para que el cambio de titularidad sea eficaz, la Generalitat debe poder ejercer su potestad de decisión sobre quién debe operar y con qué estándares de calidad, y la Administración central debe garantizar que Adif ejecute la inversión prevista en el nuevo plan de Rodalies hasta 2030", considera la Cambra. Según cálculos de la Generalitat, solo se ejecutó un 14% de los 4.000 millones de euros prometidos en el período 2008-2015. En esta línea, la Cambra apunta también que la falta de un marco de financiación adecuado del déficit de explotación de los servicios de Rodalies ha impedido el cierre de un contrato programa entre la Generalitat y Renfe durante la última década. "Una vez regularizado el traspaso económico acordado, será necesario formalizar con Renfe el contrato programa", considera la Cambra.

Aunque esta entidad valora los pasos dados para avanzar hacia un traspaso íntegro de los servicios de Rodalies, considera que en una fase posterior deben traspasarse también la totalidad de las infraestructuras a la Generalitat. La Cambra considera que para que el cambio de titularidad sea eficaz, la Generalitat debe poder ejercer su potestad de decisión sobre quién debe operar y con qué estándares de calidad; y la Administración central debe garantizar que Adif ejecute la inversión prevista en el nuevo Plan de Cercanías 2020-2030.

La Cámara valora los acuerdos alcanzados para el traspaso de los recursos económicos necesarios para la explotación del servicio de Cercanías durante la tercera reunión de la Comisión Bilateral de Infraestructuras celebrada el pasado 26 de noviembre. El acuerdo alcanzado ha supuesto el establecimiento de la hoja de ruta para el traspaso de los recursos económicos necesarios paraRodalies y Regionales de Catalunya, que se evaluará económicamente en el marco de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales, y se prevé que se haga efectivo en la Generalitat en los próximos meses.

Precisamente la carencia de un marco de financiación adecuado del déficit de explotación de los servicios de cercanías ha impedido el cierre de un contrato programa entre Generalitat y Renfe durante la última década. Sin este compromiso contractual entre Generalitat y operador, no ha sido posible establecer el nivel de calidad del servicio que requieren los usuarios, ni ofrecer una base suficientemente sólida al operador para planificar y llevar a cabo sus inversiones (por ejemplo, la compra de trenes). Eso siempre ha sido denunciado por Renfe, que aspira a mantener una relación abierta con el Govern y la mejora del servicio con la mejora de la financiación pública de las infraestructuras.

Desde el 1 de enero de 2010, la Generalitat es titular del servicio de Rodalies, con atribuciones para fijar tarifas y horarios, así como para establecer con el operador un compromiso de servicio (en un principio, en base a unos estándares de calidad oficiales y medibles) en el marco de un contrato-programa que, además, debía establecer la base de valoración del déficit de explotación de Renfe-Operadora, a cubrir por la Administración General del Estado. "Hay que arrancar y llevar a cabo este proceso con la necesaria planificación, a la vez que se garantice la indispensable seguridad jurídica en la relación con Renfe, que en estos momentos sigue estando a cargo de los servicios. El contrato programa es la herramienta contractual establecida hasta ahora para ese fin; ahora, finalmente, deja de estar sometido a bloqueo", opina la Cambra, mediante un comunicado.

Para esta institución, el traspaso de las infraestructuras (vía, catenaria, estaciones) representa, pues, el otro tema a trabajar por parte de la Administración General del Estado y la Generalitat en el marco de este traspaso. El Plan de Cercanías 2020-2030 prevé un total de inversiones de más de 6.300 millones de euros, de los que una parte importante (según Adif) se prevén ejecutar en el período 2020-2025 (cerca de 1.490 millones de euros en material rodante y más de 2.400 millones de euros en actuaciones de mejora de capacidad de red - integración urbana y estaciones). La previsión de ejecución sobre el total presupuestado sólo se sitúa en el 19% en 2021, y es el principal foco de conflicto. En el primer semestre de 2021 se han licitado cerca de 300 millones de euros en actuaciones correspondientes al Plan de Cercanías. Para la Cambra, si se sigue con este ritmo podría llegar a alcanzarse el compromiso inversor del Gobierno hasta el 2025, según la Cambra.