Mercado laboral

Todolí: "La única manera de mejorar la economía es que Calviño y Díaz se entiendan"

El profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad de Valencia, Adrián Todolí, publica el libro “Regulación del Trabajo y Política Económica. De cómo los derechos laborales mejoran la economía”

Adrián Todolí

Adrián Todolí / Universitat de València

Gabriel Ubieto

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"La mejor manera, diría que la única, de mejorar la economía es que [Nadia] Calviño y [Yolanda] Díaz se entiendan". Más allá de la relación personal que puedan tener las dos vicepresidentas del Gobierno, esta frase sintetiza la tesis que defiende en su nuevo libro el profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad de Valencia Adrián Todolí. En “Regulación del Trabajo y Política Económica. De cómo los derechos laborales mejoran la economía”, este doctor en derecho y licenciado en economía indaga en la difícil y tortuosa relación entre progreso macroeconómico y derechos laborales. Dos cuestiones clave en el progreso de las sociedades y que en los últimos años el pensamiento económico mayoritario ha presentado como de difícil encaje, cuando no incompatibles. Un mito que Todolí trata de desmontar en su libro. "Los derechos laborales mejoran la economía, por la vía de mejorar la productividad y competitividad de las empresas. Además de reducir la desigualdad social", afirma en conversación con EL PERIÓDICO.

En 1989, con una URSS moribunda y el neoliberalismo bien representado en las presidencias de Ronald Reagan, en Estados Unidos, y de Margaret Tatcher, como primera ministra del Reino Unido, el economista John Williamson acuña el "Consenso de Washigton”. Esta oda de 10 puntos a la desregulación marcó el talante de organismos internacionales como el FMI o el Banco Mundial y, según repasa Todolí en su libro, ha condicionado el debate económico hasta hace bien poco. “Desde los 90 ha prevalecido la desregulación laboral, con la idea de que perjudicaba más que favorecía a la economía. […] Y la crítica a esto se ha enfocado desde una perspectiva más ética, de justicia social, que no económica”, comenta.

Tras la crisis de 2008 y la ola de protestas que surgió en Europa durante la Gran Recesión, el discurso de esas instituciones ha cambiado. “La excesiva desigualdad no propicia un crecimiento sostenible”, admitía en el 2015 la entonces directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y hoy máxima dirigente del BCE, Christine Lagarde. También el de aquellos en las antípodas de su pensamiento económico, que ya ven en ese reparto del crecimiento un acicate al mismo. “Subir los salarios no es solo una medida de protección social, como indica el Banco de España, sino que radica en la convicción firme de eficiencia económica”, defendió la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, tras el Consejo de Ministros que aprobó la última subida del salario mínimo interprofesional.

Para frenar el alza de la desigualdad

"En los últimos años hemos visto cómo las desigualdades se han agrandado, pero que esto no ha mejorado la economía. Ha sido una extracción de rentas, de los trabajadores a la empresa”, apunta Todolí. Su tesis encaja, en este sentido, con la reciente publicación del economista francés Thomas Piketty. Según la misma, el 10% de la población en España es propietaria del 57% de toda la riqueza, mientras el 50% con menores ingresos solo posee el 7% de la riqueza. Una distribución de los recursos que durante los últimos 30 años, exceptuando desviaciones puntuales durante quiebras financieras y crisis, se ha mantenido prácticamente inmutable.

"Existe un 'trade off' clarísimo entre crecimiento económico y derechos sociales. En España, por ejemplo, tenemos un problema de rotación que va en detrimento de la economía, pues el trabajador temporal consume menos, lo cual es malo para la economía interna, y es menos productivo. Necesitamos intervencionismo del Estado para crecer y garantizar que crecemos de manera justa", añade.

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