Diálogo social

La patronal recela de la reforma de la temporalidad del Gobierno, pese a suprimir los topes por empresa

  • Los sindicatos presionan al Ejecutivo para reducir la duración máxima de los contratos por picos de actividad, tras la renuncia del Ejecutivo a limitarlos según el tamaño de empresa

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el presidente de CEOE, Antonio Garamendi.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el presidente de CEOE, Antonio Garamendi. / Europa Press

4
Se lee en minutos
Gabriel Ubieto
Gabriel Ubieto

Redactor

Especialista en Mercado laboral, empresas, pensiones y las diferentes derivadas del mundo del trabajo

Escribe desde Barcelona

ver +

La temporalidad es una de las piedras angulares de la reforma laboral que negocia el Gobierno con patronal y sindicatos y, pese a los últimos movimientos, el Ejecutivo no consigue atraer a ambas partes a un acuerdo. La retirada de los topes de eventualidad según los tamaños de empresa, tal como avanzó EL PERIÓDICO la semana pasada, no ha servido para acercar del todo a los empresarios a una entente. Fuentes conocedoras del diálogo social señalan que "sigue habiendo muchos escollos", pese a que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, afirma que la "reforma está en la pista de salida". Los negociadores tienen tres semanas de margen para seguir puliendo los textos y conseguir que la cúpula de CEOE vote afirmativamente para estampar su firma en la reforma. Los sindicatos, por su parte, tampoco ven claro el acuerdo y, tras la retirada de los límites porcentuales de temporalidad, presionan al Gobierno para reducir la duración de esos contratos por picos de actividad. Pues temen que mantener la actual duración de tres meses acabe siendo un agujero que perpetúe la alta rotación en el mercado laboral español.

El Gobierno se ha comprometido a presentar a los agentes sociales un nuevo documento de trabajo en la próxima reunión prevista para este viernes. Este deberá recoger, como siempre, las aportaciones verbales que los agentes sociales comparten en las reuniones y del mismo se esperan cambios en las cuestiones relacionadas con el coto a la temporalidad. El reloj avanza y el tiempo para cerrar la reforma cada día que pasa es menor, con la fecha límite del 31 de diciembre sobre las cabezas de los negociadores. La redacción de los 'contratos para tareas ocasionales' puede ser uno de los puntos con modificaciones. Con este formato el Gobierno pretende habilitar una herramienta para que las empresas se refuercen de manera puntual y no recurrente ante incrementos ocasionales de actividad.

El clásico ejemplo que ponen los conocedores del diálogo social a este respecto es el de un bar que durante las fiestas del pueblo necesita contratar camareros durante unos días y puede llegar a doblar su plantilla. Es algo puntual, se repite una o dos veces al año (fiestas de verano y de invierno) y dura un tiempo concreto. En la balanza de la flexibilidad el Gobierno puso esa medida y, en la del control, puso topes genéricos de temporalidad. No más de un 15%, lo que no gustó a los empresarios. Luego volvió a mover ficha y de ese tope general pasó a topes según tamaño de empresa, lo que tampoco gustó a los empresarios. Y la semana pasada volvió a mover ficha, retirando cualquier tope y centrándose en controlar el posible fraude por la vía de las causas de la contratación.

Las centrales, que tampoco eran entusiastas de los porcentajes, recelan no obstante que esos mecanismos de control no sean suficientes y abogan por acotar más la duración de esos contratos. Los 90 días del último borrador no les convencen y una de las opciones que se ha verbalizado desde la bancada sindical es rebajar ese tope a 60 días. O limitar su uso para que una empresa no pueda recurrir a los mismos de forma continuada. El viernes las centrales esperan un cambio del Gobierno en ese sentido.

La patronal, molesta por la Inspección

Noticias relacionadas

El pasado 16 de noviembre el Consejo de Ministros aprobó el nuevo plan estratégico de la Inspección de Trabajo para el periodo 2021-2023. El texto, no obstante, fue publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado viernes 3 de diciembre e incluye algunos elementos que no han gustado a la patronal. Uno de estos es el recogido en el 'objetivo 14' y que busca reforzar el papel de la Inspección de Trabajo en los despidos colectivos y en los ertes. Para ello Díaz pretende "ampliar el contenido del informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a las causas motivadoras de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión y reducción de la jornada de trabajo".

Lo que se traduce en que los inspectores deberán realizar una evaluación más exhaustiva de las causas que la empresa presenta para justificar el expediente y que puede jugar un papel determinante si el expediente se judicializa. Pues ante un informe desfavorable de la Inspección, los magistrados pueden tener más herramientas para considerar nulo un expediente de cese colectivo. No recupera la autorización administrativa previa que existía antes de la reforma laboral del PP, pero refuerza los márgenes de la Inspección.

Temas

Patronal