Siniestralidad laboral

La justicia olvida a las víctimas de accidentes laborales al tardar cinco años en dictar sentencia

  • El parón de la pandemia redujo notablemente las condenas por siniestralidad laboral, pero el sector de la construcción y las caídas en altura --58 sentencias en 2020-- siguen liderando las estadísticas de la Fiscalía.

Obreros de la construcción trabajando en un edificio

Obreros de la construcción trabajando en un edificio / Ferran Nadeu

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Cristina Gallardo

Las víctimas de los accidentes de tráfico, de las bandas terroristas o de la violencia de género suelen copar, merecidamente, las portadas y los contenidos de los medios de comunicación, pero existen otras víctimas que no disfrutan del mismo tratamiento y cuyos casos también son objeto de una Fiscalía especializada en nuestro país. Se trata de los afectados por accidentes de trabajo que, según el fiscal responsable de este departamento, Félix Pantoja, son los grandes olvidados pese a quedar en situaciones muy frágiles y tener que esperar, de media, unos cinco años para recibir compensación por parte de la justicia.

La pandemia por covid-19, con el subsiguiente parón de las obras y también de la actividad en juzgados y tribunales, se hizo notar en el trabajo de la Fiscalía de Siniestralidad Laboral, cuya última Memoria, que se cerró el pasado mes de marzo con datos de 2020, refleja un fuerte descenso de sentencias condenatorias con respecto a 2019 --fueron 347 frente a las 517 del año anterior.

Según estos datos, a los que ha tenido El PERIÓDICO DE ESPAÑA, el análisis de las causas de los accidentes en los que se dictaron sentencias condenatorias apunta que las caídas en altura siguen ocupando el primer lugar, llegando en 2020 a un total 58. Se trata de un número nada despreciable pero notablemente menor a los 130 accidentes sentenciados por la misma razón tan solo un año antes.

Le siguen atrapamientos con 29 casos (65 el año anterior), 16 condenas por golpes con objetos (28 en 2019), 8 por caídas de objetos (16 en 2019), la mayoría de todos ellos en el sector de la construcción y la industria. Pero también se registraron a lo largo del año de pandemia 6 casos de condenas por electrocución, 8 de aplastamiento, 6 atropellos y 6 sepultamientos. La Fiscalía pide reflexionar por la escasa relevancia penal del delito de riesgo, ya que únicamente se dictaron dos condenas.

Por sectores, del total de condenas 63 se refirieron al sector de la construcción, que sigue a la cabeza en este aspecto, seguido de las 46 sentencias dictadas por accidente laboral del sector servicios, 32 de relacionadas con la actividad industrial y 10 por siniestros en el sector agrícola. Por accidentes en pesca únicamente se dictaron dos a lo largo del pasado año, y el listado se completa con una condena en el sector forestal y otra en el del transporte.

La mayor siniestralidad, en la pymes

Según el análisis realizado por este departamento, el mayor índice de siniestralidad laboral se encuentra en pequeñas y medianas empresas. Un importante número de firmas cuenta con su plan de prevención de riesgos, si bien una circunstancia distinta es que esta actividad se haya integrado en el seno de la empresa y no se esté ante un cumplimiento meramente formal.

De ahí la insistencia que Pantoja expresa a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA para avanzar en un pacto social y estatal por la seguridad en el trabajo que haga avanzar en seguridad. A este fiscal, ex vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) e integrante durante muchos años Fiscalía de Menores, le queda un año para jubilarse, que quiere aprovechar para lograr un acuerdo en el que participen los operadores jurídicos, los ministerios de Justicia y de Trabajo, los sindicatos y también los empresarios. Se trata de atajar problemas que derivan de la precariedad y de la falta de especialización.

En la Unidad especializada trabaja mano a mano con dos fiscales jóvenes y comprometidos con su tarea, Elena Carrascoso Ángel Muñoz, que coordinan la labor de los fiscales que atienden los casos de siniestralidad en todo el territorio español. Su campo es el del derecho penal, pero ya han reclamado a la fiscal general Dolores Delgado, poder ampliar su intervención a la jurisdicción social, donde también se siguen causas por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Reclaman competencias en lo social

De hecho, solicitan a la fiscal general incluso un cambio de nombre de su departamento, para que pase de llamarse Fiscalía de Siniestralidad Laboral a Fiscalía de Seguridad y Salud en el trabajo. Reclaman también que, si aumentan sus competencias, poder disponer de una plantilla reforzada y más medios.

Otra de sus reclamaciones pasa por tratar de reducir el largo tiempo de espera que estos asuntos tardan en llegar a una sentencia definitiva que, en muchos casos, determina el cobro por la viuda o viudo de la compensación tras el accidente de un familiar, y que es de una media de cinco años. Para ello han hecho unas propuestas de modificación legislativa que han hecho ya llegar a los ministerios de Trabajo y Justicia, de los que esperan respuesta.

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Mientras tanto, los fiscales se reúnen con sus compañeros delegados en las diferentes provincias, con las asociaciones de víctimas --solo hay cuatro en España, ninguna de ámbito nacional--con las 'kellys' (camareras de hotel), la CEOE, los sindicatos, organizaciones relacionadas con el mundo sanitario, e incluso con la pastoral obrera de la Iglesia católica para avanzar en la mejora de la asistencia a las víctimas de los accidentes de trabajo, que se encuentran en muchas ocasiones en una situación económica y social complicada.