Huelga de funcionarios: 10.000 manifestantes en Barcelona, pero escaso seguimiento de los paros

La huelga de funcionarios y el resto de empleados públicos catalanes contra el abuso de la interinidad en la Administración está teniendo un seguimiento discreto, según los cálculos oficiales de la Generalitat, con un 2,8% de participación. De los 188.948 trabajadores dependientes de la Generalitat que estaban citados, un total de 5.392 han secundado los paros; según la 'conselleria' de Presidència y Funció Pública. Los sindicatos convocantes -la Taula Sindical y la Intersindical-CSC- cifran una participación 10 veces superior, de entorno al 30% en sectores como educación, los administrativos de la Generalitat o del Estado. Las centrales han organizado una manifestación por el centro de Barcelona a la que han asistido 10.000 personas; según los organizadores, o 4.500 según cálculos de la Guardia Urbana. La protesta está transcurriendo sin incidentes, aunque con alteraciones del tráfico en los cruces de Gran Via con Pau Claris y en los alrededores de plaza Urquinaona.

Los sindicatos con mayor representación en la función pública catalana han vuelto a salir a la calle este martes para protestar contra el abuso de la interinidad en la Administración. "Les que hi som, ens quedem" [Las que estamos, nos quedamos] rezaba la pancarta que ha presidido la manifestación de este martes por el centro de Barcelona. El objetivo de los convocantes es presionar a los partidos en el Congreso de los Diputados para que cambien 'in extremis' el sentido de su voto y tumben el proyecto de ley de estabilización del empleo en la función pública, para dar una solución más garantista para los eventuales en fraude.

Según el pacto alcanzado por el PSOE, Unidas Podemos, ERC y PNV, todo interino que lleve cinco años de manera ininterrumpida en la misma plaza podrá no pasar por oposición y acceder a un concurso de méritos mediante el que consolidar su plaza. Los convocantes rechazan esta medida, pues consideran que existe el riesgo de que haya administraciones que decidan no convocar dichos concursos y, a su vez, que fijar el tope en cinco años deja fuera a miles de interinos. Ellos abogan por que todo aquel eventual que pueda acreditar más de tres años de antigüedad en la Administración, ya fuere en la misma plaza o en distintas, debiera ser convertido de manera automática en fijo. Los críticos a estos postulados afirman que ello tiene visos de ser inconstitucional, alegando que toda plaza pública debe ser asignada bajo los criterios de publicidad y libre concurrencia.

Los convocantes han tenido más éxito en montar una manifestación multitudinaria que en conseguir parar los servicios de la Generalitat. Entre unos servicios mínimos elevados en sectores como la sanidad o la educación y que es el segundo paro general del sector público en el último mes, la convocatoria de este martes ha perdido fuelle y el seguimiento oficial ha pasado del 7,2% del pasado 28 de octubre al 2,8% de este 30 de noviembre. Los datos de los convocantes son 10 veces más elevados, pero coinciden en señalar que los paros de este martes han tenido menos participación que los de hace un mes.

Más sindicatos, pero menor seguimiento

Si bien en esta convocatoria los sindicatos organizadores han sumado nuevos aliados, el seguimiento ha perdido fuelle. En el anterior paro solo convocaba la Taula Sindical, una agrupación de centrales entre las que destacan la IAC (mayoritario en la función pública y con especial peso en la educación) y la CGT. Y este martes también convocaba la Intersindical-CSC, mayoritaria en la administración de la Generalitat. No por sumar nuevos convocantes el resultado final ha sido de mayor éxito.

Las centrales han cortado la Via Laietana de Barcelona para clamar contra el abuso crónico de interinos en la Administración desde hace años. En toda España hay entre 300.000 (según el Gobierno) y 800.000 (según las plataformas de interinos) plazas públicas ocupadas de manera estructural por un trabajador eventual. La escasez de oposiciones convocada durante los últimos 10 años, sumado a que en muchos departamentos ya de antes no había