Pimec reclama al Gobierno un fondo para compensar la inversión no ejecutada en Catalunya

Pimec reclama al Gobierno crear un fondo común con el que compensar a aquellos territorios donde no se ejecuta toda la inversión presupuestaria prevista. La patronal de las pequeñas y medianas empresas de Catalunya ha planteado este martes esta medida con el fin de compensar la "pérdida de competitividad" derivada de esa falta de materialización de las inversiones previstas en los Presupuestos Generales del Estado en Catalunya. El presidente de la entidad, Antoni Cañete, ha denunciado que entre el 2013 y el 2020 solo se ha ejecutado un 66% de la inversión prevista. Por otro lado, la patronal ha denunciado que las cuentas "no tienen sensibilidad" con la situación económica actual porque "no se focalizan" en los sectores productivos. Cañete ha asegurado que "solo" un 8% de los gastos previstos en los presupuestos del Estado están dedicadas a los sectores productivos de forma directa, un 13% en el caso de Catalunya.

La patronal ha reclamado abordar un nuevo modelo de financiación de Catalunya "con urgencia" y ha reiterado su demanda de que las pymes participar de estas reformas a través de la tabla de diálogo social del Estado. "La carencia de representación de las pymes a la reforma laboral es un elemento denunciable", ha criticado. Por otro lado, Pimec ha pedido implementar políticas favorables a la inversión privada, el consumo y las pequeñas y medianas empresas para acercar la economía a las previsiones "optimistas" recogidas en los presupuestos, tanto del Estado como de la Generalitat.

Cañete ha considerado que el cuadro macroeconómico de ambos presupuestos es "poco realista". Las cuentas del Estado contemplan un crecimiento de la economía del 7% el 2022, mientras que los de la Generalitat prevén un incremento del PIB del 6,4%. Estas cifras son superiores a las estimadas por el Banco de España (5,9%), la Comisión Europea (5,5%) y el panel de previsiones de Funcas (5,7%). En el caso del IPC, las cuentas prevén una inflación del 1,5% el 2022 y un crecimiento de los costes laborales del 1,5%. Estas cifras son muy inferiores al IPC anticipado por el panel de previsiones de Funcas (2,4%) y está muy por debajo del IPC interanual registrado en octubre de este año, del 5,5%. Por otro lado, el Estado prevé un aumento del 5% en el consumo y la Generalitat estima un incremento del 6%. Así mismo, los gobiernos catalán y español tienen una previsión de aumentos en la inversión del 12%.

Alerta sobre los fondos europeos

Pimec ha alertado de la existencia "de importantes dudas e incertidumbres", como los posibles impactos de los rebrotes de la pandemia, la subida de los precios de la energía y de las primeras materias o la evolución de la negociación colectiva y de los incrementos salariales para el 2022, entre otros. Por otro lado, la entidad presidida por Cañete ha alertado de unos "ingresos inciertos" derivados del aumento de bases imponibles y los fondos europeos. Estos tienen que suponer un ingreso de más de 27.000 millones de euros el 2022, siempre que el Estado cumpla con las ejecuciones. Aun así, la patronal ha recordado que la ejecución de los fondos europeos es un "problema endémico" del Estado y ha advertido que de los 20.000 millones de euros presupuestados para el 2021, el Estado solo ha ejecutado un 20%, equivaliendo a 5.700 millones de euros.

La organización empresarial ha celebrado la tributación mínima para las grandes empresas y entidades de crédito como un "hito" que las equipara a muchas pymes, que históricamente han pagado tipos efectivos de sociedades más altos que las grandes corporaciones. Aun así, la patronal ha asegurado que todavía falta mucho para lograr la progresividad. La patronal también ha afirmado que falta afrontar una reforma fiscal "más ambiciosa" que reduzca los costes de cumplimiento a las pequeñas empresas, favorezca la inversión y la capitalización empresarial y mejore la seguridad jurídica, entre otras. En este sentido, los representantes de los empresarios han advertido de que la subida prevista a las cotizaciones sociales, prevista dentro de la reforma de las pensiones, podría dificultar la creación de ocupación y tendrá un impacto negativo sobre el colectivo de autónomos.