Aragón: de los vehículos al transporte público

La conflictividad laboral en Aragón es en general baja en estos momentos, aunque la tensión va en aumento en los últimos meses en la industria y, particularmente, en el potente tejido de proveedores del automóvil. El impacto de la crisis de suministros en esta actividad es cada vez mayor. El mayor golpe se ha vivido en IDL (grupo ID Logistics), una auxiliar de la planta de Stellantis en Figueruelas que acaba de despedir a sus casi 200 trabajadores pero por un problema colateral: la pérdida del contrato de logística interna que desarrollaba para el fabricante de coches. También hay una huelga convocada para finales de año en Bosal, un productor de tubos de escape ubicado en la localidad zaragozana de Pedrola y de 160 empleados. Estos temen un recorte de plantilla a medio plazo ante la previsible caída de la carga de trabajo en la fábrica.

El bloqueo en la negociación de convenios colectivos también ha desembocado en protestas en varias compañías y sectores, siendo el más llamativo el paro parcial --dos horas por turno-- llevado a cabo entre el 18 y 20 de noviembre en la planta de distribución de Inditex en Zaragoza, que fue secundado por el 90% de sus más de 1.500 trabajadores, según los sindicatos.

Capítulo aparte es el que vive el autobús urbano de Zaragoza, que lleva 36 huelgas en tan solo 20 años. Prácticamente todos los años se convocan periodos de paros en la ciudad, ya sea por la negociación del convenio colectivo o por cualquier otra reivindicación. Actualmente, los trabajadores del autobús y los del tranvía están negociando el convenio colectivo, cada uno por su lado, y como medida de presión han optado por los paros, que se iniciaron el día de Reyes en el caso de Urbos 3 y un mes después en el bus.

Las reclamaciones son similares: piden aumentos salariales, reducción de la jornada laboral, mejoras para la conciliación familiar y más formación. La diferencia de este año, además de que llevan más meses de lo que acostumbran encadenando jornadas de paros, es que la huelga ha coincidido con una pandemia y una drástica reducción en el número de usuarios del transporte público, que alcanzó el 90% en los meses más duros de la crisis sanitaria y que ahora se sitúa en torno al 30%.

Esto ha generado un gran agujero económico en las arcas municipales, de 20 millones durante 2020 y de otros 16 millones este año. En la capital aragonesa, el ayuntamiento paga a la concesionaria del bus, Avanza Zaragoza, por cada kilómetro recorrido por sus vehículos, independientemente del número de viajeros que transporte. En el caso del tranvía, el acuerdo con la Sociedad Mixta Los Tranvías, contempla un mínimo de usuarios por año y, si no se llega, el consistorio debe compensar a la compañía. Un reequilibrio que ha supuesto el pago de 4,3 millones a la contrata por la pérdida de usuarios durante 2020.

Las cuentas de las empresas no están mucho mejor y Avanza cuantifica ya en 800.000 euros la reducción en la facturación como consecuencia de los paros, por lo que el escenario para negociar las mejoras, admiten las compañías, es mucho peor que hace un año.

Llegados a este punto, y con vistas a que se inicie el año 2022 con una huelga en el transporte público, el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, se plantea contratar una figura mediadora externa que se encargue de pilotar las negociaciones, enquistadas desde el primer momento. Ya se hizo en 2015, cuando la huelga del bus se prolongó durante más de cuatro meses.

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