El Gobierno pretende elevar de 7.500 a 10.000 euros la multa por contratar en fraude a temporales

El Gobierno pretende penalizar más a las empresas que abusen de la contratación temporal y para ello pretende elevar el importe de las sanciones de Inspección de Trabajo. Actualmente el tope máximo de una sanción por contratación eventual fraudulenta es de 7.500 euros y la última propuesta del Ministerio de Trabajo es elevar dicho importe hasta los 10.000 euros, según fuentes del diálogo social. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, sigue puliendo su reforma laboral para acotar la eventualidad y, de la misma manera que pone al servicio de las compañías contratos de hasta tres meses para cubrir picos de actividad, también aumenta las penalizaciones para evitar que ello se convierta en un agujero por donde se cuele nuevo fraude.

La Inspección de Trabajo es una de las piezas clave de la ofensiva del Gobierno contra el fraude en la contratación temporal. Pues actualmente el contrato indefinido ya es, por definición expresa en el Estatuto de los Trabajadores, el contrato por defecto que toda empresa debiera hacer a sus empleados. No obstante, parte de la actual eventualidad responde a una lógica de ahorrarse costes por parte de algunas empresas y ello contribuye a que España sea, desde hace años, el estado miembro de la Unión Europea con mayor tasa de temporales (1 de cada 4 asalariados no es fijo).

Es por ello que, más allá de los cambios normativos que pueda introducir el Gobierno para limitar la causalidad de los contratos eventuales, una de las claves para que pone sobre el papel se cumpla es que haya alguien que vele por ello. Y ese alguien es la Inspección de Trabajo. Díaz ya aumentó desde el 1 de octubre el 20% el importe de las sanciones y ahora, según el último borrador presentado a los agentes sociales en el marco de la negociación de la reforma laboral, propone una nueva revisión al alza para los supuestos de temporalidad.

Ofensiva inspectora

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Según la última propuesta del Gobierno, las sanciones aumentarán desde los actuales importes de las sanciones, que son de entre 750 euros y 7.500 euros, a entre 1.000 y 10.000 euros. Según detalla la actual Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), si la sanción finalmente tira más hacia los 750 euros o más hacia los 7.500 euros depende de varios factores, como el número de trabajadores detectados en fraude, de la peligrosidad de la labor, de la resistencia previa a un requerimiento de la 'policía laboral'.

Inspección de Trabajo realiza periódicamente campañas específicas de actuación para cazar el fraude en la contratación temporal, con especial actividad en el último año. Según el último balance, la 'policía laboral' ha obligado a empresas españolas a pasar de temporales a fijos a 300.000 trabajadores en lo que va de año. En esta línea, el Consejo de Ministros aprobó la semana pasada el plan estratégico de la Inspección de Trabajo para el periodo 2021-2023, que, entre otros, refuerza el sistema de multas automatizadas para, mediante el cruce de datos, detectar supuestos de fraude e imponer sanciones.