Consejo de Ministros

El Gobierno pone en marcha fondos públicos de pensiones alternativos a los privados

  • Escrivá pretende incentivar los planes de pensiones de empleo por encima de los individuales y generalizarlos entre pymes y autónomos

  • Actualmente solo 1 de cada 10 trabajadores está cubierto por un plan de pensiones de empresa

El Gobierno pone en marcha fondos públicos de pensiones alternativos a los privados
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Gabriel Ubieto
Gabriel Ubieto

Redactor

Especialista en Mercado laboral, empresas, pensiones y las diferentes derivadas del mundo del trabajo

Escribe desde Barcelona

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El Gobierno ha dado luz verde en el Consejo de Ministros de este martes al anteproyecto de ley para reformular los planes de pensiones de empleo e incentivar su cobertura. Una de las novedades que introduce la medida es la creación de fondos de promoción pública, como alternativa a los privados y desde los que se ofrecerán productos de ahorro a largo plazo con un coste menor que el actual; según ha explicado el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luís Escrivá. El uso actual de estos fondos para complementar las prestaciones es residual, solo cubre a 1 de cada 10 trabajadores y se concentra principalmente en grandes empresas y en la Administración. La intención de Escrivá es generalizar este producto de ahorro diseñado para sumarse a las pensiones públicas y que llegue a pymes y autónomos.

La reformulación del sistema de incentivos para generalizar los planes de pensiones de empleo forma parte del segundo bloque de reformas de las pensiones del Gobierno de coalición. El primero está actualmente a un solo paso parlamentario para entrar plenamente en vigor. Con la vista puesta ya para el año que viene, el Ejecutivo pone así en marcha la maquinaria para pasar ahora a negociar los detalles finales de la reforma con patronal y sindicatos, para luego vertebrarla como proyecto de ley vía trámite parlamentario. Y la intención es tener aprobado y en vigor antes de acabar el primer semestre del 2022, tal como ha explicado este martes Escrivá en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Estos fondos son actualmente más frecuentes en grandes empresas y en la Administración que en pymes. Para alimentarlos, compañía y trabajadores pactan vía acuerdos de empresa o mediante los convenios colectivos destinar una aportación periódica a ellos. Cada trabajador tiene su propio 'monedero', en el que va depositando esas aportaciones pactadas y que se guardan en la 'hucha' común que son los planes de empleo. Estos se agrupan para que un órgano gestor de los mismos pueda invertir con ellos, conseguir así rentabilidad y engordar de manera adicional dicha 'hucha'. Una vez el trabajador se jubila cobra el importe acumulado en el fondo de empleo y complementa así su pensión. Y si se marcha a otra empresa se lleva consigo su parte del fondo. En este sentido, el Gobierno creará una plataforma digital común en la que cada partícipe podrá consultar toda la información y realizar los trámites para la portabilidad.  

Según datos de Inverco, en 2020, unos dos millones de personas tenían un plan de pensiones de este tipo, sobre una población trabajadora de 19,6 millones de personas. Y dichos planes sumaban entre todos un patrimonio de casi 35.000 millones de euros. El Gobierno pretende hacer más accesibles esta fórmula para pymes y autónomos promoviendo fondos públicos, a los que se puedan sumar aquellas personas que no estén en uno privado. Y, a su vez, la reforma simplificará los trámites necesarios y la carga burocrática para crear o acogerse a uno de estos planes colectivos.

Fondos de impulso público

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Una de las principales novedades de la reforma que ha introducido este martes el Consejo de Ministros es la creación de fondos de impulso público. Los creará el Estado y luego sacará a concurso su gestión, por la que pugnarán en subasta diferentes entidades privadas. El Gobierno ya avanza su intención de que las comisiones de gestión que estas entidades cobrarán a los usuarios será menor que en los fondos privados, pues consideran que al ser más grandes y tener más recursos, podrán obtener mayores rentabilidades. Algo que no gusta en la CEOE, pues considera que ello puede ejercer de competencia con los planes de pensiones privados. La gobernanza y supervisión de estos fondos de impulso público todavía no está concretada, aunque Escrivá ha avanzado que de la misma participarán representantes de las patronales y los sindicatos.

La reformulación de los incentivos a los planes de pensiones es una de las piezas de la 'reforma Escrivá'. El Ejecutivo quiere aumentar el ahorro mediante estos mecanismos e incentivar los planes colectivos, sobre los individuales. Este año 2021 ya comenzó con un severo recorte en las ventajas fiscales ligadas a los planes de pensiones individuales y, seis meses después, las aportaciones de los ahorradores a estos fondos se ha reducido en un 22%, hasta el mes de junio. Y es que la la ley de Presupuestos del Estado rebajó de 8.000 a 2.000 euros la aportación anual máxima a planes de pensiones individuales con derecho a deducción en el impuesto sobre la renta (IRPF). El nuevo proyecto de Presupuestos incide en esta línea y reduce a 1.500 euros el tope de deducciones para los planes individuales y eleva a 8.000 euros las deducciones para los colectivos.