Nueva huelga de funcionarios en Catalunya para el 30 de noviembre

Los funcionarios y el resto de empleados públicos en Catalunya están llamados a una nueva jornada de huelga el próximo martes 30 de noviembre. Los paros los ha registrado la Taula Sindical, una agrupación de sindicatos con especial representación en la función pública catalana. La IAC y CGT son sus principales impulsores y la convocatoria formal de huelga ya está registrada, según confirman fuentes del Departament de Treball de la Generalitat. La Taula Sindical llaman a la movilización a todos los empleados del sector público, como ya hicieron el pasado 28 de octubre; unas 200.000 personas empleadas desde los transportes públicos -metro, bus, ferrocarriles o Renfe-, pasando por sanidad pública, colegios, universidades o los departamentos administrativos de la Generalitat. La Taula Sindical llama a protestar contra la nueva ley de estabilización de empleados públicos, pues considera que esta debería ser más garantista para los actuales interinos en situación de fraude. La manifestación central de la protesta del próximo 30 de noviembre será a las 12.30 horas, desde plaza Urquinaona a plaza Sant Jaume; en Barcelona.

La convocatoria de la Taula Sindical se solapa con otra registrada por la Intersindical-CSC, central independentista vinculada a la ANC y mayoritaria entre los administrativos de la Generalitat. Si bien en anteriores protestas ha ido de la mano de las otras centrales, en esta ocasión ha organizado los paros por su cuenta. No participó de las protestas del mes pasado y ahora ha registrado su jornada de paros coincidiendo con la del resto de sindicatos alternativos a CCOO y UGT. Fuentes de la 'Inter' justifican la convocatoria de ahora porque hace un mes el texto de la nueva ley estaba menos definido en el Congreso y ahora una mayoría de partidos ya tienen cerrado el texto, a falta solo del visto bueno del pleno del Congreso.

La nueva ley de interinos, a un paso de ser aprobada en el Congreso

La Taula Sindical aspira a reeditar la jornada de protestas de hace un mes, cuando la huelga tuvo un seguimiento escaso (7%, según el Govern), pero la manifestación por el centro de Barcelona consiguió agrupar a 20.000 personas. En las protestas de hace dos semanas, los servicios mínimos para el transporte público fue del 85% y del 100% en los servicios de urgencias de hospitales y centros de atención primaria; entre otros. El Departament de Treball deberá volver a fijar los servicios mínimos oficialmente, algo que podría pasar uno o dos días antes del día de huelga. Las centrales han convocado este martes por la mañana una rueda de prensa delante de la sede de ERC en Barcelona -partido que gestiona el departamento de Función Pública de la Generalitat- para explicar los motivos y objetivos de la protesta, aunque el foco está en la actual ley de interinos. "ERC nos está vendiendo la moto y no se lo permitiremos", ha declarado la portavoz de la IAC, Assumpta Barbens.

Una mayoría en el Congreso -principalmente PSOE, Unidas Podemos, ERC y PNV- propone habilitar un mecanismo para que cada administración puedan realizar un único concurso de méritos extraordinario para regularizar a todos aquellos eventuales que lleven cinco años consecutivos en la misma plaza. Los convocantes de las protestas han defendido que dicha barrera debería estar en los tres años de interinidad y no circunscribirse a la plaza, sino al interino. Es decir, que cualquier eventual con tres años de antigüedad pase a ser fijo. La ley se encuentra en fase decisiva, solo pendiente de su aprobación en el pleno del Congreso y los partidos con mayoría ya han cerrado un acuerdo sobre el contenido último de la misma. Ahora la Taula Sindical busca presionar a alguno de dichos partidos para que rompa con lo pactado y reabra la negociación.

El abuso de la temporalidad en la administración pública es una disfunción que se arrastra desde hace décadas y que actualmente es superior que en el sector privado. Según los últimos datos del INE, el 31,6% de los trabajadores del sector público tienen un contrato eventual; frente al 24,6% del sector privado. Según reconoce el propio Gobierno, actualmente hay 300.000 personas que están realizando funciones estructurales con un contrato temporal. Cifra que desde las plataformas de trabajadores elevan hasta 800.000 personas en toda España.