Empresarios y autónomos reclaman ampliar la moratoria concursal para evitar una ola de quiebras en 2022

Desde el inicio de la pandemia el Gobierno ha ido encadenando moratorias concursales para evitar una escalada de cierres de empresas golpeadas por el parón o el descenso de actividad durante la crisis. Desde abril de 2020, en pleno primer estado de alarma, se han ido prorrogando esas moratorias que permiten a las compañías que serían viables en condiciones normales del negocio a no pedir el concurso y que sus acreedores tampoco puedan activarlo.

El objetivo de la medida, según se plantea desde el Ejecutivo, es el de mantener la actividad de las compañías y el empleo mientras se recuperan los niveles de actividad previos a la crisis. Esto es, dar instrumentos legales a las compañías para evitar una cascada de quiebras de empresas y facilitar acuerdos de refinanciación y pactos extrajudiciales.

La actual moratoria concursal acabará el próximo 31 de diciembre y desde las asociaciones empresariales empiezan a movilizarse para conseguir una nueva prórroga de la medida. Empresarios y autónomos reclaman una prolongación de la suspensión de la obligación de pedir concurso de acreedores para evitar una oleada de quiebras empresariales al arrancar el próximo año y el colapso de los juzgados encargados de gestionar los concursos.

Desde la patronal CEOE y desde la Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) se apunta que el Ministerio de Asuntos Económicos, comandado por la vicepresidenta Nadia Calviño, deberá ampliar la moratoria de concursal más allá de este año por el enorme número de empresas aún en problemas y que todavía están acogidas a sistemas de ayudas (singularmente los ERTE vinculados al Covid, ahora prorrogados hasta hasta final del próximo febrero mientras se trabaja en un sistema de nuevos ERTE que sea permanente).

“Poner fin a la moratoria concursal en las circunstancias económicas actuales no tiene sentido. Se tiene que mantener hasta ver cómo se comportan las empresas una vez se retiran las ayudas y hasta que la recuperación económica sea plena. Si no, los juzgados se van a ver sobrepasados”, sostiene Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA. “La moratoria debería mantenerse todo 2022”, sentencia. Una ampliación de todo un año en línea con la anterior prórroga, aprobada por el Gobierno a mediados del pasado marzo y hasta fin de 2021, pero que puede ser excesivo.

No obstante, tanto CEOE como ATA manejan otro escenario que consideran casi irrenunciable por razones prácticas y operativas: ampliar la moratoria al menos hasta que esté en vigor la reforma de la Ley Concursal que preparan los Ministerios de Justicia y de Asuntos Económicos y que servirá para transponer la directiva europea sobre reestructuraciones empresariales.

Aunque empresarios y autónomos rechazan algunos de las medidas incluidas en el anteproyecto de ley por el Gobierno (el mantenimiento del privilegio de las deudas públicas con Hacienda y Seguridad Social en caso de reestructuración o segunda oportunidad, la falta de un sistema de alerta temprana, eliminar la figura del administrador concursal en quiebras de microempresas…), reconocen que la norma incluirá avances como el desarrollo de los planes de reestructuración como instrumentos preconcursal, algunas mejoras en el mecanismo de segunda oportunidad o cambios para agilizar el proceso de concurso. Por ello, las patronales entienden que no tiene sentido poner fin a la moratoria concursal sí que esté vigente la reforma de la legislación.

Las prisas del Gobierno

La nueva normativa aún está en fase de anteproyecto y a la espera de los dictámenes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado, debe aprobarse el proyecto de ley definitivo por el Consejo de Ministros y después tramitarse en las Cortes. El plazo máximo de transposición de la directiva 2019/1023 de la UE expira en julio de 2022. En el mejor de los casos, ése es el plazo en el que puede esperarse que esté en vigor y, por ende, el momento al que en principio las patronales creen que debería postergarse el fin de la moratoria concursal.

Diferentes fuentes empresariales y del sector legal, no obstante, dudan de que se vaya a cumplir con el tope previsto, a pesar de que el Ministerio de Justicia y el de Asuntos Económicos tienen especial interés en sacar adelante la reforma de la Ley Concursal que presentaron a principios del mes de agosto y que, por ello, han activado una tramitación de urgencia para acelerar los plazos de aprobación. Desde el Gobierno se justifican las prisas por tratarse de una de las reformas más importantes incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y por ser clave en un momento en que muchas empresas siguen en dificultades tras la crisis.

Por estas prisas, la petición del Gobierno del informe preceptivo al CGPJ se realizó para que se cumplimentara en "plazo de urgencia", es decir, en un periodo de 15 días. Pero desde el órgano de los jueces ya se ha comunicado al Gobierno que esta petición exige un tiempo demasiado breve a los vocales que deben realizar el dictamen.

Fuentes del CGPJ señalan a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que el compromiso es tener a punto el informe antes de que finalice este año, y para ello se ha encomendado el trabajo a los vocales Mar Cabreajas y Juan Manuel Fernández, que trabajan ya en el texto. Por su parte, desde el Consejo Fiscal sólo se confirma que tiene previsto incluir la discusión de su informe preceptivo en un próximo pleno.

El anteproyecto de ley cuenta con 245 folios, 755 nuevos artículos y 11 disposiciones adicionales. Con tal despliegue normativo y de esa complejidad, empresarios y autónomos se quejan de que el Gobierno no les hizo consulta alguna durante el tiempo de preparación del anteproyecto (a pesar de que la directiva comunitaria que se transpone se aprobó hace más de dos años por las instituciones de la UE) y de que sólo les concedió 15 días hábiles para presentar sus alegaciones en pleno mes de vacaciones (entre el 4 y el 25 de agosto) por tratarse de una tramitación con carácter de urgencia.

“Durante estos dos años las empresas españolas ni han sido consultadas ni se ha llevado a cabo iniciativa alguna por parte de los Ministerios implicados [el de Justicia y el de Asuntos Económicos] en dar a conocer el anteproyecto o a solicitar la opinión del sector empresarial español”, señala CEOE en el documento de alegaciones al anteproyecto. “Una aceptable conducta democrática y que tuviera por finalidad la calidad normativa habría aconsejado contar con la opinión técnica de las empresas españolas”.

Desde el Registro de Economistas Forenses (REFOR), órgano especializado del Consejo General de Economistas de España (CGE) en materia de insolvencias, se criticó como “poco serio” que para una ley de tanto calado se concedieran sólo 15 días hábiles en agosto, un plazo que tachó de “irrisorio”. “Pese a entender las prisas del Gobierno para acometer las reformas comprometidas con Bruselas en el Plan de Recuperación, consideramos que una reforma que afecta a la supervivencia de nuestras empresas merece un periodo de reflexión algo más amplio”, apunta Valentín Pich, presidente del CGE.