Proyecto de ley

Los funcionarios asturianos deberán aprobar una evaluación anual para seguir en su puesto

  • La ley de Empleo Público del Principado prevé mover por rendimiento inadecuado a funcionarios con dos resultados negativos consecutivos

Los funcionarios asturianos deberán aprobar una evaluación anual para seguir en su puesto
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Juan A. Ardura

Los funcionarios autonómicos asturianos deberán aprobar la evaluación anual del desempeño para seguir en su puesto, según prevé el proyecto de ley de empleo público que negocia actualmente la consejería de Administración Pública con los sindicatos de la función pública. La intención inicial del nuevo texto legislativo autonómica pasaba por la pérdida automática de la adscripción del puesto cuando el funcionario acumulase dos evaluaciones negativas consecutivas, pero finalmente el Gobierno ha aceptado modular ese requisito y supeditar los criterios de remoción del puesto por desempeño negativo a un reglamento aún por definir que se aplicará, eso sí, cuando haya dos evaluaciones negativas. La futura ley también abre la puerta al traslado forzoso de funcionarios “por razones de servicio por un plazo máximo de un año”.

El proyecto de ley de Empleo Público del Principado es el segundo que tiene en marcha la consejería del vicepresidente Juan Cofiño, después del de Medidas Administrativas Urgentes, dentro del proceso de reforma de la Administración regional que le encargó Adrián Barbón en junio de 2020. El texto del anteproyecto, con el que el Gobierno arrancó la negociación con los sindicatos semanas atrás, establecía entre los motivos para la pérdida automática del puesto acumular dos resultados negativos consecutivos de la evaluación del desempeño.

Algunos sindicatos, como Comisiones Obreras, entendieron que se trataba de una condición “draconiana” y pidieron cambios en la redacción de la nueva ley a la consejería de Administración Publica, que movió ficha y decidió suprimir la pérdida automática del puesto. El texto, que sigue en proceso de negociación, establece ahora que para mantener la titularidad de un puesto obtenido por concurso habrá que tener un resultado positivo de la evaluación del desempeño y deja la remoción del puesto en manos de un desarrollo reglamentario posterior, que se aplicará a la segunda evaluación suspensa de manera consecutiva. Es decir, no habría pérdida automática del puesto sino que se daría audiencia al funcionario afectado y la resolución deberá estar motivada por un instructor. El sindicato USIPA todavía recela de esta redacción “porque deja en el aire, a expensas de ese reglamento, las condiciones de la remoción del puesto”. El nuevo texto establece que “la acumulación de dos resultados negativos consecutivos de la evaluación del desempeño se considerará rendimiento inadecuado o insuficiente a efectos de remoción”.

Otra de las novedades que incorporará la futura ley de Empleo Público del Principado es la regulación para trasladar a funcionarios a labores en las que puedan ser más necesarios en una coyuntura puntual como pudiera ser, por ejemplo, la tramitación de unas subvenciones. El texto legislativo, que el Gobierno confía en aprobar en el primer semestre de 2022, establece que los funcionarios podrán ser movidos de manera forzosa “por razones de servicio durante un plazo máximo de un año” cuando no logre la cobertura de ese puesto de forma voluntaria.

Más margen para crear subdirecciones generales

Las direcciones generales que cuenten con al menos cuatro servicios podrán sumar un nuevo cargo que desempeñe funciones directivas

Los gobiernos autonómicos tendrán un mayor margen para crear subdirecciones, según se desprende del texto consolidado de la nueva ley de Empleo Público, que es objeto de negociación actualmente por parte del Ejecutivo regional antes de su aprobación para el inicio del debate en el seno del parlamento regional.

La futura ley autonómica contempla que cada dirección general “que tenga cuatro o más unidades orgánicas con rango de servicio, podrá contar con una subdirección general, siempre que su desempeño conlleve el ejercicio de funciones directivas”. Con arreglo a esa previsión, el actual Gobierno autonómico podría crear hasta ocho subdirecciones generales en el marco del actual organigrama del Principado. La futura normativa autonómica incluso abre la puerta a que el Ejecutivo regional pueda crear subdirecciones generales “con carácter excepcional, que dependan directamente de las consejerías y de las viceconsejerías” siempre que se justifique previamente “por la necesidad de dirigir, desarrollar e implantar un proyecto en el marco de la acción gubernativa”.

José Luis González, coordinador de USIPA, alertó de que esta futura legislación autonómica “pueda dar pie a la supresión de jefaturas de servicios del actual organización para su conversión en subdirecciones generales”. En la reforma de la ley de función pública que llevó a cabo el gobierno de Javier Fernández se creó la figura del coordinador que, sin embargo, nunca llegó a aplicarse.

Nuevo complemento de productividad

El complemento de productividad que incorpora esta nueva ley autonómica de empleo público “estará ligado a la consecución de objetivos vinculados a la actividad de la Administración Pública”. El vicepresidente Juan Cofiño ha venido defendiendo la necesidad de mejorar las retribuciones de personal con responsabilidades directivas para que la administración autonómica resulte más atractiva. Este nuevo complemento específico tendrá como fin retribuir “la especial dificultad técnica, responsabilidad, dedicación” del puesto. Las cantidades que perciba cada funcionario por complemento de productividad “serán objeto de publicidad y de comunicación a los órganos de representación del personal funcionario y en ningún caso (...) tendrán carácter fijo ni originarán derechos individuales”.

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Por otra parte, se van conociendo detalles del acuerdo estatal para que los interinos con más de cinco años en su puesto de la Administración pasen a ser funcionarios: estos trabajadores podrán cobrar los trienios acumulados en sus puestos.